El gobierno de Nicolás Maduro prepara el terreno electoral para su continuidad en el poder reciclando las promesas de mejorar los servicios públicos en el país, tras años de abandono de las inversiones estatales para el mantenimiento elemental.
Según Maduro y sus funcionarios «este es el año de los servicios públicos», mientras el Comité de Afectados por los Apagones ha registrado —desde el megapagón de marzo del 2019 hasta el 6 de marzo de 2022— un número de fallas eléctricas que va camino al medio millón y el Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos reporta que 59% de los venezolanos valora negativamente en 2022 el servicio que recibe (cuando lo recibe).
La administración de Maduro también tiene sus encuestas. Por eso, en enero de 2022, reunió en Miraflores al Consejo Federal de Gobierno, incluyendo la presencia de tres de los cuatro gobernadores electos por la oposición y allí inició el discurso de arreglar lo que «las sanciones» han echado a perder.
En ese encuentro del Consejo Federal, el gobernante aseguró que la prioridad de esa instancia serán los servicios públicos y que el dinero que por esa vía asignará se distribuiría como sigue: 35% para agua, 25% electricidad, 20% vialidad, 10% gas y 10% desechos sólidos. Proyectó, para ese momento, una cantidad anual de 312.518.455,33 bolívares para las gobernaciones.
Previamente, en diciembre de 2021, la vicepresidenta y ministra de Economía y Finanzas Delcy Rodríguez ofreció destinar más del 70% de la inversión —de un presupuesto anual estimado para 2022 en 62.379.454.806 bolívares— a la atención del área social, con especial atención a los servicios.Sobre a cuánto asciende en realidad el presupuesto fiscal de 2022 y cómo será distribuido no existe información detallada, como lo advierte Trasparencia Venezuela.
Que la renovada preocupación por atender el deterioro de los servicios públicos tuvo como detonante los resultados electorales de noviembre de 2021 —ratificados en el caso de Barinas en 2022 con una doble derrota en la cuna del chavismo— lo dejó claro el primer vicepresidente del PSUV Diosdado Cabello.Pocos días después del evento comicial, habló de crear en la estructura nacional de la organización «una Vicepresidencia de Seguimiento de la Gestión» de los mandatarios regionales y locales, tras una caída importante de la votación oficialista.
Pocos días después, Tania Díaz, vicepresidenta de Agitación Propaganda y Comunicación del PSUV, precisó que la instancia anunciada por Cabello persigue «que se cumplan los planes de Gobierno obedeciendo al pueblo para una buena gestión en los 335 municipios y las 23 gobernaciones».Así, en enero de 2022, la Asamblea Nacional que controla el oficialismo anunció el impulso del Congreso Nacional de los Servicios Públicos desde la comisión permanente del área. El Poder Ejecutivo instaló, el 16 de febrero, el I Congreso Nacional de Servicios Públicos con el objetivo de mapear soluciones a la crisis que mantiene a hogares venezolanos sin luz, cocinando a leña y cargando tobos de agua.
Al cierre del primer trimestre de 2022, el Congreso Nacional de Servicios Público se ha instado en diez estados, luego de su primera reunión en el Poder Legislativo.
Además del presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, William Gil (PSUV); lo integran en representación del Poder Ejecutivo: el vicepresidente G/J Néstor Reverol; el ministro para el Ecosocialismo, Josué Lorca; el ministro para la Atención de las Aguas, G/D. Rodolfo Marcos Torres; el de Obras Públicas G/D Raúl Paredes; el ministro de Transporte, Hipólito Abreu; el presidente de Corpoelec, José Luis Betancourt; el presidente de la Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela (Cantv), M/G Jesús Aldana; la presidenta de Pdvsa Gas Comunal, Caryl Bertho y los gobernadores y alcaldes de cada estado. También asisten los legisladores regionales y municipales.
William Gil (PSUV), presidente de la Comisión de Servicios de la Asamblea Nacional oficialista, dice a TalCual que desde el gobierno se ha trabajado «con elecciones o sin elecciones para mejorar las condiciones del pueblo».
Descarta cualquier teoría de que el motor de arranque del Congreso Nacional de Servicios Públicos sea una estrategia de cara a las elecciones presidenciales del 2024. Justifica el deterioro del servicio con el discurso reiterado del «bloqueo».
«Hemos visitado diez estados y nos hemos encontrado con que 65% de los equipos en subestaciones son de tecnología Siemens norteamericana y nosotros estamos sancionados. Esta empresa no nos puede vender (repuestos)», explica a TalCual en entrevista telefónica.
El parlamentario señala que, además de hacer frente a las «sanciones» el Estado también debe impulsar la conciencia en cuanto al uso de los servicios públicos. «Hay que resaltar que somos un país donde no se pagan los servicios. Es prácticamente gratis la electricidad», agrega. En algunas regiones del país, los abonados a la electricidad pasan frecuentemente de 15 a 24 horas sin el servicio.
Los alegatos del gobierno no son válidos para la historiadora y doctora en Ciencias Sociales Margarita López Maya. A su juicio, es más que «obvio» que Maduro y su cúpula de funcionarios preparan el terreno electoral.
López Maya, parte del equipo asesor del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (CEPyG UCAB) el gobierno sabe que el colapso de los servicios públicos le juega en contra. «Maduro necesita gestión para competir», afirma.
Willian Gil, por su parte, detalla que el Congreso Nacional de Servicios Públicos luego de instalarse en algún estado tiene diez días para levantar, municipio por municipio, informes sobre denuncias o planteamientos de soluciones a los problemas de servicios, hecho esto se realiza un informe final.
«Municipio por municipio se identifican los problemas y un mapa de soluciones. Determinamos obras de alto impacto y de bajos costos. Identificamos eso y van a los informes», explica el legislador.
López Maya, por su parte, recuerda que el discurso del oficialismo siempre ha sido echarle la culpa a los demás. Cree que debido a la falta de unión y propuestas al país por parte de la oposición, el gobierno podría ganar los comicios de 2024.
«El gobierno se siente consolidado. Por un lado tienen una liberación económica, el aumento de los precios de petróleo que debe darle un poco de desahogo fiscal y a eso se le suma la aceptación del aumento de los salarios y el hecho de que no haya una oposición. Están también aprobando leyes y haciendo como que gobiernan, pero solo para que esa porción de venezolanos, que aún los apoya, se mantenga», sostiene López.
Para el historiador y excoordinador de políticas públicas de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) Pedro Benítez, Maduro quiere incrementar sus probabilidades de reelección y por eso intenta mejorar su posición ante la ciudadanía.
«La médula del asunto es que ellos siguen atados a un problema ideológico. No comprenden los mecanismos para poder brindar servicios públicos. Siguen atados y eso fue lo que metió a Venezuela en la crisis que vivimos en los últimos años», explica Benítez, quien coordinó el programa de gobierno que la MUD presentó como propuesta unitaria en las elecciones presidenciales de 2012.
Pedro Benítez ve como algo positivo el hecho de que un sector del Ejecutivo se haya dado cuenta de que tiene que haber un giro en la administración de los servicios públicos.
La desinversión por parte del gobierno central en el sistema eléctrico nacional hizo crisis desde 2010, mucho antes de que existieran sanciones económicas externas. Desde esa fecha se iniciaron los primeros racionamientos —denominados por el gobierno sistema de administración de cargas—. A esta realidad, el diputado William Gil, responde que el chavismo heredó en 1999 un sistema «bastante viejo».
Según Gil, Hugo Chávez y Nicolás Maduro, ejecutaron un «levantamiento» del sistema eléctrico que se mantuvo hasta 2019 pero que las sanciones frenaron. Asevera que aún con las medidas de bloqueo se han buscado alternativas.
Pedro Benítez rebate lo señalado por el parlamentario del PSUV. «De acuerdo al propio gobierno, Venezuela lleva 12 años en crisis eléctrica. Esto es una oferta más. Esto se resuelve con inversiones, pero ellos tienen una concepción ideológica que les impide solucionar», añade.
Hace énfasis en que cada año Maduro anuncia algo perecido. Destaca que es más que evidente que de nada sirvió la estatización de las compañías. «Lo que sucede con los servicios públicos no es culpa de las sanciones sino de la corrupción y las políticas públicas!, recalca el historiador.
El diputado William Gil argumenta que, si se compara a Venezuela con los demás países de la región, en el caso del agua el consumo per cápita es tres veces mayor al de una persona en Ecuador o Perú. Urge por este motivo crear conciencia sobre el uso del servicio, al igual que en el caso eléctrico.
«No caeremos nunca» en aplicar un «paquetazo» como el que han aplicado otras naciones —afirma Gil con rotundidad—, donde hasta 80% del sueldo se va en pagar las tarifas de los servicios. En este sentido, detalla que ha sido planteado el mantenimiento de los subsidios, pero que los sectores industriales y comerciales soporten gran parte de los costos.
Gil apunta a que el Estado hará frente a las inversiones necesarias para atender la crisis de los servicios públicos con la recaudación y con la inversión del gobierno.
Rememora que la vicepresidenta Delcy Rodríguez, cuando presentó el presupuesto anual de 2022 a la Asamblea Nacional, dijo que 70% del total estará dirigido al agua, la electricidad y el transporte. El documento, según el parlamentario, prioriza el tema de servicios.
«A medida que se comience a levantar la economía se irán levantando los servicios», comenta Gil. Asegura que los resultados de las mejoras que se plantean en las reuniones regionales del Congreso Nacional de Servicios Públicos se desarrollarán simultáneamente.
«Nosotros comenzamos con la metodología de debates, pero una vez que íbamos al tercer congreso la metodología comenzó a acompañarse de un despliegue con los ministros y respuestas inmediatas», menciona. Este fue el caso de Mérida, donde se reiniciaron los trabajos del segundo puente sobre el río Chama.
William Gil enfatiza que el Poder Legislativo hace lo propio para procurar la recuperación de los servicios públicos. Recuerda que en la plenaria se aprobó en primera discusión la Ley Orgánica de Aguas, y se espera que pronto entre en segunda discusión. Otra ley en trámite es la del Derecho a la Ciudad, que tiene que ver con el rescate de los espacios públicos.
«Hemos recibido del ministro de Energía Eléctrica Néstor Reverol, la propuesta de ley de Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, que busca definir las competencias de la seguridad en cuanto a las subestaciones. Hay que definir las competencias en materia de seguridad del Estado producto de los sabotajes y el mal cableados», menciona.
En 2012, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) atravesaba ya una situación crítica que ocasionó repercusiones incalculables en la economía. De acuerdo al informe sobre los Lineamientos para el Programa de Gobierno de Unidad Nacional que se presentó en 2012, la crisis del sector contribuyó a la caída del producto interno bruto.
En ese documento se destacó que de los aproximadamente 25.000 MW de capacidad de generación instalados en 2011, solo estaban operativos 16.500 o 17.000 MW y el resto, entre 8.500 y 8.000 MW, no estaban disponibles. En esos años Estados Unidos no había impuesto sanciones contra el gobierno.
Hace diez años ya se hablaba de que el parque de generación estaba obsoleto y que no se había construido suficiente capacidad de generación térmica. «Algunas plantas, como Tacoa (litoral central), se han deteriorado a niveles nunca esperados. Algunas plantas hidroeléctricas prometidas no están operativas. El sistema de alumbrado público sufre un deterioro muy grave. En materia financiera, Corpoelec está en rojo; sus ingresos se redujeron a la mitad en términos reales en diez años. Se ha politizado el sector y abultado la nómina», se lee en el informe publicado en 2012.
De acuerdo a lineamientos de programa de gobierno de la unidad las soluciones que se habían adoptado desde el Ejecutivo para mejorar la distribución no atendían la demanda y presentaban costos elevados para el país.
En las últimas dos décadas las capacidades del Estado para atender las necesidades básicas de la población se fueron desdibujando. Venezuela en el siglo XX contaba con una de las industrias petroleras y de producción gasífera más grandes del mundo, con un sistema hídrico robusto que incluso fue referencia, y era el país que generaba energía eléctrica suficiente para abastecer sus necesidades y vender a sus vecinos.
En lo que ha servicio eléctrico se trata, el ingeniero eléctrico Víctor Poleo ha dicho a TalCual para el trabajo Ese futuro que sigue pendiente, que alguna vez hubo una Venezuela iluminada y con todo un ejército de trabajadores detrás que de forma continua evaluaba, proyectaba y planificaba el crecimiento del SEN.
La planificación consistía en proyectar a 20 años el tamaño de la población, el crecimiento de la economía y, muy particularmente, el auge de las industrias básicas de Guayana, conglomerado que llegó a demandar hasta 25% de la electricidad producida en el país.
«La planificación eléctrica se inició en 1948 con consultores norteamericanos y se consolidó en 1955 con consultoría inglesa para la planificación de los desarrollos hidroeléctricos del bajo Caroní. En los años 60, la Electricite de France realiza para Cadafe un plan eléctrico nacional», relató Poleo. Agregó que en los años 70 se planificó hasta finales del siglo XX, luego en los 80 se planificó hasta 2010, y al llegar el nuevo milenio la planificación que se realizó fue hasta el 2025, la última.
En 2012 el informe sobre los lineamientos de gobierno que había ideado la oposición daba cuentas de que las acciones, como la falta de un Plan Nacional de Estrategias del Sector Agua Potable y Saneamiento (APS), la asignación de recursos bajo criterios políticos, el retraso en la ejecución de proyectos, y la contaminación de los cuerpos de agua, había ocasionado que para esa fecha cuatro millones de venezolanos no tuviesen acceso al servicio de agua potable y siete millones estuviesen sin servicio de disposición de aguas servidas.
Ya en 2012, antes de las sanciones, se estimaba que la cobertura real del servicio era la misma del año 2003: 86% para agua potable (3% mayor que en 1999) y 70% para saneamiento (4% mayor que en 1999), “muy por debajo de las Metas del Milenio que el Gobierno ha dicho que cumplió”, señala el documento.
El exvicepresidente de Hidrocapital José María de Viana, para el trabajo de TalCual “Ese futuro que sigue pendiente recordó que entre 1999 y 2000 se distribuían 147.000 litros de agua por segundo y ahora es solo la mitad.
«Para el inicio del nuevo milenio había un plan para robustecer el sistema hídrico que se formuló en los 70 y se revisó en los 80. Significaba que en los últimos 20 años se debía incrementar el suministro entre 20% y 30%. En el plan se determinaba de dónde traer esa agua adicional. En el caso de la gran Caracas era el Tuy IV, pero se gastó plata y ninguna de las obras tuvieron feliz resultado», dijo.
Caracas / TalCualhttps://talcualdigital.com/maduro-prepara-el-terreno-electoral-para-2024-con-rescate-de-los-servicios-publicos/
