Obtener una respuesta sobre un documento de varias páginas que se introdujo el pasado 6 de abril, en donde se exigía “la garantía y protección de la progresividad de los derechos laborales de los trabajadores que prestan servicios para el Estado Venezolano”, llevó a una comisión de jubilados y pensionados de la entidad a la Inspectoría del Trabajo Alberto Lovera de Barcelona, la mañana de este martes, pero no logró el objetivo.
Acompañado de representantes de otros sectores de la administración pública, el presidente de la asociación del gremio, Fernando Ávila, señaló que supuestamente no se encontraba la jefa del despacho, por lo que su tiempo de espera se iba a extender por un lapso prudencial, a ver si hacía acto de presencia.
“No queremos pensar mal, que la inspectora del trabajo no nos quiere dar la cara. Si no nos da una respuesta, la vamos a nombrar persona no grata en contra de los trabajadores y pensionados del estado”, expresó.
Acciones
Ávila recordó que la visita a este ente fue la primera actividad que se agendó para esta semana, como antesala a la marcha que acordaron realizar representantes de varios gremios el 1° de mayo, cuando se conmemora el Día Internacional del Trabajador.
“Dependiendo de lo que ocurra hoy, vamos a tomar medidas más drásticas. Tenemos encima el 1° de mayo, cuando van a salir a relucir varias cosas como en contra del gobierno, así que tienen que darnos unas respuestas precisas y concisas”, resaltó.
Entre las exigencias de los jubilados y pensionados, está fijar la pensión en $650 o $700, para que puedan cubrir las necesidades básicas.
Barcelona / Elisa Gómez
