La entrada imprevista en el juego de la transición política en Venezuela de Dinorah Figuera, presidenta electa de la Asamblea Nacional (AN) de 2015, no solo abarcará los cambios institucionales que requiere el Consejo Nacional Electoral (CNE), sino también del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Figuera, quien regresó al país brevemente la semana pasada comisionada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, sostuvo un encuentro con el actual jefe del parlamento, Jorge Rodríguez, luego de ocho años en el exilio.
La misión de Figuera es establecer una hoja de ruta - con el aval del secretario de Estado, Marco Rubio-, que tendrá como fecha límite diciembre del presente año, para consignar las reformas legislativas necesarias y el primer paso se enfocará en convocar técnicos y especialistas que permitan adelantar distintas tareas.
Una reforma judicial en paralelo
Sin embargo, actualmente en paralelo tanto el Ejecutivo como la AN lleva en marcha otra reforma, cuya validez -o al menos su permanencia- se ha puesto en tela de juicio.
En primer lugar, en abril pasado, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dio luz verde la instalación de una comisión para la Gran Consulta sobre la Reforma a la Justicia Penal, con el objetivo de enfrentar, entre otros males, el retardo procesal y la corrupción. El proceso comenzó el pasado 1 de junio.
Asimismo, el martes 12 de mayo se aprobó por unanimidad legislativa una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para aumentar de 20 a 32 el número de magistrados. Asimismo, los parlamentarios acordaron que la Sala Constitucional esté conformada por siete magistrados, mientras que el resto de las salas del TSJ estarán integradas por cinco.
Los diputados también aprobaron modificar el artículo 80 de la Ley Orgánica del TSJ al establecer que la Inspectoría General de Tribunales, la Inspectoría General de la Defensa Pública y la Escuela Nacional de la Magistratura pasen a depender de la Sala Plena del TSJ y, en caso de falta absoluta en la dirección de estos órganos auxiliares, la Asamblea Nacional procederá a la designación de nuevos miembros por un nuevo periodo.
Aunque el proceso se ha prorrogado dos veces, se espera que el 3 de julio finalice la fase de impugnaciones.
El listado completo de postulaciones se publicó el pasado viernes 19 de julio y se contará con un plazo de dos semanas para presentar los cuestionamientos, eso en caso de no haber una nueva prórroga producto de las reformas impulsadas desde EE.UU.
La cifra de aspirantes a magistrados llegó a 561 nombres -de estos se escogerán 20, de los ahora 32 cargos existentes. También se contabilizaron 63 postulados para los puestos de la Inspectoría y 33 para la escuela de la magistratura.
Del listado de nombres hay una gran cantidad que desde ya han sido cuestionados por algunos sectores de la oposición, con lo cual su permanencia como funcionarios imparciales en un plan de reforma judicial queda en entredicho.
Una de ellas es Katherine Harrington Padrón. Esta abogada egresada de la UCV es conocida por llevar los casos de la jueza María de Lourdes Afiuni, contra María Corina Machado y el ex acalde de Caracas, Antonio Ledezma. Sobre ella existe una sanción del Departamento del Tesoro de EE.UU., desde 2015, acusada por violaciones de Derechos Humanos y corrupción.
Otro de los nombres es el de Aime Nogal, quien actualmente es una de las cinco rectoras del CNE que estuvo a cargo de los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024. En ningún momento, Nogal llegó a pronunciarse sobre las denuncias de los fraudes procesales que impidieron declarar como ganador al candidato de la MUD, Edmundo González Urrutia.
Carolina García Carreño, fue designada en 2021 como Comisionada Nacional de la Gran Misión Cuadrantes de Paz. El ex fiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray, señaló a través de su cuenta en X que el diputado Pedro Carreño trabaja “actualmente para que su sobrina (Carolina García) haga parte de la Sala Penal del TSJ”. “Lo que le venden a EE.UU. como una renovación del sistema de justicia es un reacomodo de la banda en el poder”.
Luis Enrique Abello García, fue presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua y ha sido vinculado a supuestos actos de corrupción.
Control político y tutelaje
Distintas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) se han pronunciado sobre la opacidad y la prevalencia del control político que ha signado hasta el momento el proceso de selección de magistrados.
Según Acceso a la Justicia, sin haber concluido el proceso de designación de nuevos magistrados, el TSJ anunció el 4 de mayo la elección de su nueva junta directiva, cuyo período se encontraba vencido desde enero de 2026.
La decisión estuvo acompañada del nombramiento de suplentes para cubrir las ocho vacantes derivadas de las jubilaciones de funcionarios. “Sin embargo, los suplentes designados no siempre correspondieron a la sala donde se produjo la vacante, lo que contraviene lo previsto en el artículo 48 de la Ley del TSJ”.
“La correcta conformación del máximo juzgado no solo tiene implicaciones institucionales, sino que incide directamente en la garantía del acceso a la justicia y en la tutela judicial efectiva.
Por ello, resulta indispensable que (…) se aclare la situación de las vacantes y publique las reglas del proceso (…) los criterios de evaluación y los mecanismos de participación ciudadana. Sin estos elementos, el proceso corre el riesgo de reproducir prácticas opacas que han caracterizado a designaciones anteriores”, apuntó Acceso a la Justicia.
Por su parte, Provea señaló que el Sistema de Administración de Justicia (SAJ), venezolano ha funcionado como un “instrumento de discriminación basada en género y condición socio-económica, burocracia, corrupción y estigmatización contra los sectores en mayor situación de vulnerabilidad política, económica y social”.
“Preocupa que la reforma judicial anunciada, esté orientada únicamente a satisfacer la agenda del tutelaje transnacional, y que se deje de lado la necesaria participación de los actores sociales y políticos del país como la academia, las ONG, la voz de las víctimas y la asesoría técnica de los organismos internacionales de Derechos Humanos .Consideramos necesario cesar la instrumentalización del sistema de justicia para restringir las libertades fundamentales”.
La ONG apuntó que en este momento, urge desarrollar políticas públicas sólidas, orgánicas y sostenidas que coadyuven a “reducir considerablemente la impunidad y la corrupción generalizada en los órganos de administración de justicia, y publicar los informes anuales respectivos de rendición de cuentas de los órganos de administración de justicia, así como despolitizar y despersonalizar las gestiones institucionales de las máximas autoridades judiciales”.
Queda aún esperar si la presencia de Dinorah Figuera promoverá cambios importantes en lo que se perfilaba como una nueva agenda politizada de escogencia.
Caracas / Rodolfo Baptista
