El fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que da respuesta a la solicitud hecha por Guyana de suspender el referendo sobre el Esequibo, generó opiniones encontradas dentro y fuera del país.
Mientras algunos voceros políticos apuntan que Venezuela salió ganando con la decisión, otros indican que se abrió un precedente negativo de cara al proceso legal que se sigue para definir el control territorial de los 159 mil 542 Km2 en disputa.
La CIJ descartó solicitar al Gobierno nacional suspender la consulta prevista para este domingo. Sin embargo, la instancia judicial adscrita a la Organización de Naciones Unidas (ONU), advirtió en su sentencia que Venezuela debe abstenerse de llevar a cabo alguna acción unilateral en la zona en reclamación ya que la misma se encuentra bajo control de Guyana, al menos, hasta que se dirima el conflicto. En segundo lugar, se solicitó a ambos países que eviten actos que extienda el conflicto más allá del litigio en curso.
Especialistas en la materia consideran, sin embargo, que la Corte de Justicia actuó de forma imparcial en su fallo.
El experto internacionalista Lauren Caballero, indicó que la conclusión de no prohibir el referendo era de esperarse, y destacó la invitación a las partes a evitar llevar a cabo acciones que entorpezcan el proceso jurídico.
“La Corte no solo ha decidido apegada a consideraciones jurídicas, sino con mucho sentido común”, dijo a través de su cuenta en X.
El analista subrayó que la CIJ no “falló contra Venezuela”, como afirman algunos titulares de medios. “La Corte emitió dos medidas provisionales tendentes a evitar acciones que compliquen aún más el escenario. No se ha reconocido la soberanía guyanesa sobre el territorio, ni se ha declarado válido el Laudo de 1899, ni ha determinado la frontera entre los dos Estados. La Corte no ha suspendido el referendo, ni ha solicitado al gobierno venezolano modificar las preguntas”, explicó.
Agregó que la Corte considera que es plausible que el Laudo Arbitral de 1899 “con el que se despojó a Venezuela de la séptima parte del territorio patrio” pueda ser considerado nulo e írrito, pero también estima plausible que sea válido, como dice Guyana. “Por eso la Corte llama a las partes para que expongan sus alegatos y en base a ello, y al derecho aplicable, tomará una decisión que afectará la frontera terrestre entre los dos Estados”.
Advirtió Caballero que si Venezuela no comparece, “la visión de la Corte será borrosa y la decisión probablemente no será favorable para nuestro país”.
Por su parte, Rafael Badell Madrid Doctor en Derecho, Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales acotó que la CIJ “demostró su imparcialidad y el respecto a sus propios precedentes”.
Considera que la negativa de Venezuela a aceptar la jurisdicción del organismo internacional “no lleva a nada”. “El mejor escenario para demostrar la nulidad del Laudo de París es, precisamente, en esta Corte. Venezuela tiene una gran oportunidad”.
Badell Madrid discrepó de la opinión de la presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, para quien la admisión de la Corte de que “Guyana administra y ejerce control sobre el Territorio Esequibo”, resulta grave pues anticipa que continuará la explotación de recursos en la zona en reclamación, contrariando los intereses de Venezuela.
El experto en Derecho Internacional y Diplomacia y asesor senior de la firma Crisis Group, Mariano De Alba, apuntó que esa determinación sobre el control que ejerce Guyana no perjudica los intereses de Venezuela.
“La disputa sigue pendiente de resolución y para eso es crucial que Venezuela presente sus argumentos por escrito, con respectivas pruebas, a más tardar el 8 de abril de 2024. No hacerlo facilitará el camino de Guyana”, dijo De Alba.
El ex embajador y Doctor en Ciencias Políticas, Sadio Garavini, cuestionó que el Gobierno acuse a la Corte de “colonialismo judicial” y mantenga una actitud hostil hacia la instancia.
“La CIJ está integrada por magistrados, electos por la Asamblea General ONU, de China, Rusia, Brasil, Francia, EE.UU., India, Japón, Gran Bretaña, México, Italia, Uganda, Nueva Zelanda, Eslovaquia, Marruecos, Somalia (…) Es importante entender que hay Estados y organizaciones que siempre han apoyado a Guyana, como Cuba, Caricom, Commonwealth. Pero la inmensa mayoría de la comunidad internacional no es que apoya a Guyana, apoya que la controversia se resuelva en la Corte Internacional de Justicia”, subrayó Garavini a través de las redes sociales.
Caracas / Rodolfo Baptista
