Leopoldo Martínez Nucete, abogado venezolano y quien ocupó el puesto de consejero senior del Departamento de Estado de Comercio de Estados Unidos en 2024, durante el mandato de Joe Biden, advierte la “situación de emergencia” que desde el orden interno del país norteamericano se ha creado para miles migrantes, entre ellos, los venezolanos que han sido deportados a El Salvador sin que se cumpliera con el debido proceso.
Martínez Nucete afirma que en EE.UU. existe una crisis constitucional y de poderes públicos. Sin embargo, destacó que los contrapesos a estas decisiones discriminatorias de la administración de Donald Trump están en marcha. Señala como ejemplo la decisión de la Corte Suprema de este sábado 19 de abril, cuando se paralizó temporalmente la deportación de otro grupo de venezolanos. Además, esta semana la Corte Federal ordenará el arresto de los funcionarios que incumplan con los mandatos judiciales. Incluso se espera que un grupo de organizaciones denuncie ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) que las deportaciones constituyen una “desaparición forzada transfronteriza”.
El también fundador del Centro para la Democracia y Desarrollo de las Américas, destacó que los flujos de las remesas que se envían desde la nación norteamericana a Venezuela alcanzan aproximadamente a 4 mil millones de dólares. No obstante, esta cifra podría disminuir dado el conflicto que se ha presentado con el traslado de venezolanos a un centro de detención en El Salvador y de continuar las medidas restrictivas de la administración Trump contra los migrantes nacionales que están prácticamente conminados a abandonar EE.UU. lo más pronto posible.
-Días atrás, otro grupo de venezolanos fue enviado a El Salvador bajo la misma acusación de pertenecer al Tren de Aragua. ¿Existe alguna forma de impedir estas deportaciones?
-Si. De hecho, la Corte Suprema, respondiendo a una solicitud de emergencia la madrugada de este sábado, 19 de abril, prohibió temporalmente la deportación de otro grupo de venezolanos bajo la Ley de Extranjeros Enemigos, por violar el debido proceso ordenado por esta instancia judicial en días pasado. Dictaminó, anteriormente, que el recurso legal era individual: vía habeas corpus ante la jurisdicción que corresponde según el lugar de detención de cada deportado, y no la restricción temporal general de las deportaciones emitidas por el juez James Boasberg de la Corte Federal. A partir de allí, los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (Aclu), han iniciado acciones de habeas corpus en Texas y Nueva York, en representación de algunos migrantes y han solicitado se certifiquen esas acciones como demandas colectivas. Queda mucho por recorrer, y la Corte Suprema y las Cortes Federales han seguido apegadas a exigir el debido proceso en las deportaciones. El caso del deportado salvadoreño, Kilmar Abrego García, anticipa también un precedente para las deportaciones de los venezolanos en la misma situación. La Corte Suprema reafirmó la obligación del debido proceso y ordenó a la administración Trump a facilitar su liberación del Cecot- megaprisión en El Salvador-, y su regreso a los EE.UU. Hasta ahora el gobierno de Trump está incumpliendo con esa orden judicial, pero la semana pasada la Corte Federal en DC anunció que dictará arresto a los funcionarios que incumplan con las órdenes judiciales. Hay una crisis constitucional y entre los poderes públicos en pleno desarrollo.
-La misma decisión contempla que los afectados puedan apelar, pero no determinó un lapso para este litigio, es decir, están en un limbo.
-Los afectados tienen el derecho a ejercer habeas corpus, el problema es que tanto el gobierno de EE.UU. como el de El Salvador se niegan a confirmar quiénes son los detenidos, dejándolos en situación de indefensión. Aclu, el Centro para la Democracia y el Desarrollo en Las Américas, junto con Cristosal-ONG de derechos humanos en Centroamérica-, y el Venezuelan American Caucus han agotado instancias como organizaciones de defensa de los derechos humanos y el migrante, y se prepara una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), bajo la caracterización de estos hechos como una desaparición forzada transfronteriza, criterio en el que coincide Human Rights Watch.
-A quienes entraron con el CBP One (app de citas), el 11 de marzo les dieron plazo de siete días para abandonar el país. ¿Los beneficiados, en este caso, pueden apelar a la decisión?
-Esas notificaciones se dirigieron, principalmente, a los beneficiados por el Parole Humanitario, pero la Corte Federal de Boston, en otra de las demandas que ha intentado la coalición a la que pertenecemos, ordenó respetar a los titulares de Parole Humanitario por el tiempo de sus respectivos permisos. De manera que los beneficiarios de Parole no pueden ser deportados. Los casos de asilo solicitados, luego de ingresar con la aplicación CBP One, también tienen recursos que ejercer individualmente considerados en esta situación.
Posición frente a Venezuela
-En relación con Venezuela, ¿cuál de las dos posiciones es la que se está aplicando en EE.UU.: ¿la de Marco Rubio que coquetea con la idea de la “máxima presión”, que piden algunos opositores venezolanos para que Maduro abandone el poder, o la de Rick Grenell, que es más pragmático?
-Estamos viendo una disputa interna de poder dentro del gobierno de Trump, entre dos posiciones igualmente negativas para el futuro de Venezuela y la situación de los migrantes venezolanos. La política hacia Venezuela tiene que incluir incentivos para abrir camino hacia la democracia, y trato humanitario al migrante venezolano. Hasta ahora, las dos cosas están ausentes, y la presión máxima en lo económico ha tomado cuerpo en medio de una horrible e infundada criminalización del migrante, que incluye la barbaridad de las detenciones en El Salvador. Por cierto, la semana pasada en el Congreso, el demócrata Joaquín Castro, de Texas, obtuvo confirmación de la CIA y las agencias de inteligencia de los EE.UU. que toda la narrativa política del Tren de Aragua utilizada por el gobierno de Trump para invocar la Ley de Enemigos Extranjeros carece de sustento. El Washington Post ha reportado más sobre este asunto la semana pasada, que hasta ese momento había sido difundido por el New York Times como una filtración de esos informes.
-En una entrevista de radio, usted habló de las consecuencias económicas en relación con las remesas que se envían desde EEUU a Venezuela. ¿Cuánto recibe el país por esa vía?
-Oficialmente, hay estimaciones que ubican las remesas en más de 4 mil millones de dólares. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2023, calculó más de 2 mil 500 millones de dólares. Pero estoy seguro que es mucho más. La economía venezolana está dolarizada, y muchas remesas e incluso pagos en el país se hacen a través de aplicaciones como Zelle, y esos son millones de dólares que jamás se contabilizarán como remesas porque técnicamente no salen de los EE.UU.
- ¿Venezuela debería negociar con EE.UU. de forma directa, como lo están haciendo otros países, para disminuir o eliminar la penalización de los aranceles a las exportaciones no tradicionales?
-Venezuela tiene una negociación más compleja en el marco de la situación de la política global de aranceles iniciada por Trump, que son los aranceles secundarios sancionatorios impuestos a los compradores de petróleo venezolano, y sería lamentable que todo se limite a una transacción de normalización petrolera por deportaciones. El tema de facilitar negociaciones entre los venezolanos, para alcanzar una transición incluyente hacia la democracia tiene que estar en la agenda. El fraude frente al resultado de las elecciones presidenciales del 28-J no puede ser marginado y quedar sin consecuencias, una de ellas es avanzar hacia una transición política negociada. Por otra parte, la política de sanciones y presión extrema, por sí sola, no veo que pueda producir un quiebre o cambió político, y se agravarán las condiciones en el país, con un impacto negativo sobre el sector privado de la economía y la población en general.
- ¿Venezuela tendrá su “día de la liberación” con el incremento de sus exportaciones a sus aliados más importantes como China, Rusia e Irán?
-La revocatoria de las licencias petroleras a empresas estadounidenses y europeas como Chevron, Repsol y ENI, tendrá consecuencias muy negativas. En primer lugar, se profundizará un mercado negro de petróleo con China con descuentos en el valor de las exportaciones de petróleo, y eventualmente, le abre la puerta a China, Rusia, Irán y combinaciones de estos actores con la cleptocracia del régimen que había instalado la corrupción masiva en Pdvsa. Difícil ver una “liberación” por esa vía, por eso creo, que el gobierno de Trump debería detenerse a pensar mejor en las consecuencias de lo que está llevando a cabo el Secretario de Estado, Marco Rubio.
- ¿Qué tanto perjudica al país la cancelación de la explotación de gas con empresas petroleras transnacionales que tenían proyectos a desarrollar junto con Trinidad?
-En ese caso, el principal favorecido es Rusia. Ese proyecto además de importante para el futuro de Venezuela, más allá del tema político, es fundamental para Europa como mercado para ese gas, necesario para romper la dependencia de sus plataformas energéticas con respecto a Rusia. Es un tema particularmente importante en el contexto y posibles consecuencias de la guerra en Ucrania.
- ¿Chevron puede apelar a la decisión de Pdvsa que suspendió los envíos petroleros antes que venza el lapso del 27 de mayo?
-Me imagino que Chevron tiene su prioridad puesta en renovar su licencia de liquidación y ganar tiempo y margen para actuar en defensa del valor de su inversión y activos en Venezuela. En parte, todo este problema de los últimos envíos de petróleo parece originarse en el hecho de que la administración Trump, a través de la Ofac, les fijó a Chevron y todas las empresas con licencia concretar todos los pagos y transacciones financieras con Pdvsa para el pasado 2 de abril, al margen de que tienen plazo hasta el 27 de mayo para liquidar negocios en Venezuela bajo la última licencia que les fue otorgada.
De Perfil
Leopoldo Martínez Nucete nació en Caracas en 1964.Se graduó de abogado en la Universidad Católica, Andrés Bello (Ucab) y es Magister en derecho de las universidades de Harvard y Miami.
Fue diputado de la Asamblea Nacional (AN) en el período 2000-2005
Integrante del Comité Nacional de Demócratas de Estados Unidos entre 2017 y 2021.
Consejero Senior del Departamento de Comercio de EE.UU.2024.
Fundador del Centro para la Democracia y el Desarrollo de Las Américas.
Caracas / Ascensión Reyes R.
