La sección para la participación y reparación de las víctimas (SPVR) de la Secretaría de la Corte Penal Internacional (CPI), informó por escrito a la Fundación El Amparo el acuse de recibo de la solicitud de las víctimas que participaron en los procedimientos de consulta de la Sala de Cuestiones Preliminares Número 1, sobre el requerimiento de opiniones y observaciones que hizo el fiscal de esa instancia judicial, Karim Khan de continuar con la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
El presidente de la Fundación El Amparo y defensor de derechos humanos, Walter Márquez, en nota de prensa, precisó que les informaron la recepción de 94 formularios, que sumando la totalidad de las víctimas alcanza la cifra de 869 ciudadanos que han sufrido crímenes de lesa humanidad en Venezuela por diferentes delitos.
Entre los delitos cometidos por el Estado venezolano que fueron presentados están: la violación de los derechos electorales de los diputados indígenas de Amazonas en el 2015, las protestas populares de los años 2014 y 2017 en el estado Táchira; el intento de ingreso de la ayuda humanitaria en el 2019; el cierre de frontera y las deportaciones forzosas 2015; asesinatos de casos emblemáticos como el del empresario de la localidad de Rubio, Carlos Manuel Tarazona; el caso de colombianos vinculados a un supuesto magnicidio contra el Presidente de la República quienes luego fueron deportados a Colombia por una solicitud humanitaria de Michelle Bachelette; persecución a diputados jubilados de la Asamblea Nacional cometiéndose el crimen de exterminio por falta de alimentos y medicinas; las agresiones a periodistas en medio de su ejercicio profesional; los sucesos del Alto Apure a partir de marzo de 2021; la persecución contra los petroleros en el año 2002; casos de tortura; y los más recientes casos de la destrucción de restaurantes en el Hospital Central de San Cristóbal ocurridos en enero de 2023, la destrucción del restaurante del Terminal de Pasajeros ocurrido en noviembre de 2022, y demás acoso a comerciantes de los que es responsable la Alcaldía de San Cristóbal.
“Fueron más de diez años de trabajo de investigación, de revisión documental, de información que nos permiten ahora que la Corte reciba de manera muy concreta los casos más importantes, más emblemáticos que seleccionamos para enviar a esa instancia internacional ante la falta de justicia nacional. Incluso recientemente la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional nos pidió opinión y remitimos casos que no habían sido incluidos en la consulta de la Sala de Asuntos Preliminares. Es un reconocimiento a un trabajo en equipo de la fundación El Amparo y el reconocimiento a los defensores de los derechos humanos”, expresó Márquez, sobre la notificación.
Detalló el defensor de derechos humanos que cuenta con pruebas de estos casos y un material que fue levantado por un equipo de periodistas, de exfuncionarios policiales, de instructores policiales, arquitectos, psicólogos clínicos. Un trabajo interdisciplinario del que se van a escoger los casos más emblemáticos para que abogados con representación en la Corte Penal Internacional (CPI) asuman el poder de representar a esas víctimas.
Recordó Walter Márquez que la Sala de Apelaciones convocó recientemente para una audiencia pública los días 6 y 7 de noviembre en La Haya para que presente sus alegatos el gobierno de Venezuela; el fiscal ante la CPI, Karim Khan, y los representantes de las víctimas.
“Recientemente la Sala de Apelaciones negó al gobierno venezolano el que presentara alegatos contra el Fiscal, y por eso convocó a la audiencia pública entre las tres partes, lo cual significa que se están acelerando los tiempos en la Corte Penal Internacional, y pronto se debe pasar de la investigación al enjuiciamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, finalizó afirmando el defensor de derechos.
Táchira / La Nación
