La Corte Penal Internacional (CPI) ha pedido este jueves el arresto y entrega del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y lesa humanidad en Palestina, incluido el uso del hambre como arma de guerra en Gaza, a pesar de los intentos de Israel de retar su jurisdicción y frenar el caso.
La CPI también dictó una orden de arresto contra un dirigente militar del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Mohammed Deif, aunque Israel ya lo declaró muerto en un ataque en junio contra la Franja, pero esto no fue confirmado por Hamás, ni lo logró demostrar el fiscal Karim Khan, quien sí retiró la petición de arresto de los entonces líder del grupo islamista Yahya Sinwar; y su buró político, Ismail Haniyeh, asesinados en Gaza y Teherán, respectivamente.
La CPI rechazó por unanimidad los intentos de Israel de frenar el caso en su totalidad, puesto que negaba la jurisdicción de la CPI sobre la situación en el Estado de Palestina en general, y los ciudadanos israelíes en particular.
Las órdenes de arresto son clasificadas como “secretas” para proteger a los testigos y las investigaciones, pero los jueces han decidido divulgar “información limitada” al considerar que “conductas similares a las abordadas en la orden de arresto parecen estar ocurriendo” todavía, y es de “interés de las víctimas y sus familias tener conocimiento de la existencia” de las órdenes.
Los jueces ven “motivos razonables” para creer que Nentayahu y Gallant “son responsables a nivel penal como coautores de los crímenes de guerra de uso del hambre como método de guerra y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos”, y “como superiores civiles por el crimen de guerra de dirigir de forma intencionada ataques contra la población civil”.
“Ambos privaron intencionadamente a la población civil de Gaza de bienes indispensables para su supervivencia, incluidos alimentos, agua, medicinas, combustible y electricidad, entre octubre de 2023 y mayo de 2024”, concluyó la Sala de Cuestiones Preliminares que estudió las órdenes solicitadas el 20 de mayo.
Además, subrayó que “limitar el acceso a suministros médicos esenciales, obligando a médicos a realizar amputaciones sin anestesia, constituye crímenes de lesa humanidad por actos inhumanos”, mientras que “las restricciones tuvieron motivaciones políticas y/o nacionales, lo que califica como crimen de lesa humanidad por persecución”.
Deif es considerado “responsable de los crímenes de lesa humanidad de asesinato, exterminio, tortura y violación u otras formas de violencia sexual; así como de los crímenes de guerra de asesinato, trato cruel, tortura, toma de rehenes, atentados contra la dignidad personal y violación u otras formas de violencia sexual”.
“Mientras estuvieron cautivos, algunos rehenes, especialmente mujeres, fueron víctimas de violencia sexual y de género, incluyendo violación, desnudez forzada y tratos humillantes”, advirtió la Sala. Los crímenes que se imputan a Deif se centran en su papel en el ataque a Israel el 7 de octubre de 2023 y la toma de rehenes.
El fiscal indicó que continuará recabando información sobre la supuesta muerte de Deif porque sigue sin poder determinar si ha fallecido o sigue vivo y también prevé solicitar otras órdenes de arresto.
En una reacción, Netanyahu tildó la acusación de “absurda y falsa” y de decisión “antisemita”, y “aseguró que “no hay nada más justo que la guerra que Israel libra en Gaza”. Mientras, Hamás celebró la decisión: “La justicia internacional está con nosotros contra la entidad sionista”, aseveró.
La CPI no tiene una fuerza policial para arrestar sospechosos, pero sus 125 Estados miembros, entre los que están Reino Unido y los países de la Unión Europea, tienen obligación de cooperar con la Corte. Ni Estados Unidos, ni Israel son parte de este tribunal, el único que no reconoce la inmunidad de un dirigente.
Este no es el único caso que involucra a Israel en La Haya. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) -que resuelve disputas entre Estados, pero no imputa individuos- exigió a Israel evitar “la destrucción física total o parcial” de los palestinos como grupo protegido por la Convención sobre el Genocidio, y le ordenó garantizar el acceso de ayuda humanitaria y de misiones para investigar denuncias de genocidio.
Balkees Jarrah, de Human Rights Watch, señaló que estas órdenes “rompen la percepción de que ciertas personas están fuera del alcance de la ley” y esto es “aún más importante dada la descarada intención de obstruir el curso de la justicia”, y señaló que ahora está en manos de los gobiernos “apoyar la justicia sin importar dónde se cometan los abusos y por quién”.
Bruselas / EFE
