El pasado 21 de abril se dio a conocer el informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones de la Corte Penal Internacional (VPRS, por su siglas en inglés), en el que aseguran que las más de 2 mil víctimas que enviaron sus formularios a la Corte Penal Internacional (CPI) solicitan -por unanimidad- al fiscal Karim Khan que se continúe el proceso de investigación que sobre crímenes de lesa humanidad se adelanta en la situación Venezuela I.
El texto, publicado por la CPI en su portal web, revela que el Estado venezolano “no está dispuesto a investigar y a juzgar” las acciones cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad del país y los colectivos armados (apoyados y protegidos supuestamente por las autoridades), que atentaron directamente contra los derechos fundamentales de los ciudadanos de Venezuela.
Asimismo explica el paso a paso de cómo esta sección de la CPI logró recopilar la información con apoyo de la sociedad civil venezolana.
La VPRS aseguró en su informe que la mayoría de las opiniones coincidieron en que en Venezuela el sistema de justicia “no está dispuesto” a llevar a cabo las investigaciones pertinentes sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en la nación por parte de sujetos vinculados con el Estado.
Otro de los puntos que se tocan en la publicación de la CPI es la “desafiante” situación de seguridad a la que están expuestas las víctimas y los defensores de violaciones de DD HH, los representantes de la sociedad civil y los periodistas. Además se menciona cómo estas organizaciones y sus miembros son estrechamente vigilados, hostigados y perseguidos por la policía política del gobierno de Maduro.
Por otra parte se hace mención al “proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de Las Organizaciones No Gubernamentales y Afines”, la cual fue aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional (AN) de mayoría oficialista, y que según la VPRS es un instrumento que busca “obstruir y controlar a la sociedad civil en Venezuela”.
Este texto también revela que muchas víctimas de crímenes bajo la jurisdicción de la CPI, y sus interlocutores, apoyan una investigación por parte de esta instancia internacional, pero manifestaron que temen que se presenten represalias en su contra por mostrar su punto de vista, por lo que se abstuvieron de participar en la consulta.
Para la presidenta y fundadora de la ONG Defiende Venezuela, Génesis Dávila, el impacto de este informe de la VPRS es “determinante” de cara al proceso de investigación que actualmente se está llevando sobre Venezuela, y en el que las opiniones de las víctimas coincidieron en que debe continuar.
La también abogada mencionó que previamente la Fiscalía de la CPI había dado a conocer su solicitud a la Sala de Cuestiones Preliminares, para que este proceso de investigación siguiera avanzando y, por otra parte, la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas apoyó la solicitud, siendo únicamente el Estado de Venezuela quien se opuso a tal acción.
En cuanto a la reacción de los miembros del Gobierno de Venezuela, Dávila aseguró que se podría presentar el mismo patrón aplicado en estas situaciones: negar que en el país se comenten crímenes, impedir el acceso a la justicia a las víctimas, declarar que sí se están cumpliendo los procesos legales de justicia en la nación e iniciar una serie de arremetidas contra las ONG que apoyan a los afectados en denunciar ante los distintos organismos internacionales su situación.
Génesis Dávila comentó además que la “Ley Antisociedad” fue un instrumento de disuasión o coerción para intentar “intimidar” a la sociedad civil e impedir que dieran a conocer ante la CPI sus argumentos con respecto a la averiguación activa sobre Venezuela, estrategia que resultó fallida y que puede resultar en su contra.
Se espera que la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad que pesa sobre miembros de las fuerzas de seguridad del país y los colectivos armados, pueda continuar y los afectados obtengan justicia sobre sus casos.
Bolívar / Correo del Caroní
