María Corina Machado, líder opositora y el excandidato presidencial opositor, Edmundo González, señalaron en un comunicado que «la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y la haremos respetar».
«La decisión de los venezolanos no puede ser ignorada por ninguna persona, no importa la posición de poder en la que esté, por ningún órgano del poder público y mucho menos por quienes pretenden aferrarse al poder», afirmaron en sus redes sociales.
En el texto también manifiestan que en las elecciones del 28 de julio «el pueblo de Venezuela habló y su decisión es irrefutable”, subrayando que la «soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y que ningún órgano del poder público debería cuestionar esa voluntad».
En este contexto, hacen un llamado al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que «cumpla con su deber de totalizar los votos y publicar los resultados de la elección».
“Es inaceptable que el CNE no haya cumplido con los plazos establecidos por la Ley Orgánica de Procesos Electorales y que no haya brindado a la población claridad sobre los resultados”, cuestionan.
En relación con la actuación de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), aseguran que esta «no tiene la facultad» para «asumir funciones del CNE».
Por otra parte, en el comunicado también firmado por la Plataforma Unitaria Democrática, afirman: «Los venezolanos conocemos los resultados electorales del 28 de julio, aunque hasta el día de hoy, más de tres semanas después de los comicios, el CNE no ha publicado los resultados y no ha cumplido con el desarrollo de pautas de verificación y control».
«Exigimos transparencia y cumplimiento estricto al Estado de Derecho. No aceptaremos la judicialización del cambio democrático que el pueblo decidió», puntualizan.
Por último, en el comunicado agradecen a los países del mundo «que han expresado la necesidad de una auditoría internacional independiente y confiable de las actas, en la sede del CNE y con presencia de representantes de las fuerzas políticas. Y así mismo, alertamos que se pretende aniquilar judicialmente la soberanía popular», concluyen.
Lara / El Impulso
