Durante la sesión de este martes 4 de diciembre, la Asamblea Nacional (AN) aprobó un acuerdo en rechazo a la judicialización de la protesta laboral y la libertad sindical en el país.
”Un tribunal militar fue el que enjuició a Rubén González, sindicalista de la Ferrominera, y lo mandó a La Pica. Así, el régimen siembra el terror para acabar con las protestas. El imperio chino es el que ordena tales tácticas a Nicolás Maduro”, denunció el diputado José Prat.
El parlamentario rechazó el nuevo episodio de persecución contra los trabajadores del país que ocurrió el pasado 27 de noviembre, cuando -aseveró- fueron secuestrados nueve trabajadores que estaban en el portón de Ferrominera. “Aparecieron luego con algunas heridas y en las Colonias Móviles de El Dorado”, dijo.
Prat pidió que la AN oficie a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para que haga “un enérgico pronunciamiento, urgente y categórico, sobre la situación de estos padres de familia de Ferrominera y por el riesgo de la libertad sindical”.
El diputado Rafael Veloz exigió la libertad de todos los presos políticos. “Vayamos con un pliego ciudadano hacia un paro nacional. El régimen está en cuenta regresiva. El 10 de enero será importante y debemos ir fortalecidos a esa fecha”, aseveró Veloz.
Durante su intervención, el sindicalista Mauro Zambrano (sector salud) sostuvo que “en Guayana los trabajadores siguen de pie por la libertad de Rubén González y por sus derechos laborales. Tenemos que ir a una gran protesta todos juntos, con los políticos. Llamo a la calle para exigir nuestras reivindicaciones”.
Acusó al presidente Nicolás Maduro de empeñarse en perseguir a la clase obrera venezolana.
El diputado Ángel Medina solicitó respaldo para los trabajadores que levantan la voz en contra de la opresión. “La contratación colectiva sirve para que los trabajadores se forjen un camino”, acotó.
José Eloy Torres, también dirigente sindical, afirmó que “sigue la criminalización de la lucha sindical. Sigue el movimiento sindical en la calle. Durante las últimas semanas tenemos que profundizar la lucha con todos los movimientos. Se trata del fracaso de un modelo y exigiremos el cambio político del país”.
Medidas fracasadas
La AN aprobó otro acuerdo para exigir la suspensión inmediata del plan económico de recuperación que ha sido implementado por el régimen y rechazar categóricamente los efectos negativos que estas medidas tendrán en los ciudadanos de este país.
“Tenemos que impulsar políticas sociales para que los venezolanos vuelvan al trabajo. Si no hacemos que la situación cambie, en 2019 vamos a añorar el 2018”, advirtió el diputado José Guerra.
José Luis Pirela señaló que “la política de control de cambio generó corruptelas y entramados famosos de lavado de dinero. Las próximas semanas se conocerán casos peores de corrupción”.
El diputado zuliano enfatizó que la ineptitud gubernamental acabó con la industria, con la agricultura y las textileras.
La parlamentaria Manuela Bolívar llamó la atención sobre la disminución del poder adquisitivo de la población. “Este incremento salarial genera conflictos en las empresas, las escuelas privadas. Con el sistema Patria lo que buscan es el control del poder, la dominación del sujeto", expresó.
Caracas / Sofia Nederr