El proceso de vacunación contra el covid-19 ha generado discrecionalidad y ventajismo en algunos casos. En Suramérica, en países como Argentina y Perú, la aplicación de las vacunas no ha estado exento de las denuncias, acusaciones, e imputaciones, a funcionarios gubernamentales y dirigentes políticos, así como su entorno, por las dosis contra el coronavirus en condiciones de ventajismo, y en detrimento de otros sectores de la población.
En medio de la incertidumbre por la pandemia y la segunda ola de contagios, surge una duda razonable: ¿Los políticos deben vacunarse primero que el resto de la población?
“La vacunación es para inmunizar contra la enfermedad; por tanto, debe comenzar por los más vulnerables y por los más expuestos. Los más vulnerables son principalmente los adultos mayores, como se los denomina en el metro. En Europa, desde los 80 años; entre nosotros creo que habría que adelantar a los 70. Los más expuestos son obviamente los médicos y enfermeros, también conductores de trasportes públicos: choferes de camionetas y buses y los que llevan alimentos y otros elementos necesarios. Si éstos son los criterios, no veo ninguna razón para priorizar a los políticos”, enfatiza el padre Pedro Trigo, teólogo, miembro del Centro Gumilla y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
El subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa, señaló, el pasado mes de febrero, que primero deben ser inmunizados los profesionales de la salud, «porque son los más expuestos», además de los trabajadores en contacto con adultos mayores y en áreas sociales claves para cada país.
En Venezuela, el proceso inició el 18 de febrero, tras recibir el primer lote de 100.000 vacunas rusas Sputnik V. Sin embargo, no se conoce hasta ahora un plan concreto para vacunar a la población.
Ese día catalogado por Nicolás Maduro como “histórico”, el gobernante anunció, a través de Twitter: “Hoy iniciamos la primera etapa de inmunización con la Sputnik V, la vacuna más segura del mundo. Todo el personal sanitario, las brigadas médicas, trabajadores sociales, policías, militares y autoridades ¡A Vacunarse!”.
En los días posteriores, varios diputados de la Asamblea Nacional (AN) de Maduro informaron que habían sido vacunados contra el covid-19, en un cronograma que, según Maduro, incluye a miembros del Movimiento Somos Venezuela.
El primer día de marzo, el gobernante dio cuenta del arribo de 500.000 dosis de vacunas chinas e insistió en que comenzará la “vacunación masiva” de todo el pueblo, previo a esto había anunciado el retorno a las clases presenciales en abril, para lo cual aseguran serán vacunados los maestros.
La vacunación contra el covid-19 es administrada con criterios que el padre Pedro Trigo pone sobre el tamiz. A su juicio, el motivo de fondo de la preeminencia de los políticos es que este sector se cree con derecho a vacunarse ante que los demás.
“Se creen dueños del poder y por eso lo administran a su conveniencia. No son demócratas. Entienden que ellos son dueños y no meros administradores responsables ante la ciudadanía. Ni siquiera es desprecio; es que de hecho el pueblo no existe en su consideración. Sólo existen los suyos: los que forman el grupo de poder y aquellos en los que se apoyan”, puntualiza el padre Pedro Trigo.
En un artículo publicado por TalCual, Vacunar a los políticos: ¿oportunismo o necesidad?, por Fernando Barrientos Del Monte, cientista político y profesor en la Universidad de Guanajuato (México), señala que los efectos negativos se incrementan si se permite que los políticos sean vacunados por su actividad y no por pertenecer a un grupo de edad.
“Así como pueden generar confianza en las vacunas, lo más probable es que aumenten la desconfianza hacia la política, los partidos y las instituciones.Ello cobra mayor relevancia en América Latina donde las encuestas colocan a los políticos en los niveles más altos de desconfianza entre la ciudadanía. Si algo ha mostrado la pandemia es que los gobiernos no invierten en ciencia, es más, la desprecian”, subraya.
Asimismo, el padre Pedro Trigo, quien hace acompañamiento en zonas populares de Caracas, indica que las consecuencias de la opacidad en la administración de las vacunas en Venezuela son graves, especialmente en los sectores populares. Puntualiza que allí no se guarda ningún tipo de protocolo en medio del covid-19.
“La división entre semanas relajadas y semanas confinadas no tiene ninguna lógica. El gobierno tendría que ver qué se puede hacer y en qué condiciones y permitirlo y vigilar porque se cumplan y qué no es posible e impedir que se haga. Como no lo va a hacer, la única protección real para el venezolano es la vacuna. Por eso no priorizar a los más vulnerables es una grave irresponsabilidad. Espero que no suceda”, insiste el teólogo entrevistado por TalCual.
Trigo expresa que con la pandemia se han evidenciado y profundizado las diferencias en todo el mundo. En ese sentido, señala que la mayoría de pérdida de empleo y de abandono por parte del Estado es en la clase popular. «Fuera de minorías, que casi son excepciones, no se les ha compensado. Se hubieran muerto muchos más si no estuvieran ayudando muchas organizaciones solidarias de la sociedad civil. Nadie ha propuesto más impuestos para el gran capital y las grandes corporaciones», sostiene.
Enfatiza que, en Venezuela, los empleados de salud, educación y seguridad reciben sueldos de miseria.
«A nivel mundial y en nuestro país vivimos en un orden social inhumano. Si no logramos adensar enormemente el sujeto y las relaciones horizontales, gratuitas y abiertas de convivencia y búsqueda del bien común no habrá democracia. La política es una superestructura y cae fatalmente en manos del gran capital si no hay un cuerpo social muy vigoroso y articulado, para lo que se requieren sujetos densos que tengan libertad en esta situación tan desfavorable que los afecta tanto, pero que hay que lograr que no nos influya», puntualiza el teólogo e integrante del Centro Gumilla.
Por su parte, Francisco Sarmiento, abogado especialista en justicia constitucional y administrativo, afirma que tanto los políticos como el resto de la población son personas iguales ante la ley y gozan de todos los derechos y garantías de la legislación venezolana.
“El hecho de ser militante o líder político no es óbice para acceder a la vacuna, incluso, pueden confluir en esa persona varias circunstancias, puede ser político, de la tercera edad y con antecedentes médicos de importancia. La salud es un derecho, más que humano, fundamental, por lo que, si el acceso primario es para un grupo en el que entren los políticos, no veo inmoral la situación. Inmoral sería decir que las vacunas son sólo para los políticos, pero decir primero unos y luego vamos con el plan para el resto de la población, por planes, etapas o cualquier metodología, no tendría inconvenientes. Lo verdaderamente importante es lograr una vacunación que logre la inmunidad de rebaño en el país”, asevera Sarmiento.
Al ser consultado por TalCual sobre la discrecionalidad en los planes de vacunación contra el covid-19, el constitucionalista indica que la discrecionalidad es una figura administrativa completamente viable. Enfatiza que distinto sería hablar de una arbitrariedad.
“Los planes, métodos o políticas públicas son, en gran medida, una decisión discrecional, que no arbitraria. Lo que sí veo un tanto con reojo es que si debió establecerse un porcentaje de vacunación prioritaria y otro porcentaje para la sociedad civil o la comunidad en general. ¿Cuál porcentaje? No lo sé, para eso los planes”, acota el jurista.
El abogado Francisco Sarmiento explica que el porcentaje de vacunación prioritaria y el correspondiente para la sociedad civil o la comunidad en general, debe incluir no solo a la tercera edad, sino también a niños, niñas y adolescentes. “Necesario es recordar que la Constitución Nacional nos habla del Principio de Prioridad, que deja de manifiesto que, en igualdad de derechos, los de estos sujetos especiales de ley tienen derechos prioritarios”, agrega.
El martes 23 de febrero, durante la sesión de la Comisión Delegada, la AN de Guaidó advirtió que el gobierno de Nicolás Maduro administra la vacuna contra el covid-19 de forma discrecional, además de atentar contra los parámetros internacionales al decidir quién se vacuna. En ese sentido, la presidenta de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación, diputada Dinorah Figuera, aseveró que en los anuncios de Maduro sobre la vacuna se evidencia “la exclusión de los grupos etarios de las personas mayores y con enfermedades crónicas presentes en los lineamientos en el plan emanado del Ministerio de Salud”.
Figuera rechazó la politización del proceso de vacunación iniciado en Venezuela el pasado 18 de febrero. También fustigó que en las listas de vacunación hayan sido incluidas las brigadas de visitas casa por casa donde se incorpora al Movimiento Somos Venezuela.
Antes de eso, Alfonso Campos, Anyelith Tamayo y Rubén Limas, diputados de la AN de Maduro, informaron de su vacunación en un proceso que se espera abarque a los 277 parlamentarios electos en el cuestionado proceso electoral del 6D de 2020. Según un video difundido por los parlamentarios, la vacunación es obligatoria para los diputados principales.
Sobre las denuncias que apuntan al incumplimiento del gobierno de Maduro de los protocolos internacionales para la vacunación, el padre Pedro Trigo acota que también es verdad que, en Venezuela, no se da la prevención y la atención sanitaria pública es muy deficiente porque no hay implementos.
“A pesar del sacrificio de la mayoría del personal de salud, la vacuna en nuestro país es lo único eficaz. Por eso el gobierno debería empeñarse en vacunar con la mayor celeridad y empezando por los más vulnerables y más expuestos. No hacerlo indicaría que no le importan las vidas de los ciudadanos. Dios quiera que lo haga”, reitera.
Dadas las interrogantes que han surgido sobre la vacunación contra el covid-19, el director de emergencias de la Organización Panamerica de la Salud, Ciro Ugarte, dijo que monitorean el proceso. «Es necesario resaltar que se requiere continuar con el monitoreo de todo el proceso para asegurar que se está cumpliendo con los lineamientos técnicos y operacionales estipulados en el plan, y hacer los ajustes cuando y donde sea necesario para que esa vacunación corresponda a lo que estaba establecido en el plan”, indicó el 25 de febrero.
De acuerdo con Ugarte, el Ministerio de Salud venezolano reportó que, en el primer grupo prioritario, se incluyeron cerca de 80 mil trabajadores de salud de primera línea del sector público y privado.
En Perú, se desató el llamado ‘Vacunagate’ que involucra a más de 400 personas, muchas de ellas cercanas a funcionarios, y a quienes presuntamente les aplicaron dosis de cortesía enviadas por el laboratorio chino Sinopharm durante los ensayos clínicos.
El escándalo también salpicó al expresidente Martín Vizcarra. La polémica provocó la renuncia de la ministra de Salud Pilar Mazzetti y de la canciller, Elizabeth Astete. Según Vizcarra, él y su esposa participaron como voluntarios en la fase experimental de la vacuna.
La situación en Perú originó el anuncio de la titular del Gabinete Ministerial, Violeta Bermúdez, de que 16 funcionarios, todos vacunados, quedaron fuera del equipo de Gobierno.
El 19 de febrero, en medio de la llamada “Vacunación VIP”, el ministro de Salud argentino, Ginés González García, dimitió a su cargo a instancias del presidente Alberto Fernández. Previamente, Horacio Verbitsky, un conocido periodista de 79 años, señaló que logró vacunarse tras contacto telefónico con el funcionario. Según González García, hubo una «confusión involuntaria” con la citación a las personas vacunadas.
Ginés González García fue imputado, el 23 de febrero, por un fiscal argentino en el marco de una causa abierta por el presunto acceso privilegiado a la vacunación contra el covid-19. El funcionario fue reemplazado en el Ministerio de Salud por Carla Vizzotti, quien el último fin de semana de febrero anunció había sido contagiada con covid-19.
Asimismo, en el caso de Chile, 37.306 personas recibieron dosis contra el Covid-19 antes de lo fijado en el calendario de vacunación. Se trata de menores de 60 años y sin enfermedades crónicas que no están incluidos en los grupos prioritarios.
Caracas / TalCual
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