En las últimas semanas, el gobierno venezolano ha avanzado en la escalada de represión en el país, sobre todo contra la disidencia; persiguiendo y encarcelando tanto a activistas defensores de los derechos humanos como a adversarios con los que se encontraba dialogando, como el caso de Freddy Guevara, diputado de la Asamblea Nacional de 2015.
La situación por el Covid-19 no ha sido impedimento para que el régimen afiance su política de Estado represiva. En el último año se agravaron las violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad en el país, denuncia el informe Situación de los Derechos Civiles y políticos en Venezuela durante la pandemia (2020-2021) presentado, en este mes de julio, por la ONG Justicia, Encuentro y Perdón.
“El crimen de persecución perpetrado para imponer el modelo político y sus derivaciones inconstitucionales, está en la base de los demás crímenes y en los abusos y violaciones masivas de derechos civiles y políticos observados en Venezuela e incrementados durante la pandemia”, expresa el documento.
Enderson Sequera, politólogo y director estratégico de Politiks, refiere que en los últimos meses, la estrategia del chavismo ha consistido en hacer gestos de buena fe ante la comunidad internacional, a fin de limpiar su imagen y buscar el levantamiento de sanciones para tener acceso a los mercados financieros externos.
Casualmente el mismo día en que el Departamento del Tesoro, que mantiene sanciones contra funcionarios del régimen y PDVSA, autorizó transacciones de gas licuado, el régimen orientó su aparato represivo contra el partido Voluntad Popular. El Ministerio Público (MP) libró órdenes de captura contra varios dirigentes de dicha organización, asociándolos a los hechos de violencia registrados en la Cota 905 en Caracas.
“En este caso representa un reto adicional para la comunidad internacional, que debe comprender que si se quiere tener una negociación con el chavismo que lleve a algún acuerdo beneficioso para el pueblo venezolano, debe sumar más actores a la mesa; entre ellos, aquellos que sostienen al chavismo en el poder. A saber: Cuba, Rusia, China, Irán y Turquía”, sostiene Sequera.
Los países que menciona Sequera han sido cruciales para mantener a Maduro en el mando, a pesar de tener un rechazo significativo por parte de las democracias occidentales, refiere Miguel Martínez Meucci, profesor de Estudios Políticos y especialista en procesos de pacificación.
A su parecer, Maduro ha logrado afianzarse en el poder por la fuerza, “a costa de violar todos los estándares de la democracia y de sumergir al país en un colapso económico y social de proporciones gigantescas”. Añade que su permanencia como gobernante no se sustenta sobre una base realmente estable.
A juicio de Martínez Meucci, el mandatario intenta cohesionar sus fuerzas y alcanzar legitimidad y aquiescencia internacional, ofreciendo algunas garantías a la oposición y cierta estabilidad a cambio de que se levanten las sanciones foráneas y de que se acuerde un “modus vivendi” con la comunidad internacional por el que no se le exija la redemocratización del país, tal como pasa ya con Cuba o China.
“El régimen ofrece condiciones electorales suficientemente atractivas como para que la oposición participe y las democracias occidentales lo reconozcan como un gobierno legítimo, pero suficientemente cerradas para que ningún opositor acceda a poder alguno”, agrega.
Elsa Cardozo, profesora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), indica que la ola de represión en medio de las negociaciones podría traerle al régimen venezolano mayor ilegitimidad y alejamiento de las posibilidades de ajustes en sanciones. “Es decir, el agravamiento de las condiciones que lo han llevado a aceptar está nueva posibilidad de negociaciones”.
Señala que Maduro se ha ido aislando deliberadamente con dos fines: atrincherarse ante escrutinios, evaluaciones, demandas y sentencias, particularmente en materia de derechos humanos, democracia y estado de derecho. Ha sido objeto de distanciamientos por parte de gobiernos y organizaciones cuyo escrutinio sobre esas materias no ha cesado
Actualmente, el gobernante luce prácticamente solo en la región. A excepción de los regímenes de Cuba y Nicaragua, no tiene aliados en el hemisferio. Desde inicio de su mandato, cuando rompió relaciones diplomáticas con Colombia, dio muestras de que estar aislado en la región era parte de su estrategia. Sin embargo, esto le ha resultado contraproducente, ya que su margen de maniobra se ha ido a menos en sus ocho años como presidente.
“La escalada en la gravedad de sus violaciones ha hecho que para gobiernos con ciertas afinidades, la cercanía haya estado resultando incómoda internacionalmente y costosa nacionalmente. Lo veo, en suma, con graves problemas de legitimidad internacional que han reducido su margen de maniobra”, refiere Cardozo.
Desde 2018, Venezuela ha sido objeto de un examen preliminar por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados por funcionarios del régimen.
Este 23 de julio se venció el plazo dado por la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI a la Fiscalía de la CPI, para que presente una versión que elimine las partes confidenciales de su respuesta en el recurso dilatorio que, en junio, inició el fiscal Tarek William Saab.
Una vez cumplido ese requisito dilatorio interpuesto por el régimen venezolano, el nuevo fiscal de la Corte Penal, Karim Khan, deberá hacer públicas las conclusiones del examen preliminar que sobre Venezuela adelantó la ex fiscal de la CPI, Fatou Bensouda. Según la ONG Provea, esto podría ocurrir antes o durante la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma, el próximo mes de diciembre. Luego, el caso pasaría a la Sala Plena de la Corte.
Cardozo cree que la apertura de la investigación por la CPI, que juzga a individuos y no a Estados, “es presión adicional para un régimen cada vez más orientado a reprimir”. Añade que entre las consecuencias están la posibilidad de debilitar la voluntad de actuar de las fuerzas represivas.
“La situación ante la CPI es todavía temprana, estamos ante un examen preliminar, dentro de los tiempos promedios para su duración. El nuevo fiscal de la CPI debe adelantar la opinión que dejó ya formada la fiscal anterior. En ese sentido sabremos si se pasa a la cuarta fase del examen preliminar o se abre definitivamente una investigación formal con todos sus efectos”, aclara Fernando Fernández, profesor de Derecho Penal Internacional.
Asegura que la investigación que viene desarrollando la Corte Penal Internacional no es un elemento que pueda incidir en la política, sino que se trata de la actuación de un órgano judicial limitado a aspectos netamente jurídicos.
Fernández considera que el rol de la comunidad internacional todavía sigue siendo tímido “hasta cierto punto”. Destaca que aún hace falta que se analice más cómo incidir en el cambio de conducta que se necesita en torno al respeto de los Derechos Humanos, el restablecimiento del Estado de Derecho y el fortalecimiento de las instituciones (Poder Judicial, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo.
Caracas / Rafael León
