El coordinador general de Provea, Oscar Murillo, afirmó que el supuesto ataque de la Fuerza Armada venezolana contra un campamento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el estado Apure, de confirmarse, podría ser un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno y esa guerrilla colombiana, según informó El Impulso. Murillo planteó que surgirían interrogantes sobre el futuro de esos vínculos tras la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero.
El hecho fue reportado de manera preliminar por la organización Fundaredes y por la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, y aún no hay información oficial. Fundaredes habla de al menos nueve muertos en un bombardeo con drones el pasado viernes. Murillo dijo que, mientras se espera esa información, hay que analizar sus implicaciones políticas, territoriales y de seguridad para Venezuela y Colombia.
El dirigente recordó que, durante la gestión de Maduro, se fortaleció la relación entre el Gobierno y el ELN, algo que, según sostuvo, tuvo consecuencias negativas para la seguridad nacional, las comunidades indígenas y los esfuerzos de paz en Colombia.
Murillo advirtió que la violencia en la frontera no puede abordarse solo desde lo militar. Propuso una estrategia integral que atienda la vulnerabilidad de las poblaciones de esos territorios, con desarrollo territorial sostenible y mecanismos comunitarios de protección. Provea planteó esa preocupación en una audiencia ante la CIDH en agosto.
Citó además las advertencias de Rocío San Miguel: “Es urgente brindar más seguridad para la gente, mayor cooperación binacional y cero impunidad”. Según dijo, las comunidades fronterizas llevan años enfrentando violencia, desprotección y falta de respuestas institucionales.
Murillo insistió en que las autoridades deben dar información transparente y detallada sobre el presunto ataque. Considera que esclarecerlo es clave para conocer las circunstancias de la operación, sus consecuencias en las comunidades y las responsabilidades correspondientes.
Provea sostiene que cualquier cambio en la política de seguridad debe priorizar la protección de la población civil, con instituciones presentes, cooperación binacional y garantías de no repetición.
San Fernando / Redacción Web
