Representantes de la empresa familiar Licorería Toma Caña, C.A., con más de dos décadas de operaciones en Puerto La Cruz, denunciaron el cierre de sus instalaciones y la presunta amenaza de confiscación de bienes por parte de la Fundación para el Desarrollo Social de Sotillo (FUNDESO).
Según la denuncia, el organismo habría emitido la Providencia 001, en la que se establece un lapso de 24 horas para desocupar el local comercial, medida que —afirman— fue ejecutada de manera abrupta con el cierre de la santamaría y la presión para retirar mercancía y equipos.
Los afectados señalan que el establecimiento llevaba aproximadamente dos meses sin poder operar, pese a mantener sus obligaciones tributarias al día ante el SENIAT y la propia Alcaldía del municipio Sotillo.
La empresa sostiene que la medida vulnera acuerdos previos de conciliación y decisiones discutidas en mesas de diálogo con autoridades locales, incluyendo compromisos atribuidos al alcalde del municipio, Jesús Marcano. Asimismo, califican la acción como unilateral y sin garantías de debido proceso.
Por su parte, la directiva de Toma Caña afirma que la decisión desconoce su trayectoria comercial y genera incertidumbre sobre la continuidad del negocio, por lo que exigen la intervención de las autoridades municipales, el respeto a los acuerdos establecidos y el cese inmediato de las medidas que consideran arbitrarias.
Puerto La Cruz / Redacción web
