Tres meses después del doble terremoto que sacudió al país el 24 de junio, de magnitudes 7,2 y 7,5, vecinos de edificios marcados con etiqueta roja en Caracas y Miranda aún esperan respuestas certeras sobre cuál será el destino de sus viviendas. En algunos casos se han dado varias inspecciones, pero no llega el diagnóstico definitivo. En otros apenas se ha realizado una sola revisión oficial.
La incertidumbre que comenzó el día de los sismos sigue acompañando a los propietarios de viviendas en «rojo», pero en otra etapa: saber si los daños son realmente reparables, quién se encargará de los trabajos, si habrá o no financiamiento por parte del Estado, si deben desalojar definitivamente la infraestructura o cuánto tiempo deberán esperar.
En el edificio París, de tres pisos y ubicado en La Carlota, municipio Sucre del estado Miranda, los vecinos esperan por una nueva evaluación de la estructura. En otro edificio de la avenida Norte de Altagracia, en el centro de Caracas, los vecinos han recibido varias valoraciones, todas con diagnósticos distintos.
El Colegio de Ingenieros ha instado a los propietarios de estructuras marcadas en amarillo o en rojo a solicitar varias evaluaciones, de varios especialistas, antes de tomar decisiones sobre las reparaciones. Durante una entrevista para Unión Radio, el ingeniero Rafael Argotti recomendó «que la evaluación la hagan colegas certificados, que tengan la suficiente paciencia y pueda irse en el marco de la oferta y la demanda a buscar, no solamente la opinión de un ingeniero estructural o de un patólogo; sino de dos o tres ingenieros antes de tomar cualquier decisión».
El presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras, Francisco Garcés, informó el pasado 8 de septiembre que la primera fase de inspecciones culminó con 63.179 evaluaciones, de las cuales 36.698 edificaciones obtuvieron etiqueta verde, 14.900 recibieron color amarillo y 11.561 edificaciones resultaron clasificadas en rojo.
Sin embargo, las declaraciones de Garcés no ofrecieron un desglose específico por municipio. Su balance es nacional y agrupa las distintas zonas afectadas por los terremotos. La Alcaldía de Sucre tampoco ha precisado cuántas edificaciones se vieron afectadas parcial o totalmente. En cambio, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, informó a finales de julio que habían inspeccionado 16.605 edificaciones. Agregó que 60% fueron clasificadas con color verde, 24% en amarillo y solo 13% en rojo.
Gilmar Betancourt vive en el Edificio 19 de la avenida Norte de Altagracia, que fue clasificado en rojo. Cuenta que, a simple vista, la estructura no muestra grandes daños y dentro de su apartamento tampoco son evidentes.
Detalla que tras las evaluaciones por los terremotos, el mayor daño está en una columna, en la que además una filtración —previa a los sismos, pero que desconocían— provocó la caída del friso y dejó expuesta parte de la estructura. A esas fallas, se le suman filtraciones en los dos tanques aéreos. Este edificio tiene más de 50 años construido.
La dificultad para los vecinos del Edificio 19 ha sido determinar el verdadero diagnóstico, pues diversos especialistas han dado evaluaciones muy diversas entre sí.
La primera evaluación fue realizada por un ingeniero particular que los residentes contactaron. Según Betancourt, este les dijo que la afectación estructural no comprometía la edificación y «la segunda persona que vino nos dijo que no era tan grave, pero la tercera persona que vino sí nos dijo que teníamos que demolerlos (los tanques)».
Después llegó la Comisión Presidencial, «revisaron los tanques, la columna y determinaron que por los daños necesitábamos una etiqueta roja». Un patólogo también revisó esta edificación y determinó que los daños son reparables y que, a su juicio, «no merecía una etiqueta roja».
«Luego vino otra otra gente de la Comisión Presidencial a terminar de llenar el informe, a recopilar más información y dijeron que sí estaba muy grave, que teníamos que demoler los tanques y que estaba todo muy feo», especifica Gilmar Betancourt.
La tarjeta roja no significa necesariamente que la edificación deba ser demolida. El Colegio de Ingenieros de Venezuela ha explicado que, dependiendo de los daños, existen varios escenarios: demolición, reparación para recuperar las condiciones anteriores al terremoto o reparación y adecuación para que el inmueble pueda responder a las exigencias de las normas sísmicas actuales.
Para los vecinos del edificio París, el problema es que están esperando una segunda evaluación de la Comisión Presidencial y, mientras tanto, se mantienen en un período de espera e incertidumbre que no saben de cuánto tiempo será.
En el edificio de Betancourt, los propietarios todavía no han podido acordar un presupuesto para reparar la columna y los tanques. Tampoco les han dado un presupuesto oficial para obras de reparación.
Ni los habitante del París ni los del Edificio 19 han recibido orden de desalojo.
Al ser consultada sobre si las autoridades les han brindado algún tipo de ayuda, Gilmar Betancourt cuenta que se han realizado censos para conocer quiénes en algún momento podrían necesitar un refugio, ir a un hotel u otra ayuda. Informó que desde que ocurrieron los terremotos, cada apartamento recibe un bono mensual de $150 a través del Sistema Patria y aclara que ese beneficio no está destinado a reparaciones de la estructura.
La Alcaldía de Sucre entregó $10 mil al edificio París, depositados en una cuenta a la tasa del Banco Central de Venezuela del pasado 12 de agosto, para comenzar a reparar las tres columnas afectadas. No obstante, el presupuesto que manejan los vecinos alcanza los $17 mil, «solo para las columnas, sin incluir otras reparaciones», expone Edgard Díaz, residente del lugar.
En el París tres columnas principales resultaron afectadas por el doblete sísmico, pero hay otros daños en placas, sótanos, mampostería y una filtración, que, aparentemente, proviene de la calle.
Este edificio de La Carlota tiene 45 apartamentos y 30 estaban ocupados. Después de los sismos, 17 familias abandonaron el lugar por temor a la que estructura pueda ceder.
Quienes habitan el edificio París de La Carlota no poseen recursos suficientes para reparar por su cuenta los daños. Díaz indica que aún necesitan entre $11 mil y $12 mil adicionales para completar las reparaciones.
La Comisión Presidencial inspeccionó el inmueble una vez y les indicó que era reparable. Los residentes esperan una nueva evaluación y una definición sobre si recibirán financiamiento adicional.
Francis Camarcano, otra de las residentes y quien apenas compró su apartamento hace ocho meses, considera que «la respuesta no está siendo rápida». Expone que están a la espera del informe final para conocer si el París puede recuperarse o no: «Estamos esperando otra evaluación, pero yo, como propietaria, no tengo información de cuándo sea la fecha de la otra evaluación», sostiene la mujer que vive con su esposo, dos hijos y su mascota.
En el París fue necesario poner puntales en planta baja, piso uno y dos y en sótano uno para evitar el colapso de la edificación.
Camarcano asegura que tampoco tendría una alternativa inmediata si una nueva evaluación ordenara desalojar el apartamento: «No tendría al momento para irme. Es como empezar de nuevo. Alquilar, no sé», dice.
Cristian Gómez lleva viviendo en el edificio París desde 2008 y es uno de los residentes que decidió permanecer allí. Explica que, en su caso, no consideró seguro trasladarse con su hermano a la vivienda de un familiar porque está ubicada en una zona propensa a derrumbes o deslaves.
El llamado de Gómez a las autoridades es directamente a la Alcaldía de Sucre e Hidroven para que solucionen el problema de la filtración, que le suma más inconvenientes al edificio: «Estamos atados de manos. No podemos ir a explorar y buscar esa filtración por fuera, de lo que es el derecho al frente». Edgard Díaz cree que la filtración es una mezcla de botes de aguas negras y blancas que han perjudicado aún más la edificación.
A tres meses de los terremotos, la etiqueta roja no ha resuelto la pregunta principal de los afectados: qué procede y, sobre todo, quién se hará cargo de resolver las afectaciones.
Caracas / TalCual
