La orden que dio el mandatario Nicolás Maduro de usar la VenApp para denunciar a manifestantes opositores profundiza la ausencia del Estado de derecho y minimiza las garantías de defensa de los ciudadanos. Según defensores de derechos humanos consultados por TalCual, la medida, anunciada por el gobernante el pasado martes 30 de julio, podría disparar las acusaciones como método de represalia y, a su vez, las detenciones injustificadas.
Maduro pidió a las bases del oficialismo denunciar a los manifestantes opositores que hayan «agredido al pueblo». «Hoy en la noche (30 de julio) vamos a abrir una página del VenApp para toda la población para que ahí de forma confidencial me pongan los datos de los que han atacado al pueblo para que haya justicia», dijo Maduro frente a una multitud de personas que se dio cita en una concentración en el Palacio de Miraflores, en un acto que tuvo como objetivo restar méritos a las marchas y protestas populares que se registraron contra los resultados electorales del 28 de julio, en los cuales el CNE le da como ganador de las presidenciales.
El gobierno aseveró que detendrían a todos los manifestantes que estuviesen involucrados en actos vandálicos. Sin embargo, TalCual ha podido conocer que muchas aprehensiones han sido a ciudadanos que incluso, ni participaron en marchas antigubernamentales.
Marysabel Rodríguez, coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión de Espacio Público, comenta a TalCual que estamos ante un patrón, «que ya hemos visto», que es el uso de recursos e infraestructura de la institucionalidad pública para criminalizar a la población. Apunta que se trata del uso parcial e interesado por parte de un grupo político que está en el poder para estigmatizar a un sector de la población que se considera de oposición política.
Pero qué es y de dónde salió la VenApp. Se trata de un sistema usado por el gobierno desde el 2022. Según el portal del Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, el mandatario activó la aplicación con el objetivo de «atender de manera directa al pueblo, bajo la línea de la resistencia, el renacer y revolucionar en la nueva época de transición al socialismo». Desde la plataforma se podrían hacer denuncias y solicitudes, anexando fotos, resumen y ubicación geográfica de la problemática o la solicitud.
«Con VenApp superamos las heridas de la guerra multiforme que ha impedido el mantenimiento de servicios públicos, tras el bloqueo financiero que sufre la nación por parte de la Casa Blanca», se lee en el portal de ministerio. Maduro, al anunciar la medida, indicó que la decisión la tomó para hacer frente a un supuesto plan «insurreccional» de la oposición contra la paz del país.
Sobre el tema, Marysabel Rodríguez, también investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), alerta que la decisión de Maduro significa la radicalización de las lógicas de criminalización. Afirmó que entonces ahora cualquiera puede señalar a alguien sin razón, motivo o justificación legal a otra persona.
Agrega que esto es una forma de intimidación a la ciudadanía, pues el objetivo de estas denuncias es detener y procesar penalmente a las personas que muestren su contraposición a las políticas del mandatario. «Es una ausencia completa de garantías pero llevado a un nivel mucho más dramático donde es la población contra la propia población», advierte.
Para Rodríguez, esto tiene un impacto negativo en los derechos civiles y políticos, debido a que es una represalia directa por ejercer una expresión. Subraya que la acción que pretende ahora usar el oficialismo compromete la privacidad de las personas, pues se usa información sensible como la ubicación geográfica.
«El uso de aplicaciones para criminalizar, si lo vemos en sentido amplio, se ha usado antes. Ya hay casos en los que se han criminalizado contenidos que se han difundido a través de aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp; la difusión de informaciones o contenidos a través de esta misma aplicación para criminalizar y detener a personas en razón de presuntos delitos asociados a instigación al odio», alerta.
Lo que sí es primera vez, agrega la experta, es que ahora se transforma una aplicación de denuncias de fallas de servicios públicos, en un software con fines represivos. Subraya que el uso de la VenApp con estos objetivos deja a las personas en una situación de indefensión, «que ya existía», pero que se potencia aún más.
Luego del anuncio de Maduro, la VenApp fue aparentemente bloqueada en PlayStore y AppStore, por políticas y estándares internacionales que evitan promover a través de la tecnología contenidos de odio. Sin embargo, comenzaron a circular links de canales de Telegram, para identificar a «guarimberos». En ellos se publicaron fotografías de ciudadanos que supuestamente incurrieron en actos vandálicos. Posteriormente, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) publicó números de contacto, en los que, informó que se recibirían denuncias de personas víctimas de amenazas o ataques en redes sociales. «La operación tuntún continúa», escribió el cuerpo en sus redes sociales.
Mariví Marín Vásquez, directora ejecutiva de ProBox, un observatorio digital que se encarga de monitorear y analizar la conversación sociopolítica venezolana, coincide con Rodríguez. Asevera que a propósito de las denuncias de supuestas violaciones de crímenes de lesa humanidad que pesan sobre el gobierno de Nicolás Maduro, es importante que la comunidad internacional entienda que lo que pasa en Venezuela hoy es una escalada represiva en contra de una gran mayoría que quiere expresarse pacíficamente.
A su juicio, el gobierno quiere mostrar estas expresiones de forma incendiaria, como si se tratase de dos polos que se están enfrentando. Afirma que no se trata de eso, sino del hecho de que hay una mayoría que se expresó libremente y una minoría que ejerce la violencia política y física para controlar y para silenciar la voluntad ciudadana de cambio.
«Creo que los principales riesgos que esto implica para la gente es la exposición a través de cadenas de televisión, medios del Estado y medios tradicionales», dice. Al mismo tiempo, sostiene que el gobierno de Maduro también intenta generar temor en que «si te expresas vas a ser perseguido de manera automática, creo que esa violencia política claramente es el principal riesgo que existe para la población en general».
Tal y como lo asomó Marysabel Rodríguez, la representante de ProBox, añade que también se estaría apostando por dividir o profundizar las diferencias entre la población. «Lo que están intentando es que no se expresen más (los ciudadanos), que los venezolanos de nuevo recurran a reprimir toda su expresión o su voluntad de cambio ante el miedo completamente entendible que existe hoy por la violencia ejercida desde los organismos políticos y las fuerzas represoras del Estado».
Agrega que lo que vive la ciudadanía en este momento es básicamente una acción conjunta represiva por los distintos organismos del Estado principalmente los políticos. Considera que esto no se trata de una acción por un país polarizado, sino de represión política de grupos. Asevera que en Venezuela se sufre una escalada de represión política por parte del gobierno, que también se ejerce a través de redes sociales o utilizando mecanismos de estas plataformas para exponer a ciudadanos.
«Es por un lado de represión, pero también un intento de vender un país polarizado que no existe. Los resultados presentados por la oposición te demuestran que no existe tal polarización». apunta.
El fiscal general impuesto por la extinta constituyente, Tarek William Saab, informó el pasado 31 de julio que se contabilizaban 1.062 personas detenidas en el contexto de las manifestaciones por los resultados de las presidenciales. «Quiero ver a organismos internacionales diciendo que estos son presos de conciencia, malandros hamponiles (…) están detenidos luego, llorando, pidiendo clemencia, pero no va haber clemencia, justicia. Tiene que haber justicia por todo el daño que han cometido», aseveró Saab en una rueda de prensa.
El fiscal general, que no disgregó los datos por estados, no descartó la liberación de alguna de estas personas si se determina que no estaban involucrados, pero «si se determina responsabilidad quedarán privados de libertad por muchos años».
Andrés Azpúrua, director de VE Sin Filtro, ve con preocupación la utilización de la VenApp y otras redes sociales como brazos persecutorios a quien disienta de las políticas de Maduro.
Subraya que es una escalada en la delación, en comparación con lo que ya era usado. Comenta que el gobierno de Nicolás Maduro ahora busca masificar la delación de una manera significativa, sobre procedimientos que estaban disponible antes.
«Esto parece indicar que hay un aumento en la violencia estatal apoyado en el uso de las tecnologías que pone en riesgo de detención a personas que inclusive estaban protestando de forma no violenta», dice a TalCual.
Azpúrua sostiene que estos canales creados por orden del gobierno masifican la identificación de personas y la exposición de datos delicados. «Esto es un aumento de los procesos de vigilancia a la gente, no solo por ejercer su derecho a la protesta, sino también por poner cosas en la que expresen que no están de acuerdo con el Ejecutivo», señala.
El experto en seguridad digital añade que este modo de persecución es una evolución a lo que el Gobierno venía haciendo. Afirma que la ciudadanía ve en tiempo real la materialización de una situación preocupante porque pone en tela de juicio aún más los derechos humanos.
«Además, se reutilizan instrumentos legales como ley contra el odio, que es usada discrecionalmente para perseguir expresiones legítimas de descontento, bajo la excusa de odio cuando a veces son solo comentarios adversos», explica.
Caracas / TalCual
