El abogado Perkins Rocha, asesor jurídico de la dirigente política María Corina Machado que se encuentra bajo arresto domiciliario, denunció que la reciente resolución del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre los juzgados especializados en delitos de terrorismo no significa el fin de la persecución política en el país, sino un intento por "maquillar la estructura represiva" del sistema judicial.
El pronunciamiento de Rocha responde a la emisión de la Resolución N.º 2026-0010 de la Sala Plena del máximo tribunal, mediante la cual formalizó la supresión de la competencia especial en terrorismo a cuatro juzgados de control del Área Metropolitana de Caracas (los tribunales 13.º, 30.º, 49.º y 52.º) para transferir la tramitación de estos delitos a los tribunales penales ordinarios.
El jurista advirtió que la medida contempla que las causas actualmente en curso se mantengan bajo el conocimiento de los juzgados especializados. A su juicio, este esquema perpetúa las irregularidades procesales que afectan a los detenidos y procesados por razones políticas en el contexto posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio como ganador a Nicolás Maduro.
Rocha calificó el dictamen como un "artificio organizativo" carente de sustento legal que vulnera garantías constitucionales fundamentales. Según el abogado, mantener la vigencia de dichos tribunales para los procesos ya abiertos prolonga la violación del derecho a la defensa y quebranta el principio del juez natural, el cual establece que todo ciudadano debe ser juzgado por un tribunal competente preestablecido por la ley y no por instancias creadas o asignadas de manera arbitraria.
En su análisis, el asesor legal sostuvo que la actuación del TSJ omitió declarar la nulidad absoluta de los expedientes penales iniciados por presunto terrorismo contra dirigentes de la oposición y ciudadanos disidentes. Explicó que lo correspondiente, con base en el marco constitucional, era la anulación total de las causas viciadas.
El jurista planteó tres factores por los cuales las autoridades judiciales evitan decretar la nulidad de los expedientes: el costo de reconocer una ruptura del orden constitucional mediante admisiones de abusos procesales, la exposición de eventuales responsabilidades penales para los funcionarios que ejecutaron decisiones inconstitucionales y la intención de eludir futuras demandas de indemnización por los daños causados.
Por su parte, la organización no gubernamental Acceso a la Justicia coincidió en un análisis independiente al señalar que la resolución modifica la distribución de competencias administrativas dentro del Poder Judicial, pero no elimina la figura de los tribunales especializados ni revoca la legislación antiterrorista utilizada por el Estado.
Rocha concluyó que las decisiones del sistema de justicia responden a la premisa de que no enfrentarán rendición de cuentas institucionales en el futuro, una postura que calificó como un error frente al eventual restablecimiento de las garantías democráticas en Venezuela.
Caracas / Redacción Web
