Luego de una semana de protesta, líderes del grupo de activistas activistas por los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+ anunciaron que, tras la “conquista” de este martes 29 de noviembre, diez personas son las que comenzarán la solicitud de cambio de nombre ante el CNE el próximo miércoles 7 de diciembre.
Vale recordar que desde la semana pasada miembros de varias organizaciones que defienden los derechos de estas personas se habían encadenado frente a la sede de la Defensoría del Pueblo, en Caracas, como una medida de protesta pacífica ante la falta de garantías para esta población del país.
La protesta, que inició el pasado 21 de noviembre, buscaba que el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, intercediera ante los poderes Legislativo, Judicial y Electoral para que apliquen las reformas y propicien cambios en ciertas legislaciones.
Los cuatro activistas lograron acordar con Ruiz a hacer un acompañamiento y verificación de las demandas de los manifestantes.
Koddy Campos, uno de los activistas que se encadenó, dijo al salir de una reunión con diputados que "hoy podemos irnos felices porque ganamos una batalla".
Además, los parlamentarios les prometieron obligar al Consejo Nacional Electoral (CNE) a cumplir la Ley de Registro Civil que contempla el cambio de nombre por razones de género, un derecho asentado en 2009 y que no ha sido respetado por las instituciones.
"En los próximos días vamos a tener unos nombres dignos ajustados a la forma en que vivimos", dijo la abogada Richelle Briceño, que actuó como portavoz de los encadenados durante la última semana.
“En Venezuela tenemos unas 200 personas que necesitan ese cambio de nombre ya”, dijo Angel Martucci, fundador de la ONG Trascendiendo Fronteras y hombre trans.
“Es momento de que el Estado venezolano otorgue la reparación por daños que nos han hecho durante mucho tiempo por no tener una identidad que corresponda con nuestra expresión de género”,
En ese sentido, este lunes 28 de noviembre entregaron una base de datos de personas que quieren cambiar su nombre, según publicó la ONG Caleidoscopio Humano en Twitter.
Agregó que tienen del conocimiento de asesinatos a mujeres trans en el país por el hecho de que expresan su identidad de género abiertamente.
“No queremos que más personas trans se suiciden porque el Estado no los reconoce y dice que su existencia no es pertinente para este gobierno. Necesitamos el reconocimiento de nuestra identidad, no es un capricho, es un derecho humano”, dijo.
En Venezuela, el artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar establece que el funcionario “será penado con prisión de uno a tres años y separación de las Fuerzas Armadas” por cometer actos “que lo afrenten o rebajen su dignidad”.
En la misma también incluye a aquel “que cometa actos sexuales contra natura”. Esta es una parte que es usada, según denuncian los activistas, para condenar las relaciones homosexuales en el ámbito militar. Según el Defensor del Pueblo, la norma data de 1938. Un artículo que buscan los activistas que se derogue.
Además, buscan hacer un llamado de atención al Consejo Nacional Electoral sobre las solicitudes de cambios de nombre y género para personas y que aplique las peticiones según lo establece la ley.
A pesar de que, desde 2009, en Venezuela se estableció la posibilidad del cambio de nombre a través de la modificación del artículo 146 de la Ley Orgánica de Registro Civil, todavía no se ejecutan las medidas.
En 2014 se introdujo ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que permitiría la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Hasta la fecha, se mantiene engavetado.
Años después, en 2020, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que dejaría “la tarea del matrimonio LGBT, a la próxima Asamblea Nacional” que entraría a sesionar en 2021. Hasta la fecha no ha ocurrido.
Según la organización País Plural, los activistas también buscan el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes que están bajo el amparo de familias homoparentales. A pesar de que en 2016 el Tribunal Supremo de Justicia declaró “con lugar” un amparo constitucional sobre el tema.
En él establece que “en los casos de reproducción asistida donde la madre gestacional es una mujer distinta a la biológica, el niño o la niña, tiene el derecho de estar inscrito con los apellidos de sus progenitoras”.
También se reconoció, con una interpretación al artículo 75 de la Constitución Nacional, que las “jefaturas de las familias pueden ejercerlas las familias homoparentales”. En esta misma sentencia se fijó que el Estado venezolano brindará “protección sin distinción” a estas familias.
Caracas / Radio Fe y Alegría Noticias
