La Organización No Gubernamental (ONG) Transparencia Venezuela cuestionó la falta de información que existe sobre la trama de corrupción recientemente revelada en torno Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Para esta instancia, los detalles dados a conocer el pasado sábado por el Fiscal General, Tarek William Saab, dejaron al menos una docena de interrogantes y cabos sueltos sobre las acciones fraudulentas que involucran hasta el momento a más de 21 personas entre ellos, funcionarios públicos, empresarios e integrantes del Poder Judicial.
Uno de los elementos señalados por la ONG es el desconocimiento del tamaño del patrimonio público comprometido en los ilícitos. Aunque en principio se habló de $ 3 mil millones, versiones extraoficiales, entre ellas una divulgada por Reuters apuntan al desvío de $ 21 mil 200 millones. Tras la revisión de documentos a los que tuvo acceso la agencia de noticias se encontró que cerca de 84% del valor total de los envíos facturados de Pdvsa a compradores en el exterior no fueron cancelados.
El trama del robo de recursos, calificado por el Ministerio Público como Pdvsa-Cripto, incluye manejos turbios combinados entre la principal empresa del país y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip).
Según Saab, la red de funcionarios valiéndose de sus cargo y niveles de autoridad ejecutaban operaciones petroleras paralelas a Pdvsa. Se comercializaba crudo asignado ilegalmente y se incumplía con los pagos en criptomonedas, que correspondían a la estatal petrolera
El Fiscal General indicó el fin de semana que, desde agosto de 2017 hasta la fecha, el organismo a su cargo ha investigado 30 tramas vinculadas a la lucha contra la corrupción, particularmente en la industria petrolera, arrojando un total de 194 personas procesadas y 75 condenadas.
Transparencia Venezuela objetó la falta de detalle en la lista de las personas que han sido judicializadas, así como que no se haya hablado de la investigación de otros altos funcionarios.
“En vista de la magnitud de la trama que involucra a la industria petrolera, ¿Están siendo investigados el presidente de Petróleos de Venezuela y los demás integrantes de la junta directiva de la estatal? ¿Se está investigando al exministro de Petróleo, Tareck El Aissami? ¿Se van a revisar los contratos públicos suscritos por los funcionarios involucrados?”, cuestionó la ONG.
Tareck El Aissami renunció a su cargo como titular de la cartera de Petróleo para facilitar las investigaciones. Sin embargo, muchas de las personas detenidas por la trama de corrupción han formado parte de su círculo de confianza según señala Transparencia Venezuela.
En la lista de detenidos se encuentran 10 funcionarios públicos, entre los que destacan Antonio José Pérez Suárez, exvicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, quien sería el presunto jefe de la red de corrupción; Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho, exjefe de la, Sunacrip, y Hugbel Rafael Roa Carucci, exdiputado de la Asamblea Nacional (AN).
Joselit Ramírez es acusado del extravío de $ 3 mil millones por la venta de petróleo, a través de operaciones con criptomonedas para evadir las sanciones de Estados Unidos.
Fue sancionado por Estados Unidos en 2020. Desde junio de 2022 está en la lista de los más buscados por el Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional del Departamento de Estado y se ofrecen hasta $ 5 millones por información que conduzca a su arresto. También es investigado por un Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en el que también es señalado Tareck El Aissami, y el empresario Samark López Bello, acusados de los cargos de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, violar y eludir la Ley de Designación de Narcotraficantes de Narcóticos Extranjeros (Ley Kingpin).
Ha tenido los siguientes cargos públicos de responsabilidad: encargado de la Dirección General de la Vicepresidencia de la República, designado por Tareck El Aissami en la Gaceta Oficial No. 41.072, el 11 de enero de 2017. Fue presidente de la Fundación Patria, designado por el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros y refrendado por Tareck El Aissami en la Gaceta Oficial No. 41.327, el 24 de enero de 2018. Asimismo, fue Director General del Despacho del Ministerio del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional, designado por El Aissami, según la Gaceta Oficial No. 41.428, el 27 de junio de 2018.
Asumió la Dirección Principal en la Junta Directiva de la Tesorería de Criptoactivos de Venezuela S.A. a instancias de El Aissami, según la Gaceta Oficial No. 41.584, el 12 de febrero de 2019 y también la Dirección Principal en la Junta de la Empresa de Distribución de Productos e Insumos “Venezuela Productiva”, C.A, también designado por El Aissami, de acuerdo a la Gaceta Oficial No. 42.212, el 14 de septiembre de 2021.
Por su parte, Hugbel Roa Carucci estuvo presuntamente involucrado en irregularidades con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), según denunció del dirigente Conrado Pérez en junio de 2012. El diputado ahora detenido era el vicepresidente territorial del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en Nueva Esparta, designado el 30 de noviembre de 2022. Entre los cargos que ocupó se encuentran: Diputado de la Asamblea Nacional por el Psuv para los periodos 2011-2016 y 2016-2021. Fue designado en enero de 2017 Ministro del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología; Miembro del Centro Nacional Productivo de Innovación Tecnológica para la Sustitución de las Importaciones, designado en marzo de 2017 por Nicolás Maduro - refrendado por Tareck El Aissami, vicepresidente de la República y primer vicepresidente del Consejo de Ministros en Gaceta Extraordinaria No. 6.293, en mayo de 201. Igualmente, fue Presidente del Centro Nacional Productivo de Innovación Tecnológica para la Sustitución de las Importaciones del Ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, designado por Nicolás Maduro y refrendado por El Aissami.
Entre los funcionarios también se encuentran José Agustín Ramos, Yamil Alejandro Martínez, Odoardo José Bordones, Heinrich Chapellín Biundo y Jesús Enrique Salazar, exempleados de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de Pdvsa, con cargos de responsabilidad para las operaciones de contrataciones, comercio, carga y transporte de crudo en el exterior; así como Rajiv Alberto Mosqueda y Renny Gerardo Barrientos, ambos de la Intendencia de Minería Digital y Procesos Asociados.
Todos habrían actuado en complicidad con 11 empresarios privados: Manuel Meneses, operador financiero y asesor del jefe de la estructura; Rogers Martínez, coordinador general de las operaciones financieras y enlace entre funcionarios y empresarios; Rafael y Roger Perdomo, hermanos que fungían como empresarios asociados y operadores para legitimar capitales; Daniel Prieto, operador financiero nacional e internacional; además de Kristhonfer Barrios, Johanna Torres, Alejandro Arroyo, Bernardo Arosio, Fernando Bermúdez y Leonardo Torres.
De acuerdo con el Fiscal Saab, todos estas personas participaron en la trama de corrupción de operaciones petroleras paralelas a Pdvsa. Dijo que la red comercializó cargas de crudo sin ningún tipo de control administrativo, ni garantías.
“La red usó un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el capital obtenido de las ventas por medio de adquisición de criptoactivos, bienes muebles e inmuebles, inversiones en el sector de la construcción, demostrando un estilo de vida que no corresponde a ningún funcionario público”, dijo.
Añadió que en la red detectaron también a jóvenes “muñecas de la mafia que al peor estilo de una red de prostitución participaron en estos hechos legitimando capitales”. En particular, al ex diputado Roa fue vinculado a esta red.
A estos detenidos se les imputan los delitos de apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación.
Para Transparencia Venezuela aún queda por aclarar a la opinión pública en qué tiempo se llevaron a cabo los ilícitos, cuál es el estatus de los bienes identificados en las investigaciones, y si se va a solicitar información a la Contraloría General de la República sobre las declaraciones juradas de patrimonio de los funcionarios involucrados.
“En un país con una emergencia humanitaria compleja, al menos desde 2015, impulsada principalmente por el patrón de Gran Corrupción instaurado en las últimas décadas, no se aguantan más desmanes, más cooptación del sistema que debería impartir justicia, más desfalco a la industria petrolera, principal motor de la economía (…) Ahora es más urgente que los fondos públicos se destinen a atender las emergencias, que se incrementen las camas disponibles en los centros de salud (…) que se paguen mejores salarios al personal médico, así como a los maestros y demás trabajadores públicos”, agrega la ONG.
Corresponsalía / Con información de Transparencia Venezuela
