Tras los sucesos del 3 de enero, el resurgimiento de los reclamos y acciones de calle -desaparecidas del panorama nacional desde hacía más de un año-, comenzaron a reaparecer frente a las cárceles del país debido, principalmente, al apoyo del movimiento estudiantil.
El detonante fue el anuncio hecho por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, el jueves 8, cuando se prometió la liberación de un “número importante” de presos políticos venezolanos y extranjeros, como parte de los cambios que se producían tras la operación militar de EE.UU. que extrajo forzadamente al mandatario Nicolás Maduro.
Aunque, en principio, fueron los familiares de las personas detenidas las que levantaron su voz para solicitar que el Ejecutivo cumpliera su promesa, los cierto es que la iniciativa del acompañamiento de otros sectores en las protestas frente a los penales la tomaron los estudiantes de educación superior.
El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), Miguel Ángel Suárez, advierte que la máxima casa de estudios no podía ser ajena a su “vocación de servicio”, ni a la situación que viven los ciudadanos que se encuentran injustamente en los centros de reclusión.
El martes 13 de enero, la FCU-UCV anunció que sus instalaciones, ubicadas en las adyacencias de la Plaza del Rectorado, servirían como centro de acopio de insumos no perecederos, agua, medicamentos y productos básicos de higiene para los familiares que pernoctan o hacen vigilia en las distintas cárceles.
Yan han pasado nueve días. Y las acciones estudiantiles no dan señales de acabar.
“Hemos sido responsables y coherentes con los valores que caracterizan tanto a la Universidad como a la FCU. Esta es una Universidad libre, plural y democrática. La libertad es un cimiento fundamental de la democracia. Nosotros siempre vamos a estar en la línea de defenderla. Lo hicimos el 10 de enero del año 2025, cuando salimos a desconocer la juramentación de Nicolás Maduro porque no se habían publicado las actas mesa por mesa por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) y, en esta oportunidad, también lo hacemos. Vamos a ser siempre coherentes y siempre vamos a estar de la mano con el estudiante y de cara con el país. Desde la semana pasada estuvimos yendo a los centros de reclusión a entregar estos insumos”, apuntó Suárez en entrevista con El Tiempo.
El llamado para hacer donaciones tuvo la receptividad deseada. Las entregas de la comida y aportes recibidos comenzaron a realizarse al Centro de Control y Resguardo del Detenido de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) conocido como la Zona 7 de Boleíta en Caracas; también a El Rodeo I, en Guatire (Miranda) y El Helicoide (sede de El Sebin) igualmente en Caracas.
La llamada Zona 7, al este de la capital, ha sido catalogada por el Observatorio de Prisiones de Venezuela (OPV) como el “inframundo carcelario” donde los reclusos sobreviven en condiciones de “precariedad” con escasa alimentación y sin atención médica.
La FCU-UCV notificó el 14 de enero la entrega de más de 70 insumos, entre alimentos, agua, medicinas como Losartan y Amlodipina y toallas sanitarias para las mujeres.
El costo del aporte que hasta la fecha se ha proporcionado es difícil de calcular, según Álvarez, aunque “ha sido importante”.
“Nosotros estamos muy agradecidos con todos los venezolanos que han venido a dar los aportes. Superó incluso muchas de nuestras expectativas y pudimos ayudar a todos los familiares. Incluso pudimos en toda esta semana, al menos con los familiares de Zona 7, garantizar la cena todos los días”, apuntó.
Explica que es difícil contabilizar “cuánto le cuesta a una persona pernoctar frente a un centro de reclusión”. “Varía de manera en el caso de si son mujeres o hombres. A las mujeres les hemos querido garantizar artículos para su higiene menstrual, que es un asunto muy importante. También si son personas con una condición de salud que requiera atención. Por ejemplo, hemos sido testigos de pacientes diabéticos que les hemos ayudado también a recibir los medicamentos que necesitan tomarse todos los días. Es muy difícil de calcular los costos (que requieren los familiares que pernoctan),discriminar entre las personas que sufren de la tensión, que tienen problemas en los riñones, o que son de la tercera edad”, dice Suárez.
Durante una vigilia realizada el 17 de enero frente a la Zona 7 de Boleíta, Álvarez medió para la entrega de medicamentos a los presos en medio de consignas como: “Justicia y Libertad, todos son inocentes, ningunos delincuentes”.
“Hay que hacer las exigencias por todos los que tienen problemas de salud. A los (presos) que les podamos pasar sus medicinas, me uno a la petición”, dijo.
Temprano, en la mañana del domingo 18, familiares y universitarios pudieron constatar cómo se “intensificaron” las acciones para amedrentar a los participantes en la protesta.
En ese momento, Álvarez hizo una “convocatoria pública a los caraqueños, estudiantes e integrantes de la sociedad civil” para impedir la acción que intentaba aplicar un contingente de efectivos de seguridad contra los familiares.
Según los dirigentes estudiantiles, en los últimos días el hostigamiento contra los manifestantes se incrementó, mientras, la cifra de liberaciones permanecía estancada.
De acuerdo a cifras recabadas por el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales, habrían sido excarceladas (desde el jueves 8 y hasta el lunes 19) un total de 152 ciudadanos. El estimado del total de presos se encontraba, de acuerdo a distintas ONG, entre 777 y más de 1 mil. No obstante, el Gobierno aseguraba que se habían puesto en libertad alrededor de 406 ciudadanos.
El pico de excarcelaciones se habría registrado el 12 de enero (un total de 58 detenidos beneficiados con la medida). 67 habrían estado entre 13 y 24 meses presos.
Lo que también se ha ido elevando con los días, ha sido el apoyo de otras universidades a la causa del apoyo en la recolección de insumos a los presos políticos.
“Nosotros (en la UCV) lo comenzamos. Pero lo cierto es que en últimos días nos han ayudado otros (estudiantes) como los de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) y Universidad Simón Bolívar (USB) que es un punto de recolección de insumos. También hemos tenido apoyo de la Universidad de los Andes (ULA). Ellos también han ayudado a familiares de presos”, agrega Álvarez.
Hasta este miércoles 21 de enero, la lista de al menos 31 detenidos por razones políticas en los calabozos de la Zona 7 de Boleíta no habían sido verificados por las autoridades del centro de reclusión.
Sobre la acera, cercana a la prisión se despliegan más de ocho carpas donde los familiares de los detenidos esperan desde hace 13 días que se concrete el anuncio de las liberaciones hechas por el Gobierno.
La situación no es fácil para los allegados que pernoctan, ni desde el punto de vista anímico, ni del económico. A los costos de traslados vía terrestre -por camioneta o autobús- de un estado hasta la capital se suman los de comida.
“Ayudamos a los familiares con la cena (principalmente). Hemos recibido más de 500 insumos distintos. Son insumos muy variables, porque están los que se refieren a comida, aseo personal, agua, carpas, bolsas para dormir. Se han recibido aportes de toda índole”, apuntó.
El presidente de la FCU-UCV indicó que los familiares que pernoctan incluso se “rotan” entre un centro y otro. Agregó que además se está trabajando en conjunto con distintas Organizaciones No Gubernamentales para precisar cuántas personas hay en cada uno de los centros de reclusión, ya que no hay una cifra contabilizada exacta.
“No está bien contabilizado y eso responde a que todos los días se suman personas (que entran a las cárceles). Por ejemplo, antes de ayer, una nueva familia se sumó a Zona 7 que venía del Bolívar y tenían a su familiar preso político en Yare. Pero fueron a la Zona 7 simplemente por darle la visibilidad al caso (…) Decidieron movilizarse a Zona 7 porque quizás es el centro que más se ha ‘viralizado’ y decidieron pernoctar allí, simplemente para ayudar a su caso”, indicó.
La cantidad de personas que se han podido ayudar a través de los aportes de las universidades también es variable.
“En cada centro hay alrededor de 20 o 25 personas, pero pueden ser más. Los familiares tienen acuerdos rotativos para no estar siempre en el mismo sitio. Entonces unos están unos días (en un lugar), otros están otros días. Pero hay unos que están de manera permanente”.
El Helicoide (sede del Sebin), señala, es un caso distinto, ya que frente a su sede al final de la Avenida Victoria, las autoridades no permiten la instalación de carpas o la realización de vigilias.
Pancartas, velas y oraciones son, sin embargo, una constante en los últimos días en otros centros.
“Cuando hay vigilias, lo que buscamos es colaborar con agua y distintos insumos que se pueden necesitar para la noche”.
Habitualmente en El Rodeo pueden pernotar 20 familias. “Eso quiere decir que por cada familia que pernocta, pueden ser de dos o a tres personas (entre 40 y 60 personas en total)”, precisó Álvarez.
“Pero nosotros seguimos haciendo el trabajo por la reconstrucción”, finaliza.
Caracas / Rodolfo Baptista
