La Comisión Delegada Legislativa —órgano que un sector de la oposición y Estados Unidos reconocen como la Asamblea Nacional legítima del país— aprobó un presupuesto de funcionamiento de 49.387.876 dólares con 43 centavos para este año. Aunque el secretario de esta instancia, José Antonio Figueredo Márquez, dijo que el monto total «será destinado al presupuesto especial de gastos de la Asamblea Nacional para el año 2023», la presidenta de la Comisión Delegada, Dinorah Figuera, explicó a Efecto Cocuyo que se usará para cubrir todos los programas del «Fondo Para la Liberación de Venezuela».
Este fondo funge como un presupuesto de funcionamiento para la Asamblea Nacional y otros órganos heredados del extinto gobierno interino como el Consejo de Administración y Protección de Activos, las juntas ad hoc del Banco Central de Venezuela (BCV) y Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y las representaciones diplomáticas que la oposición mantiene, aunque disminuidas, en algunos países.
El programa «Defensa de la Democracia» es el que más recursos concentra entre las partidas del «Fondo Para la Liberación de Venezuela» con un monto de 35 millones de dólares, similar al aprobado en 2022 para esta partida, que incluye bonos a activistas de partidos políticos de oposición.
Según el proyecto de gastos 2021 presentado ante la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional el 22 de abril de 2021, el plan de Defensa de la Democracia comprende «actividades de formación, organización y apoyo al activismo ciudadano para restituir el orden constitucional, la defensa de los derechos humanos y la exigencia de elecciones libres, justas y transparentes».
En la sesión del 21 de marzo, Gustavo Marcano, en representación del Consejo de Administración y Protección de Activos, remitió un informe con la estimación de la deuda por concepto de litigios para que la Comisión Delegada Legislativa lo evalúe y apruebe.
Esto quiere decir que, además de los 49 millones de dólares, se aprobarán otros recursos para el pago de los bufetes de abogados que trabajan en la defensa de los activos como Citgo, filial de Pdvsa en Estados Unidos bajo control de la oposición por las sanciones impuestas al gobierno de Nicolás Maduro.
El programa «Defensa de la Democracia» es el que más recursos concentra entre las partidas del «Fondo Para la Liberación de Venezuela» con un monto de 35 millones de dólares, similar al aprobado en 2022 para esta partida, que incluye bonos a activistas de partidos políticos de oposición.
Según el proyecto de gastos 2021 presentado ante la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional el 22 de abril de 2021, el plan de Defensa de la Democracia comprende «actividades de formación, organización y apoyo al activismo ciudadano para restituir el orden constitucional, la defensa de los derechos humanos y la exigencia de elecciones libres, justas y transparentes».
En la sesión del 21 de marzo, Gustavo Marcano, en representación del Consejo de Administración y Protección de Activos, remitió un informe con la estimación de la deuda por concepto de litigios para que la Comisión Delegada Legislativa lo evalúe y apruebe.
Esto quiere decir que, además de los 49 millones de dólares, se aprobarán otros recursos para el pago de los bufetes de abogados que trabajan en la defensa de los activos como Citgo, filial de Pdvsa en Estados Unidos bajo control de la oposición por las sanciones impuestas al gobierno de Nicolás Maduro.
Aunque en el informe de presupuesto, leído por el secretario en la sesión del 21 de marzo pasado, no se especifica de cuánto es el sueldo de los diputados (datos que nunca se hizo público en la Asamblea opositora), se pudo conocer que en años anteriores los parlamentarios recibieron salarios que oscilaban entre los 1.200 y 1.500 dólares, tras una declaración de la presidenta de Primero Justicia, María Beatriz Martínez.
Los recursos que se dispondrán para este presupuesto pertenecen al Banco Central de Venezuela y están en una cuenta bajo custodia de la Reserva Federal de Estados Unidos a la que no tiene acceso Maduro, pero sí la oposición.
Una fuente con conocimiento directo indicó que la eliminación de la presidencia encargada retrasó la autorización de las licencias que el gobierno estadounidense debe emitir para el uso de este dinero público.
La presidenta de la Comisión Delegada, Dinorah Figuera, se habría reunido con representantes del Departamento de Estado de Estados Unidos para abordar este y otros asuntos.
Caracas / TalCual
