El próximo 30 de junio, Antony Lamuño García debería estar celebrando su cumpleaños número 31 rodeado de su familia en San Fernando de Apure. En su lugar, pasará el día tras los muros del módulo tres de la cárcel de Yare II, en Miranda, enfrentando un juicio. Su delito, según el expediente, fue grabar un video con su celular. Su realidad, según su familia, es una dolorosa cadena de malentendidos, arbitrariedades y un silencio político que ha fracturado a su hogar.
Antony no era opositor; era un militante activo y parte de la movilización de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (Jpsuv). El 14 de abril de 2024, asistió en Caracas a una actividad de la Milicia Campesina encabezada por el entonces presidente Nicolás Maduro, hoy detenido en Estados Unidos enfrentando cargos por presunto narcotráfico. Al ver al mandatario nacional, el joven sacó su teléfono y grabó el momento de la llegada del líder oficialista mientras hablaba con un tío al que llaman “Show”.
Esa palabra quedó registrada en el video que luego subió a su estado de WhatsApp. Para compañeros de su propio partido, aquello fue suficiente para acusarlo de burla y delatarlo con las autoridades. Horas después, fue detenido por la Dgcim.
Antony pasó cuatro días desaparecido antes de que su madre lograra ubicarlo en la sede policial de Boleíta Norte en Caracas. Al indagar con dirigentes locales del chavismo, la respuesta fue devastadora: «Ah, él es uno de los desaparecidos de la milicia… los dejaron presos y por algo será».
Inicialmente, las autoridades imputaron a Antony cargos de terrorismo, traición a la patria, bienes ilícitos y violación de zona de seguridad. En la audiencia preliminar del 27 de junio de 2025 —realizada a espaldas de su familia—, el defensor público asignado presionó al joven: «Asume para que salgas de este peo«. Antony se negó a declararse culpable de delitos que jamás cometió. Finalmente, la fiscalía retiró los cargos de terrorismo, pero le sumó el de conspiración.
La presunta prueba de dicha conspiración fue una fotografía que los funcionarios rescataron de su cuenta de Facebook, donde Antony aparecía junto al dirigente opositor Henry Ramos Allup. La imagen tenía 11 años de antigüedad y el teléfono de Antony era completamente nuevo, pero para la Dgcim fue el «indicio» definitivo de que el joven transmitía en vivo para la oposición.
En los primeros meses de reclusión, un defensor público le aseguró a Vilma García que la libertad de su hijo dependía exclusivamente de una orden presidencial. Tiempo después, al ser consultado por la falta de avances, el mismo abogado negó la conversación y despachó a la madre con crudeza: «Yo no pierdo mi tiempo visitando presos, invierto mi tiempo en algo productivo».
Desde septiembre de 2025, Antony sobrevive en Yare II, donde padece severas crisis gastrointestinales debido a la insalubridad del agua y la comida.
Afuera, aferrada a un pequeño muro de concreto frente al penal en los Valles del Tuy, permanece Vilma. Lleva meses viviendo lejos de casa, soportando el sol, las lluvias y el cansancio.
«Mi hijo no es un delincuente, no es un terrorista. Es padre, hermano, hijo, un muchacho de familia», repite Vilma con la voz quebrada. A siete horas de su hogar en Apure, la mujer se descompensa frecuentemente, pero se niega a moverse: «No me voy sin mi hijo«.
El drama familiar corre en dos vías paralelas. Antony tiene tres hijos de nueve, seis y dos años. Debido a la crisis, el mayor migró a Colombia y la más pequeña a Ecuador. El joven prisionero aún no lo sabe. Cada vez que pregunta por ellos, su madre le miente para no romperle el espíritu: «Le digo que están bien, que la niña ya camina… ¿Cómo le digo la verdad estando en una cárcel?«.
A las puertas de un nuevo cumpleaños tras las rejas, Vilma García envía un mensaje directo y desesperado a las autoridades que su hijo apoyaba: «Dicen que quieren sanar heridas; que comiencen por sanar las nuestras entregándonos a nuestros hijos«.
Caracas / El Pitazo
