La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela señaló el viernes a siete diputados opositores de haber sido supuestamente comprados por el oficialismo como parte de una operación que buscaría debilitar al bloque opositor para evitar que el líder opositor Juan Guaidó sea reelecto en enero como jefe del Congreso.
Las tensiones dentro del bloque opositor se agitaron luego que la presidencia de la Asamblea Nacional (AN) acusara en un comunicado y en su cuenta de Twitter a los diputados Luis Parra, José Brito, José Gregorio Noriega, Conrado Pérez y Adolfo Superlano y los suplentes Leandro Domínguez y Jesús Gabriel Peña de haber sido captados por el gobierno como parte de una operación que denominaron “Alacrán”.
Sin presentar pruebas, la presidencia del Congreso informó que los siete congresistas “han decidido traicionar la causa de la libertad” y “sucumbir ante la dictadura corrupta con la Operación Alacrán”.
Parra, Brito, Noriega y Pérez fueron suspendidos y expulsados de los partidos opositores Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP), del cual forma parte Guaidó, luego de la difusión a inicios de mes de una investigación del medio digital ArmandoInfo que reportó que unos nueve congresistas habrían mediado a favor de dos empresarios vinculados al gobierno.
De igual forma, los congresistas fueron suspendidos de la Comisión de Contraloría y les abrieron una investigación en el cuerpo legislativo. Algunos de los implicados rechazaron los señalamientos y acusaron a Guaidó de actuar contra ellos por no apoyar su reelección.
Una novedad
A la lista de congresistas cuestionados se sumó el viernes la diputada Kelly Perfecto, una antigua disidente del oficialismo, quien fue expulsada de la organización opositora Movimiento Democracia e Inclusión y acusada por sus dirigentes de haber recibido de miembros del oficialismo 50.000 euros para comprarla.
En medio del escándalo de corrupción, la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y las autoridades aprobaron a inicios de semana el enjuiciamiento de cuatro diputados opositores por los delitos de rebelión y traición a la patria, entre otros, y se dictó una orden de captura contra otros dos congresistas implicados en su supuesto complot, con lo que se elevan a más 25 los opositores sometidos a procesos judiciales en los últimos meses, incluido el jefe del Congreso.
Guaidó, quien ha sido reconocido como presidente interino de Venezuela por más de medio centenar de países, enfrenta los escándalos de corrupción y las divisiones en el bloque de opositor a escasas semanas de que se realice la consulta en la AN el 5 de enero para votar su reelección.
Opositores han acusado al gobierno de recurrir a los enjuiciamientos de diputados y de supuestamente comprar congresistas para “desmantelar” el Congreso y evitar la reelección de Guaidó, quien se ha mostrado confiado de que logrará los votos para seguir a la cabeza del cuerpo legislativo.
Una medida
La mayoría opositora de la AN aprobó esta semana una reforma de su reglamento para lograr que algunos de los diputados procesados, que se encuentran en el exterior o escondidos sin revelar su ubicación, puedan participar de manera virtual en las sesiones y votar. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que controla el gobierno, anuló la víspera la reforma, pero el Congreso ratificó que no acatará la sentencia y que mantendrá vigente la modificación de su reglamento.
Por su parte, algunos dirigentes oficialistas han rechazado las denuncias de compra de opositores y han asegurado que los señalamientos forman parte de una “guerra” entre los sectores adversos al gobierno.
Caracas / AP
