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El Conas detuvo a un alguacil por presunta extorsión

diciembre 27, 2020
El caso es manejado con prudencia por las autoridades del Circuito Penal de Barcelona /Foto: Rafael Salazar

Un alguacil de un tribunal de Control del Circuito Judicial Penal de Barcelona fue aprehendido por efectivos del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), luego que fuera denunciado por exigir 160 mil dólares a un familiar de un preso para realizar la audiencia preliminar en donde se le daría una medida cautelar (una libertad condicionada).

Trascendió que el funcionario tribunalicio, identificado como Santiago Augusto Rodríguez Guacara, fue detenido en flagrancia en el edifico Arrecife Norte, carrera 6, en Lechería, cuando le estaban entregando presuntamente el dinero que había exigido.

Según el parte policial del Conas, sobre Santiago Rodríguez pesan varias denuncias y lo señalan, junto con otros alguaciles, una juez del Circuito Judicial Penal y un ciudadano identificado como Juan Carlos Arroyo, de dedicarse a extorsionar a los parientes de los detenidos para agilizar los procesos de éstos y dictarles una medida de libertad condicional.

Familiar

Se supo que Rodríguez Guacara es hijo de la juez del municipio Simón Bolívar y fue puesto a la orden de un tribunal de Control.

Durante la audiencia de presentación, el funcionario se negó a declarar, por lo que la representante del Ministerio Público (MP) pidió a la juez que pusiera unas grabaciones que se hicieron durante la fase de investigaciones y estas revelaron que Juan Carlos Arroyo, persona de confianza de la presidenta del Circuito Penal, Adriana López, está implicado en el caso.

Trascendió que el MP está librando la orden de aprehensión en contra de Juan Arroyo y otros funcionarios, ya que en las investigaciones previas se comprobó que cobraron dinero para dejar en libertad a un detenido.

Por este caso el fiscal general de la República, Tarek William Saab, designó una fiscal nacional para investigar e imputar a los presuntos responsables de dirigir una supuesta mafia judicial.

Barcelona / Eleida Briceño

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