A través de una carta hecha pública este 9 de agosto de 2023 el sindicalista Reynaldo Cortés, uno de los seis condenados a 16 años de prisión, exigió al gobierno que le permita recibir atención médica, debido al avance de las distintas enfermedades que padece.
Tras exponer detalladamente cuáles son esas condiciones y cómo la prisión las agrava, exigió al Estado que lo mantiene encarcelado «injustamente» que permita su traslado a los centros, así como acceso a las consultas, operaciones, medicamentos, insumos e instrumentos médicos especializados y general para atender sus padecimientos.
Cortés responsabilizó por sus daños al exjuez José Mascimino Márquez, a los fiscales Elin León y Yaneth Espinoza, a quienes tildó de «autores intelectuales» de su detención arbitraria. Señaló también a la jueza Grendy Duque y al fiscal Alirio Mendoza, a quienes señaló de presidir un juicio y condena «que nunca se debió realizar».
«Finalmente, responsabilizo al fiscal Tarek Wiliam Saab y todo el régimen de Maduro de mi integridad física y mental, así como de la seguridad de mi familia», agregó.
Cortés, quien es secretario general del Comité Político Regional de Bandera Roja-Guárico y representante de la CTV–Guárico, consideró que ante la falta de instituciones que garanticen los derechos humanos en Venezuela, es vital exhortar a la comunidad internacional para que se aboque al caso.
En ese orden de ideas pidió a la ONU, OEA, OIT Y CSI a ser «vigilantes y diligenciar en lo correspondiente para garantizar» sus vidas.
Asimismo, instó a todo el movimiento «laboral revolucionario, socialdemócrata y socialcristiano nacional e internacional» a la «movilización y solidaridad».
El sindicalista condenado a 16 años de prisión hizo votos porque se restablezca la democracia en Venezuela y porque se constituyan comités por la libertad de luchadores sociales y presos políticos.
«Desde los calabozos de la dictadura seguimos firmes moralmente, dispuestos a luchar en esta trinchera con la alegría de reconstruir Venezuela. Seguimos con los mismos sueños de siempre de construir un mundo mejor. No es poca cosa, pero mientras existamos estaremos allí en la primera línea del combate político», concluyó en su carta.
El pasado 2 de agosto, el Tribunal Segundo en funciones de Juicio de Caracas, a cargo de la jueza Grendy Duque, condenó a 16 años de prisión a Reynaldo Cortés junto a los sindicalistas Emilio Negrín, Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Gabriel Blanco y Néstor Astudillo.
En un escrito que hizo llegar al medioaliado Tal Cual la portavoz de la Oacnudh, Marta Hurtado, se dejó por sentado que la oficina del alto comisionado «reafirma las preocupaciones previamente planteadas en cuanto a la criminalización de los defensores de derechos humanos en Venezuela, incluyendo aquellos comprometidos en demandas por mejores condiciones de trabajo y derechos laborales».
Recordó la portavoz en comunicación con Tal Cual que la preocupación contra la criminalización contra defensores de DDHH en el país ha sido denunciada en varias ocasiones, entre ellas en el último informe sobre la situación venezolana que presentó Volker TüRK el pasado 3 de julio.
En un trabajo de Runrun.es, tras la comparación de sentencias, se determinó que las condenas de 16 años de los sindicalistas apenas es un año menor a la impuesta a Hector Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, quien purga una pena por delitos de asesinato, robo de residencias, porte de armas, tráfico de drogas y por haberse fugado de la cárcel de Tocorón. Guerrero es señalado además de ser operador de la megabanda del Tren de Aragua.
La defensa de los sindicalistas sentenciados afirma que las únicas pruebas promovidas en el juicio fueron unas capturas de pantalla y mensajes en la red social conocida antes como Twitter.
La condena de 16 años de este grupo de sindicalistas y defensores de DDHH es también mayor a la Isaac Molleda Zárraga, condenado a 15 años de prisión por el asesinato del periodista Javier García el 14 de junio de 2008; es igual a la de Jean Manuel Montilla, sentenciado a 16 años de cárcel por el homicidio del actor Yanis Chimaras el 24 de abril de 2007 y superior a la de Larry Tovar Acuña, condenado a 13 años de confinamiento en 1998 por participar como testaferro de un cártel colombiano que trasladaba droga de Colombia a Estados Unidos.
