Un fiscal pidió este jueves la detención inmediata de la expresidenta argentina Cristina Fernández, acusada formalmente de liderar un sistema de recaudación ilegal de dinero a cambio de la adjudicación a empresarios de contratos de obras públicas.
El fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, respaldó el procesamiento que había resuelto el juez federal Claudio Bonadío en septiembre, cuando imputó a la actual senadora los delitos de asociación ilícita, admisión de dádivas y cohecho entre 2003 y 2015, periodo que incluye sus dos mandatos y el de su marido Néstor Kirchner, fallecido en 2010.
Poco después de que se conociera la decisión, Fernández denunció una supuesta maniobra de la justicia en connivencia con el gobierno del presidente Mauricio Macri para perjudicarla.
“Después de que frenamos el tarifazo de las 24 cuotas del gas por la devaluación, responden pidiendo mi detención. Muy obvios. Se nota demasiado”, dijo la senadora en su cuenta de Twitter en referencia a una iniciativa aprobada en el Senado la víspera contra el intento del gobierno de aplicar un aumento adicional y retroactivo en las tarifas de gas.
Fernández, de 65 años, no puede ser detenida porque está protegida por fueros parlamentarios. Bonadío también impuso un embargo de casi 100 millones de dólares a la legisladora, a quien considera jefa de una asociación ilícita, y procesó a varios exfuncionarios y empresarios.
La solicitud del fiscal Moldes debe ser analizada por la Cámara Federal, un tribunal superior de apelaciones.
En caso de que la Cámara Federal confirme el procesamiento de Fernández y haga lugar al pedido de detención, los senadores tendrían que discutir y votar sobre el retiro de la inmunidad a la legisladora, lo cual es poco probable ya que el peronismo opositor ha adelantado que no apoyará esa medida mientras no haya una condena firme.
Se necesitan dos tercios de los votos de los senadores para que Fernández pierda su inmunidad.
“Estoy convencido de que corresponde el desafuero... veo cuales son las dificultades políticas de que se obtenga, pero la política es mutable”, dijo Moldes en la emisora local Radio Mitre.
Carlos Beraldi, abogado de Fernández, afirmó que el pedido del fiscal “carece de todo fundamento jurídico” y “corrobora... que el único objetivo que se persigue en esta causa es que Cristina vaya presa”.
“El planteo será debidamente refutado cuando se autorice a la defensa a exponer en forma oral y pública las críticas contra el procesamiento y prisión preventiva dictados de una forma alevosamente arbitraria y con finalidades que nada tienen que ver con el recto servicio de administración de justicia”, dijo el letrado en un comunicado enviado a The Associated Press.
Beraldi ha solicitado a la Cámara Federal que antes de resolver la situación procesal de Fernández dilucide si las declaraciones realizadas por empresarios que han declarado como arrepentidos fueron “direccionadas” por el juez Bonadío para incriminar a la expresidenta.
Según Bonadío, entre 2003 y 2015 operó en Argentina una supuesta asociación ilegal mediante la cual los empresarios que pretendían ganar una obra pública entregaban un porcentaje a los funcionarios que Kirchner y Fernández designaban para recibir esos sobornos.
Respecto del destino del dinero espurio, Bonadío concluyó que presuntamente engrosó el patrimonio personal del matrimonio Kirchner y el de varios funcionarios y que también fue usado para financiar actividades electorales y comprar voluntades en el Poder Judicial.
La investigación se inició luego de que la justicia accedió a copias de cuadernos con anotaciones, fotografías y filmaciones efectuadas por un chofer del Ministerio de Planificación Federal quien aparentemente fue testigo de la recolección del dinero ilegal. La justicia también cuenta con la declaración de empresarios y exfuncionarios arrepentidos que dieron detalles sobre la supuesta operatoria delictiva.
Fernández niega los cargos y ha denunciado que Bonadío actúa bajo las órdenes de Macri para perseguirla y ocultar la actual crisis económica.
Fernández también enfrenta cargos por lavado de dinero, administración fraudulenta y el supuesto encubrimiento de los responsables del ataque terrorista contra una mutual judía de Buenos Aires en 1994 en otras investigaciones judiciales.
Buenos Aires / AP
