
“Eso es un mareo cada vez que usamos gasolina para lavarnos el cuerpo y la ropa. Antes nos tomábamos un vaso de leche para evitar los mareos, pero hace rato que no sabemos nada de qué es leche”. Las palabras son de un pescador del Lago de Maracaibo que sintetiza, en esas frases, cómo los derrames petroleros dejan contaminación y pobreza en su zona.
El testimonio está dentro del informe “Derrames petroleros y derechos humanos en el Lago de Maracaibo: la visión de las comunidades pesqueras”, elaborado por la organización no gubernamental Clima21, en el que se expone cómo las fugas de hidrocarburos en el lago “constituyen una crisis socioambiental prolongada que afecta directamente los derechos humanos de las poblaciones que dependen de ese ecosistema para su subsistencia”.
Para el estudio se hicieron 50 encuestas y entrevistas a pescadores y pescadoras de diez comunidades de los municipios Maracaibo, San Francisco, Cabimas, Lagunillas y Valmore Rodríguez, durante el primer semestre de 2026.
Uno de los hallazgos es que 94 % de las personas consultadas afirmó haber sufrido una disminución de sus ingresos como consecuencia directa de los derrames. Además, los entrevistados asociaron la contaminación con problemas de salud y dificultades para garantizar la alimentación.
Runrun.es ha resumido este documento en estas siete claves:
“Este resultado parece reflejar diferencias de percepción sobre lo que es un derrame que puede incluir o no las filtraciones continuas que suceden en el Lago de Maracaibo o también puede depender de la cercanía de las comunidades y sus zonas de pesca con las zonas de mayor actividad de extracción petrolera”, apunta el informe de Clima21.
Lo que sí es casi unánime es que los pescadores se sienten expuestos ante estos eventos. 90 % de los entrevistados dijo que los derrames son un peligro “muy grande para ellos y su actividad”.
Señalaron que las especies pesqueras más afectadas por los derrames son: curvina y lisa (88 %), camarones (80 %), robalo y mero (54 %).
Los encuestados también apuntaron que las características más comunes de los derrames son: olor fuerte y desagradable (100 %), animales cubiertos de petróleo (94 %), peces muertos o con malformaciones (86 %), manchas espesas en el agua (78 %).
De acuerdo con el estudio, los efectos más experimentados entre los habitantes de las comunidades pesqueras están relacionados con el daño u obstaculización a la actividad pesquera, incluyendo el deterioro de las embarcaciones, la acumulación de petróleo en las zonas de embarque y desembarque, la disminución de la pesca y la acumulación de petróleo en las costas. Cada una de estas consecuencias fue marcada por más de 80 % de los encuestados.
Los participantes también apuntaron los impactos de los derrames sobre la salud (62 %), alimentación (50 %) y calidad de vida de la comunidad (46 %).
Además, 78 % de los entrevistados disminuyó su consumo de alimentos proveniente de la pesca debido a la contaminación. Mientras, 82 % afirmó que sufría problemas respiratorios, 76 % registró que hay enfermedades en recién nacidos o lactantes. Sin embargo, 40 % dijo no haber tenido inconvenientes de salud derivados de estos eventos.
Los efectos alcanzan también las pertenencias de los pescadores. El 68 % manifestó que su vivienda o enseres domésticos han sido afectados por los derrames, ya que las tormentas empujan restos hacia el interior de las casas y dejan pisos o paredes impregnadas de petróleo.
Esto demuestra “las graves limitaciones del Estado venezolano para cumplir con sus obligaciones de proteger a las personas frente a los impactos ocasionados por terceros”, reza el informe.
“De acuerdo con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, las empresas tienen la responsabilidad de identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas sobre los impactos adversos que sus actividades generan o contribuyen a generar”, recalca el documento.
“Esta población recibe un impacto severo debido al aumento de la pobreza de sus familias”, motivado a la disminución del ingreso familiar por la baja productividad pesquera. Esta misma razón puede afectar su educación y seguridad alimentaria. De paso, el deterioro ambiental los expone a efectos directos de la contaminación petrolera como el daño a la salud de sus padres.
La organización también pide la realización de “investigaciones independientes y transparentes”, de forma periódica y con resultados accesibles al público, sobre los impactos de los derrames, así como las evaluaciones ambientales y epidemiológicas.
Otra de las solicitudes es la aplicación de mecanismos de reparación integral a las comunidades afectadas por las fugas de hidrocarburos, “incluyendo medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, restauración ambiental y garantías de no repetición, de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos”.
Además, advierte que las comunidades pesqueras afectadas deben tener una participación efectiva en la prevención y respuesta a estos eventos, así como un papel en la toma de decisiones relacionadas con la gestión del Lago de Maracaibo.
Por último, Clima 21 recomienda el fortalecimiento del marco regulatorio y la supervisión y fiscalización de las actividades petroleras para que se exija a las empresas garantizar el respeto a los derechos fundamentales y al ambiente.
Caracas / Runrunes


