El director de Foro Penal, Alfredo Romero, denunció que el Gobierno de Venezuela se niega a sostener reuniones con la organización para abordar la situación institucional. Asimismo, el jurista exigió la derogación total de la Ley contra el Odio, instrumento que calificó como una herramienta de persecución política.
Durante una entrevista concedida al programa Abriendo Puertas, Romero detalló el bloqueo institucional que afronta la ONG tras infructuosos intentos por establecer un canal de comunicación directo con altos voceros del Ejecutivo y del Ministerio Público, entre ellos el fiscal general, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez. «Estamos totalmente abiertos a reunirnos con personas del Gobierno, pero no han querido recibirnos», señaló.
El abogado enfatizó la necesidad de incluir a la sociedad civil en la reconstrucción del sistema de justicia. Al respecto, destacó la trayectoria de más de 25 años de la institución en la defensa de los derechos humanos y el conocimiento de su equipo sobre el uso punitivo de la estructura judicial. «Es nuestro deber participar si lo permiten, y criticar o plantear soluciones aunque no las pidan», afirmó.
En cuanto a la propuesta de modificación a la Ley contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia —planteada por Delcy Rodríguez—, Romero fijó una postura categórica: el texto exige su anulación absoluta y no una simple revisión. Explicó que la normativa carece de una definición clara del concepto de «odio» y vulnera la Constitución al emplear la subjetividad contra la libertad de expresión.
Puerto La Cruz / Redacción web
