El parlamento madurista aprobó el pasado jueves en sesión ordinaria la reforma a la ley de Impuesto a Grandes Transacciones Financieras (Igtf), instrumento que busca imponer una alícuota de entre 2 % y hasta 20% a todas aquellas empresas y personas que realicen operaciones financieras en moneda extranjera o criptomonedas diferentes al Petro, dentro del territorio.
A la norma -que había sido aprobada en primera discusión el pasado 20 de enero-, aún le falta ser firmada por el Ejecutivo y publicada en Gaceta Oficial. Se espera que entre en vigencia en un plazo de 30 días continuos.
Pese a no existir todavía el reglamento que la fundamente, y detalle bajo qué forma se aplicará la alícuota, distintos expertos aseguran que la instrumentación del marco legal representará un encarecimiento de la vida en el país.
Leonardo Palacios, abogado con especialización en derecho tributario, augura un repunte de inflación y cierre de empresas tras la aprobación de los cambios a la Lay de Igtf. Calificó la medida como un “cerco tributario” que no va solo en contra del empresariado, sino afecta a toda la población.
“Va contra el venezolano que verá más mermada su capacidad de compra y es contra el trabajador (…) El Igtf es contra el bienestar del venezolano, es inflación”.
Agrega el experto que el nuevo impuesto a las transacciones “genera serios problemas de imposición múltiple, pues entre otras cosas, se desecha como gasto deducible a los efectos del pago de Islr (…) La ley promueve pagos de otros impuestos, tasas y contribuciones especiales y se da pie para el abuso en la utilización de las figuras de responsables (agentes de retención y percepción)”, subrayó.
La evasión fiscal y la informalidad en las operaciones comerciales en divisas (mercado negro) serían apenas la punta del iceberg porque, aseguró Palacios, “se restringe el crédito bancario y la capacidad de ahorro en moneda extranjera”.
"La aprobación del IGTF violó derechos fundamentales de participación e igualdad ante la ley lo cual es violatorio de la Constitución", manifestó.
Por su parte, Daniel Betancourt, abogado especialista en derecho tributario, considera que el gobierno de Nicolás Maduro busca "su parte del pastel" en la dolarización de facto en Venezuela al aplicar la reforma.
La alícuota representa "un esquema perverso" que colocará nuevas obligaciones a las empresas al punto de elevar las tarifas de sus servicios y los precios de sus productos expresados en moneda extranjera.
A juicio de Betancourt, el oficialismo parece intentar "encarrilar" a los venezolanos a usar los bolívares pero podría resultar contraproducente, ya que en cambio se le daría un impulso al mercado negro para las operaciones comerciales con divisas.
El diputado de la Alianza Democrática, Oscar Ronderos, también reiteró su rechazo a la norma ya que a su juicio podría desencadenar una nueva escalada de precios en un momento en que el Gobierno había declarado el fin de la hiperinflación.
“Ese impuesto va a impulsar la inflación, segundo porque por cada 100 dólares que se pague, el Estado se queda con 20 dólares (como máximo) y porque no colabora con la relación de confianza para atraer nuevas inversiones a Venezuela. Si bien se fija por ahora una tasa de 2 %, existe la posibilidad de que el Ejecutivo Nacional pueda llevar esa tasa a 20%”, expresó Ronderos.
Expresó que los factores opositores (dentro de la Asamblea Nacional madurista), se vieron obligados a hacer la advertencia pública porque se encuentra en riesgo en riesgo la estabilidad económica prevista para este 2022, mientras se promueve la evasión fiscal, además de afectar a los consumidores finales.
“El que cobra 10 dólares por día de trabajo, esa persona podría perder 20 % de su ingreso al hacer una compra en cualquier cadena de supermercados o farmacia por concepto del impuesto según lo que establece la ley”, advirtió.
Caracas / Rodolfo Baptista
