La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por cometer crímenes de guerra debido a su participación en los secuestros de niños de Ucrania.
El tribunal dijo en un comunicado que Putin “es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación y traslado ilegal de población (menores de edad) de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa".
También emitió una orden el viernes para el arresto de Maria Alekseyevna Lvova-Belova, Comisionada para los Derechos del Niño en la Oficina del Presidente de la Federación Rusa, por acusaciones similares.
La CPI dijo que su sala de instrucción encontró motivos razonables para creer que cada sospechoso es responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población y transferencia ilegal de población de áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa, en perjuicio de niños ucranianos”.
El jueves, una investigación respaldada por la ONU citó los ataques rusos contra civiles en Ucrania, incluida la tortura y el asesinato sistemáticos en las regiones ocupadas, entre los posibles problemas que equivalen a crímenes de guerra y posiblemente crímenes de lesa humanidad.
La amplia investigación también encontró delitos cometidos contra ucranianos en territorio ruso, incluidos niños ucranianos deportados a quienes se les impidió reunirse con sus familias, un sistema de “filtración” destinado a señalar a Reino Unido.
En su primer informe redactado desde que Rusia inició su ofensiva contra Ucrania, el 24 de febrero de 2022, la Comisión de investigación de la ONU concluye que “las situaciones que examinó respecto al traslado y la deportación de niños, dentro de Ucrania y a la Federación de Rusia respectivamente, violan el derecho internacional humanitario y constituyen un crimen de guerra”.
Vladimir Putin, firmó un decreto en mayo de 2022 para facilitar la concesión de la ciudadanía rusa a algunos menores.
Los investigadores también acusaron al gobierno ruso de haber cometido posibles “crímenes contra la humanidad”.
“La comisión constató que las oleadas de ataques realizados por las fuerzas armadas rusas desde el 10 de octubre de 2022 contra las infraestructuras energéticas ucranianas, y el recurso a la tortura por parte de las autoridades rusas podrían constituir crímenes contra la humanidad”, apuntó, recomendando que se abran investigaciones adicionales.
El grupo descubrió “un esquema de detención ilegal generalizado” en las zonas controladas por las fuerzas armadas rusas, contra varias personas, incluyendo mujeres y niños.
El mes pasado Lesia Zaburanna, diputada de Parlamento ucraniano, denunció que más de 16.000 niños ucranianos han sido deportados a Rusia desde que comenzó la invasión a Ucrania el pasado 24 de febrebro de 2022.
La parlamentaria aseguró que en este periodo otros 350 niños han sido dados por desaparecidos y se ha logrado localizar a un total de 9.510 menores que estaban ilocalizables desde que se inició el conflicto.
Zaburanna dijo que la cifra de menores deportados representa el 20% de los niños de Ucrania y señaló que al menos la mitad fueron seprados de manera forzada de sus padres.
Asimismo, la parlamentaria denunció que los pequeños son forzados a recibir mensajes de propaganda política rusa durante horas, con la intención de idelogizarlos en favor del Kremlin.
“Les cambian el nombre y les lavan el cerebro”, dijo Zaburanna.
“La propaganda es un gran problema para nosotros porque convencen a las personas de ir a Rusia pero después se les imposibilita volver porque les venden una realidad falsa y no les facilitan documentos”, dijo la diputada.
La Haya / Redacción Web
