La Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, ha anunciado la apertura de un examen preliminar sobre las violaciones a los Derechos Humanos y el uso excesivo de la fuerza cometidos por el Gobierno de Nicolás Maduro durante la crisis política que tuvo lugar en Venezuela entre el 30 de marzo y el 30 de julio de 2017.
La funcionaria anunció que se abrirá un procedimiento similar en contra del Gobierno de Filipinas, presidido por Rodrigo Duterte, por denuncias sobre desafueros judiciales en el combate al narcotráfico en ese país.
Esta medida significa que la Corte sopesará tras una evaluación si existen o no fundamentos para iniciar una investigación penal de los dos Gobiernos.
Las fuentes indican que la Corte, que ha recibido varias denuncias en contra de Nicolás Maduro por sus excesos represivos, incluyendo las de la ex fiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz —depuesta por la Constituyente madurista tras denunciar la ruptura del orden constitucional— centrará su atención sobre el comportamiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariano en el trato dado a los manifestantes en estas protestas, que estremecieron la vida del país el año pasado.
Al analizar la crisis venezolana y su desarrollo, Bensouda sostiene: "El examen preliminar sobre la situación en Venezuela analizará crímenes presuntamente cometidos en este Estado Parte al menos desde abril de 2017, en el marco de manifestaciones y la inestabilidad política conexa. En particular, se ha alegado que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato durante su detención. También se ha informado de que algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos, resultando en lesiones o muertes de algunos miembros de las fuerzas de seguridad".
La resolución se materializa el mismo día en el que la Eurocámara, con 480 votos a favor, 51 y 70 abstenciones, ha aprobado solicitar nuevas sanciones y restricciones a Nicolás Maduro, su entorno político y los mandos claves de la petrolera estatal, Pdvsa.
Europa le reprocha al Gobierno de Maduro nuevas violaciones a la legalidad con la convocatoria anticipada y unilateral a las elecciones presidenciales que fueron anunciadas en Caracas este jueves.
La radicalización de la postura europea sobre Venezuela, la convocatoria precipitada a elecciones en medio de un grave cuadro económico y las medidas anunciadas por la Corte Penal Internacional, que tiene carácter histórico en la vida venezolana, colocan la crisis de ese país en su punto más álgido.
Al razonar su decisión, la mayoría parlamentaria europea declaró que únicamente reconocerá "unas elecciones que estén basadas en un calendario electoral viable y acordadas en el contexto del diálogo nacional con el conjunto de (...) partidos políticos", con “unas condiciones de participación equitativas, justas y transparentes".
Inicio de manifestaciones
Las protestas venezolanas del año pasado se desencadenaron una vez que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el chavismo, emitiera dos resoluciones que establecían un veto definitivo a la posibilidad de legislar de la Asamblea Nacional, decretando con ello su disolución técnica, hecho que fue acaloradamente denunciado por los partidos miembros de la Mesa de la Unidad Democrática, mayoritarios en el parlamento.
Tenían un punto de cocción que fue gestado el año anterior, en medio de un grave cuadro de escasez crónica de bienes y servicios, cuando las autoridades del CNE, controladas por el Gobierno de Maduro, declararon inviable la convocatoria a un referéndum revocatorio, figura prevista en la Constitución venezolana, gestión para la cual se organizaron manifestaciones multitudinarias en todo el país.
Aquellos disturbios de 2017, de cuatro meses de duración, dejaron un saldo de 120 víctimas fatales, miles de heridos y varios centenares de detenidos e hicieron emerger la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por Maduro por cuenta propia, con apoyo militar, saltándose varias exigencias constitucionales que lo obligaban.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional informó de que no hay un tiempo determinado establecido sobre la duración de un régimen de investigación preliminar y advirtió de que seguirá recabando información sobre las denuncias contra el Gobierno de Venezuela, con el objeto de formar una opinión fundamentada en torno a la conveniencia de proceso judicial penal.
La Haya / Agencias
