El proceso de escogencia del Fiscal General de la República, tras la renuncia de Tarek William Saab el pasado 25 de febrero, se detuvo en la Asamblea Nacional sin mayores explicaciones por parte de los diputados, pese a que el nombramiento debía concretarse el 27 de marzo según un cronograma elaborado por Acceso a la Justicia con la poca información disponible.
Después de haber recibido 73 postulaciones a través de un Comité, cuya conformación ha sido criticada por organizaciones nacionales e internacionales, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, pidió una extensión extemporánea de recepción de postulaciones y credenciales el 24 de marzo. Esto, según el diputado, debido a la falta de «consenso» para la designación de los titulares del Poder Ciudadano.
En este nuevo lapso se recibieron tres nombres: Joel Altuve Patiño, un juez jubilado que se ha retratado con banderas del PSUV, el abogado y «obediente a la luz divina» Luis Betancourt Zurita, y el internacionalista y abogado Robinson Zapata Taborda.
Sin el conocimiento público de un baremo, una exigencia de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano (artículo 24), la sociedad civil desconoce los criterios de selección de la terna que, finalmente, debe ser presentada al parlamento para su aprobación en sesión ordinaria y con mayoría calificada.
Sin embargo, hay requisitos básicos que los aspirantes deben cumplir. El artículo 284 de la Constitución señala que se requieren «las mismas condiciones de elegibilidad» de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia para aquellos que optan al cargo de fiscal general, es decir:
Bajo estos criterios, hay al menos 12 personas que recibieron el apoyo o tienen afinidad con un partido político en los últimos cinco años, según una base de datos agrupada por el ciberactivista Giuseppe Gangi. Resaltan los casos de los abogados Luis Eduardo Quintana, Gabriel Guerrero y Martín López Ríos.
Quintana, de 53 años, fue candidato a diputado regional y concejal en las elecciones regionales de 2025 por el partido Arepa. Guerrero, de 50 años, fue la opción del PSUV y el Gran Polo Patriótico para esos comicios en el estado Lara, mientras que López, de 38 años, fue candidato a alcalde por una alianza que incluyó a Fuerza Vecinal, Alianza del Lápiz, Cambiemos y Unica.
Por otro lado, hay opciones con amplio consenso dentro de la sociedad civil, universidades y la academia como la profesora universitaria Magaly Vásquez. Es doctora en Derecho, individuo de Número de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, y participó en la elaboración del Código Orgánico Procesal Penal.
Su postulación no solo tuvo el apoyo de la Acienpol, sino de la Universidad Central de Venezuela, la Católica Andrés Bello y la Metropolitana.
El profesor universitario Nelson Chitty La Roche también recibió apoyo del Consejo Universitario de la UCV para su postulación. Fue diputado entre 1983 y 1999 por el partido Copei. Es doctor en Ciencias Políticas y jefe del Departamento de Ciencias de Gobierno en la UCV.
La abogada Renée Moros Tróccoli fue juez de primera instancia e integrante de la Corte de Apelaciones con competencia en delitos de Violencia contra la Mujer de Caracas. También es especialista en Ciencias Penales y Criminológicas y Derecho Penal Económico.
También figura Giovanni Rionero Leal, profesor de postgrado de Derecho Penal en la UCV, la UCAB y la Universidad Santa María. Entre los años 2014 y 2016 estuvo vinculado a la Dirección de Revisión y Doctrina del Ministerio Público. Ha publicado más de 40 libros, según su página web, relacionados al ámbito procesal penal.
Asimismo, fueron tomados en cuenta dos personas vinculadas al Tribunal Supremo de Justicia, por lo que en teoría cumplen los requisitos: el exmagistrado de la Sala de Casación Danilo Mojica Monsalvo, y Ángel Zerpa Aponte, quien estuvo vinculado al TSJ en el exilio nombrado por la Asamblea Nacional en el año 2017.
Zerpa Aponte, encarcelado durante varios meses en 2017, también es recordado como el juez que llevó el proceso judicial de la activista feminista y abogada Linda Loaiza López. Su caso escaló a la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido a la revictimización y constantes violaciones al debido proceso que permitieron la libertad de su agresor.
Dentro de las postulaciones a Fiscal General también hay nombres que han estado vinculados al gobierno chavista desde hace años. Uno de ellos es Larry Devoe, quien aspira mantener el cargo que actualmente ocupa como “encargado”.
Abogados como Joel García han señalado una contradicción que debería haber descalificado su postulación. Devoe no ha sido fiscal o juez, su ámbito de litigio ha estado vinculado a su papel de agente del Estado venezolano ante la OEA y la ONU. «Su rol ha sido defender las políticas del Ejecutivo. Pasar de ser el «abogado defensor» del Gobierno a Fiscal General representa un conflicto de intereses insalvable que anula la imparcialidad objetiva», ha dicho.
Al cargo también fue admitida la abogada Minerva Thaís Balza, quien en 2017 –cuando Tarek William Saab asumió la Fiscalía– fue nombrada subdirectora en la Dirección contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos. En 2024 compitió contra el exfiscal por el cargo. Por su parte, Dinora Joselin Bustamante Puerta es exfiscal 83 nacional provisoria con competencia en legitimación de capitales y ha llevado decenas de casos políticos, como el de Roberto Marrero, Frank Cabaña, Juan Requesens o Fernando Albán. Ha sido sancionada por la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos.
Caracas / TalCual
