Venezuela sigue siendo un país atípico en el «índice de capacidad para combatir la corrupción (CCC)» y ocupa el último lugar por cuarto año consecutivo, según lo demostró el informe realizado por Americas Society, Council of the Americas y Control Risk, con la peor puntuación de América Latina correspondiente al año 2022, con 1,63 puntos, mientras que en el primer lugar se encuentra Uruguay con 7,42 puntos.
Ante esta vergonzosa referencia, el diputado Macario González, presidente de la Comisión Permanente de Contraloría del legítimo parlamento, no pone en duda ese diagnóstico que ratifica «que el régimen de Nicolás Maduro Moros es percibido como el más corrupto de todos los gobiernos de las Américas«.
En el caso venezolano, señala, por octava vez consecutiva desde 2017, en Venezuela se registra un descenso continuo en el «índice de percepción de la corrupción» (IPC), 18 puntos en ese año, mientras que para 2021 la calificación fue de 14 puntos en una escala de 100, donde cero es el peor desempeño.
Mientras el «Índice CCC» nos ubica en el último lugar, el de «Percepción» (IPC) señala que sólo estamos por encima de Somalia que tiene 13 puntos, Siria 13 y Sudam del Sur 11 puntos.
Subraya que el mismo monitorea a 180 países en el mundo en lo que se refiere al uso de los recursos públicos, aplicando técnicas avaladas por el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial de la Unión Europea, es decir, un instrumento que arroja un resultado en el cual aparecemos muy lejos.
“En el caso nuestro resulta una verdadera vergüenza, porque quienes han prohijado la descomposición, llegaron al poder prometiendo pulcritud en el manejo de los recursos públicos, porque según ellos, la Cuarta República era una madriguera de corruptos”.
-No aplicaron sino la vieja práctica propia de rufianes de “quítate tú para ponerme yo”, aunque «debo destacar que la magnitud de la irresponsabilidad con que se han manejado los recursos en estos últimos 20 años, que se convirtió en un descomunal saqueo de los dineros públicos, no es comparable con hechos de corrupción en gobiernos anteriores que, a decir verdad, se podrían contar con los dedos al semejarse con la situación actual donde no hay Santos por quien rogar».
Estima el parlamentario que al régimen no le gusta que estos temas se traten ni aquí ni fuera del país, pero ocurre que según el «corruptómetro», que es un instrumento de la «ONG Transparencia Internacional«, a través del cual identifica casos de corrupción que afectan el patrimonio público venezolano fuera de nuestras fronteras en su segunda edición, señala que han identificado 316 tramos de desfalco de los cuales 108 están en procesos judiciales, en fiscalías y parlamentos de 21 países.
Revela que en Estados Unidos cursa el mayor número de causas abiertas por delitos perpetrados por redes criminales en 48 casos. En Argentina cursan 15 casos, en España 5, en Portugal, Brasil, Ecuador 4 procesos abiertos, y en Suiza 3.
Aclaró que sólo en Estados Unidos se han identificado 306 propiedades producto de los hechos de corrupción entre 2009 y 2021, o sea un promedio de 26 por año durante más de una década.
-Ciento once inmuebles, 66 cuentas en dinero en efectivo, 58 cuentas bancarias, 35 relojes de lujo, 17 caballos de salto, 2 yates y 15 vehículos, sólo en Estados Unidos.
Citó a Alejandro Andrade, escolta y extesorero del expresidente Hugo Chávez, y el de la noche a la mañana magnate, dueño de Globovisión Raul Gorrín, quienes aparecen procesados como presuntos dueños de capitales, inmuebles y mercancías de lujo. Entre ellos hay 157 propiedades de las antes citadas, dijo.
Recuerda que contra ellos cursan juicios en los tribunales de Estados Unidos que ya han dictado órdenes de decomiso de esos bienes valorados en 277 millones 29 mil 437 dólares, que representan el 19 por ciento de los mil 500 millones de dólares que pudieran recuperarse y reintegrarse a Venezuela cuando concluyan los procesos.
“En esta lucha contra la corrupción hay que reconocer el rol que ha jugado también la ONG y ciudadanos venezolanos americanos que le han hecho seguimiento a todas estas mafias que saquearon al país”.
Recalca Macario González que su reseña no es más que un botón de muestra, porque realmente “estamos ante lo que Carlos Tablante describe con lujo de detalles en su libro “El Gran Saqueo”.
-De manera que esto es lo que nos ha traído al debilitamiento de las finanzas públicas y no a las sanciones, que es el recurso al cual echa mano siempre el régimen para no asumir que el dinero público fue a parar al bolsillo de sus burócratas.
Evalúa la capacidad de 15 países latinoamericanos para detectar, castigar y prevenir la corrupción desde el año 2019.
En concreto, evalúan y clasifican a cada país en función de la eficacia con la que combaten la corrupción, a partir de datos y de una encuesta que aplican a expertos en anticorrupción de Control Risks, así como del mundo académico, sociedad civil, medios de comunicación y del sector privado.
El cuarto reporte del «Índice ICC» fue publicado el pasado 22 de junio. El país con mejor puntuación fue Uruguay con 7.42 sobre 10. Le siguen Costa Rica (7.11) y Chile (6.88) con puntuaciones por encima de 6.
Theodore Kahn, analista senior de Control Risks, declaró que Venezuela tiene la «triste distinción» de mantenerse en el último lugar desde que se creó ese organismo anticorrupción en 2019.
¿Las razones? El país presenta «serias deficiencias» en cada una de las categorías evaluadas en la gestión del régimen de Nicolás Maduro, no al gobierno interino de Juan Guaidó.
-Considero que arribaron al poder personas que no tenían un compromiso serio con la gente y con la suerte de Venezuela como nación.
«Todos sabemos quiénes fueron los Ministros y presidentes de empresas del Estado que perpetraron delitos y que han gozado de la impunidad, razón por la cual la corrupción se esparció por todos los laberintos del régimen, porque al no haber castigo y existir una cúpula roja corrompida, aplica aquella frase de Gonzalo Barrios de que “no hay razones para no robar».
-Totalmente. Las graves dificultades en los servicios públicos, que hayamos perdido nuestra soberanía alimentaria, que hayamos perdido a PDVSA como una de las más importante petroleras del mundo tuvo su génesis en la corrupción, y en consecuencia un 90 por ciento de los venezolanos estamos pagando los platos rotos por el gobierno de Nicolás Maduro porque se perdió el empleo, el salario del que depende la administración pública, se acorraló el sector privado, y terminamos en esta tragedia económica y social.
-Porque precisamente golpear la libertad de expresión es una manera de amparar la corrupción; los medios a través de los cuales todas estas circunstancias se denunciaban oportunamente y lograban producir un reproche moral a los corruptos desaparecieron, o los desaparecieron con ese propósito.
Asegura que hoy se persigue a las organizaciones no gubernamentales con el mismo proceso de extinguirlas, y se habla del «pinchamiento» de teléfonos y todas las redes con el plan de impedir que la gente hable y denuncie, «porque el silencio forzado es un amparo a la corrupción. No tengo la menor duda de que estamos ante un régimen de naturaleza corrupta».
-Debemos, como lo dijo alguna vez Arturo Uslar Pietri, comenzar desde las escuelas a promover otra vez aquella cátedra de “Moral y Cívica” que recibíamos en las aulas, a predicar desde las comunidades, desde las empresas, desde las iglesias y en todos los rincones de la Patria para producir una recuperación de los valores que hemos perdido como nación.
Para el Diputado Macario González, el otro antídoto es que el pueblo sea convocado a votar y castigue con su dictamen, porque de no hacerlo se convierte en cómplice de la gente que nos metió en este Vía Crusis.
El contrabando de drogas, oro y combustible, así como actividades ilegales en puertos y aduanas generan más de 9 mil 400 millones de dólares al año a organizaciones criminales “amparadas por funcionarios corruptos”, según un informe publicado por la “ONG Transparencia Venezuela”.
El informe «Economías Ilícitas al amparo de la corrupción» revela que en los últimos años aumentó el peso de estas actividades en Venezuela, a partir de un análisis realizado por la firma de economía y finanzas «Ecoanalítica».
Según el estudio, el volumen de las operaciones ilegales es equivalente a 21 por ciento del producto interno bruto de Venezuela, que se ubica en 43 mil 440 millones de dólares, según la firma.
La investigación concluye que Venezuela se ha convertido en uno de los epicentros del crimen organizado de la región, mientras, los derechos humanos de los ciudadanos son vulnerados a fin de garantizar el beneficio económico de las estructuras corruptas, su permanencia en el tiempo y la impunidad de sus actos.
Uno de los principales hallazgos del estudio es la confirmación de la existencia de organizaciones que han logrado tejer redes nacionales e internacionales con participación de grupos criminales y de funcionarios corruptos que apoyan o promueven estas acciones.
A la par, aumentan la brecha de desigualdad, la migración y el deterioro de la calidad de vida del 90 de la población que no tiene acceso a servicios básicos de calidad.
-El requisito de tener instituciones del Estado verbo y gracia Ministerio Público, Poder judicial, Defensoría del Pueblo con autonomía, es sine qua non para lograr el objetivo de poner fin a la impunidad que se vive hoy en Venezuela.
“Por supuesto que los demás entes mencionados son necesarios porque ayudan a denunciar este flagelo de la corrupción que ha destrozado las finanzas públicas. Ellos, “Transparencia Venezuela”, han hecho un excelente trabajo muy técnico y profundo ayudando a destapar esta olla de la opacidad en el manejo del erario público”.
Lara / El Impulso
