La Organización No Gubernamental (ONG), Foro Penal, se reunió este jueves con familiares de personas que han sido privadas de libertad en medio de la crisis política generada luego de las elecciones del 28 de julio.
La organización de defensa de Derechos Humanos, junto a Provea y Civilis, ofrecieron ayuda jurídica y orientación a padres y allegados de los detenidos.
El director del Foro Penal, Alfredo Romero, señaló que ya han sido identificadas y verificadas 1 mil 406 personas arrestadas en el contexto postelectoral, de los cuales, 117 son adolescentes entre los 13 y 17 años.
Precisó Romero que aproximadamente 200 de los hombres adultos capturados han sido trasladados a la cárcel de Yare III en el estado Miranda, donde se abrió la posibilidad de que algunos familiares los visitaran una vez.
“Ahora es que se comienza a saber el estado y condición física de cada uno de los detenidos, y es por ello que estamos requiriendo el acceso a la defensa privada para ellos”.
De los 1 mil 406 privados de libertad, 185 son mujeres, 17 son personas con discapacidad y 14 son indígenas. 55 han sido liberados.
Las entidades con mayor número de detenidos son Distrito Capital (238), Carabobo (194), Anzoátegui (114) y Aragua (106).
“Hay personas detenidas El Helicoide (Caracas) que son, en su mayoría, dirigentes políticos. Hay casos como el de Américo de Grazia o el de Williams Dávila, quien está hoy en día hospitalizado. Pero todavía no nos han recibido a los efectos de poder designarles un abogado”, apuntó Romero.
Durante la reunión con los familiares, realizada en el auditorio de la sede de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), cerca de la Ciudad Universitaria, Leticia Torrealba, madre de un joven de 16 años detenido el 29 de julio, relató que su hijo, a pesar de no haber estado en las protestas, fue capturado y “acusado de terrorismo, incitación al odio y alteración del orden público”. Agregó que el menor había sido trasladado a la Zona 7 de Boleíta en Caracas.
Caracas / Rodolfo Baptista
