Las expectativas de que pronto tendríamos democracia y con ella el goce de todos los derechos políticos surgieron el 8 de enero cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de todos los presos políticos; sin embargo, el 18 de mayo volvió a afirmar que saldrían de las cárceles unas trescientas personas, las cuales todavía permanecen privadas de libertad.
Incluso, las cifras ofrecidas por las organizaciones no gubernamentales sitúan el número en más de cuatrocientas personas, quienes aún desconocen si recuperarán su libertad o continuarán recluidas en los centros de detención donde se encuentran.
Al ofrecer sus declaraciones sobre este tema, el educador y abogado Falime Amílcar Hernández Vallenilla, presidente de la Federación de Trabajadores Sindicalizados de la Educación (Fetrasined), manifestó que además de esa organización gremial y sus filiales, están exigiendo que cese la opacidad institucional que ha prevalecido en los organismos públicos, así como la represión, la tortura y las desapariciones forzadas.
Asimismo, pidió que exista justicia para que todos los autores y responsables de estos hechos y asesinatos sean investigados y, de comprobarse su responsabilidad, reciban las sanciones correspondientes.
Indicó que solo en democracia es posible que los trabajadores sean respetados conforme a lo establecido en la Constitución, y que las organizaciones sindicales puedan alcanzar contratos colectivos que permitan obtener salarios dignos, suficientes para cubrir las necesidades de los empleados y sus familias.
A su juicio, esto contribuiría a frenar la migración, fenómeno que continúa afectando al país debido a la falta de condiciones para mejorar la calidad de vida.
Hernández Vallenilla aseguró que Fetrasined continuará reclamando salarios justos, prestaciones sociales, seguridad social y todos los derechos que requiere la clase trabajadora.
Por ello, expresó su esperanza de que se concrete una transición democrática que permita realizar elecciones y contar con autoridades legítimas y constitucionales, capaces de atender las demandas de la población y resolver los problemas de los servicios públicos esenciales.
Agregó que, pese al presunto saqueo de los recursos nacionales por parte de funcionarios inescrupulosos, Venezuela posee importantes riquezas que, administradas de manera adecuada, podrían convertir al país en una de las naciones con mayor bienestar del continente.
Lara / El Impulso
