La organización no gubernamental Provea informó este martes sobre los hallazgos de una segunda visita realizada a las zonas afectadas por los terremotos en el estado La Guaira, donde aseguró haber constatado una amplia movilización de ayuda humanitaria impulsada por organizaciones nacionales e internacionales, al tiempo que denunció la falta de respuesta estatal en la atención de necesidades básicas y expresó preocupación por la fuerte presencia de organismos de seguridad.
Según la organización, durante el recorrido por centros comunitarios de apoyo en Catia La Mar y Caraballeda observó un "robusto despliegue" de recursos humanitarios canalizados por agencias de Naciones Unidas, actores internacionales y organizaciones humanitarias nacionales, además del trabajo de cientos de voluntarios que distribuyen la ayuda recolectada en distintos centros de acopio del país.
Provea destacó que estas organizaciones y voluntarios han desempeñado un papel fundamental para atender a los miles de afectados por los sismos ocurridos el pasado 24 de junio.
No obstante, la ONG afirmó que durante la visita no observó iniciativas del Estado destinadas a garantizar servicios esenciales como alimentación y agua potable para la población damnificada. En su pronunciamiento, sostuvo que las autoridades estarían priorizando el control militar y policial del territorio por encima de la atención de las necesidades de los ciudadanos.
Asimismo, la organización expresó preocupación por el amplio despliegue de cuerpos de seguridad civiles y militares en la zona del desastre, al considerar que, si no existe una adecuada coordinación, esta presencia podría obstaculizar las labores de rescate y asistencia humanitaria.
Entre las situaciones señaladas, Provea indicó haber constatado descoordinación y superposición de funciones entre distintos organismos de seguridad, lo que, aseguró, ha generado dificultades para el tránsito de ambulancias y personal sanitario, así como una protección insuficiente para los equipos de socorro, que en algunos casos deben dirigir el tráfico para poder continuar con sus labores.
La organización también cuestionó la presencia de funcionarios de la DGCIM, SEBIN y CONAS en las áreas afectadas, al señalar que estos organismos no tienen competencias legales en materia de gestión de riesgos y orden público durante emergencias, y advirtió que su actuación podría incrementar el riesgo de violaciones de derechos humanos.
Como antecedente, Provea recordó que durante el deslave de Vargas de 1999, funcionarios de la entonces DISIP fueron señalados por casos de desaparición forzada de personas detenidas en el contexto de la emergencia.
Finalmente, la ONG hizo un llamado a que la actuación de los organismos de seguridad se limite al apoyo de las labores humanitarias, bajo la coordinación de los cuerpos civiles de socorro y respetando los principios de humanidad, imparcialidad y neutralidad.
Caracas / Redacción web
