El líder opositor Edmundo González Urrutia exigió este jueves que el gobierno de Delcy Rodríguez responda ante la justicia por la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, tras revelarse que el ciudadano falleció bajo custodia del Estado en julio de 2025, pero su madre, Carmen Navas, no fue notificada del deceso hasta ahora, tras meses de búsqueda incansable.
A través de un mensaje en la red social X, González Urrutia calificó el suceso como una "desaparición forzada seguida de ejecución administrativa del olvido". Además, denunció que, mientras la madre recorría cárceles preguntando por su paradero, el Estado ya había sepultado a Quero Navas bajo supuestos "protocolos" que impidieron la notificación oportuna a sus allegados, tras fallecer en el Hospital Militar Carlos Arvelo.
Edmundo González sentenció que "no hay protocolo ni explicación que justifique el sufrimiento" de las familias venezolanas que buscan a sus desaparecidos.
El Ministerio para los Servicios Penitenciarios confirmó este jueves finalmente la muerte del detenido, quien permanecía en la cárcel El Rodeo I tras su arresto el 3 de enero de 2025. Según la versión oficial, Quero falleció el 24 de julio de 2025 debido a una insuficiencia respiratoria aguda derivada de un tromboembolismo pulmonar, luego de presentar un cuadro febril y hemorragias.
La organización Foro Penal aportó detalles sobre el origen del caso, indicando que Quero fue interceptado por la DGCIM en Caracas a principios del año pasado. Según Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG, el "motivo aparente" de la detención fue su pasado institucional como militar en 2023, lo que llevó al Estado a procesarlo bajo cargos de traición a la patria, conspiración y terrorismo.
El partido Primero Justicia también se pronunció, denunciando que la señora Carmen Navas fue "torturada psicológicamente" durante meses de opacidad informativa. La tolda política exigió "justicia, verdad y reparación", señalando que el bloqueo sistemático de información sobre el estado físico y jurídico de los detenidos constituye una violación grave a los derechos humanos.
Caracas / Redacción web
