Las organizaciones Provea y Espacio Público instaron este viernes, 10 de abril, a Larry Davoe, recién designado Fiscal General de la República, y a la abogada Eglée González, nueva Defensora del Pueblo, a combatir la impunidad que persiste en Venezuela.
En una nota publicada en su página web, Provea señaló que ambos funcionarios tienen una serie de obligaciones establecidas por la Constitución.
“De conformidad con el artículo 29 de la Carta Magna, deben evitar la impunidad ante graves violaciones de Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad que han ocurrido al menos desde el 2014, y las que pudiesen ocurrir en el futuro”, recalcó Provea.
La ONG subrayó que la impunidad no es una opción en estos tiempos y los exhortó a escuchar, tramitar y contribuir a resolver las denuncias y reclamos de la población relacionados con el abuso de poder por parte de funcionarios policiales y militares; entre ellos, prácticas de extorsión, detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas.
La ONG advirtió que la Fiscalía “no puede continuar siendo una institución central en la persecución por motivos políticos y que debe estar al servicio de la justicia, sin discriminación, y contribuir a superar los vicios actualmente existentes en esa institución y en el Poder Judicial”.
Llamados a defender los derechos humanos
Provea hizo un llamado a los dos funcionarios a adoptar las medidas necesarias para colaborar con los organismos internacionales de protección de Derechos Humanos así como con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.
La ONG Espacio Público a través de su cuenta en X señaló que el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo son las piezas angulares para: la garantía del debido proceso y la erradicación de la impunidad, la protección de los sectores más vulnerables frente a abusos de poder y el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado en materia de derechos humanos.
“Las nuevas autoridades de la Fiscalía y la Defensoría deben trabajar genuinamente por la restitución democrática lo que implica atender, acompañar y procurar justicia efectiva para las víctimas de graves violaciones a los”, insistió la ONG.
Vigilantes y atentos
Aunque las designaciones del Fiscal y la Defensora del Pueblo se realizaron en ausencia de reglas claras y públicas sobre el procedimiento y los criterios de evaluación, abogados venezolanos expresaron a través de sus cuentas en X que estarán atentos y vigilantes al desempeño de ambos.
El abogado abogado y profesor de Derecho Penal, Alberto Arteaga Sánchez, señaló que González “tiene el desafío de demostrar que el ciudadano tiene quien lo defienda ante la arbitrariedades del poder”.
Por su parte, el abogado constitucionalista, José Manuel Romano, aseguró que los ciudadanos “estaremos vigilantes de su desempeño” al tiempo que les deseó éxitos en sus funciones “por el bien del país”.
Caracas / RunRunes
