La detención de las enfermeras Karen Peraza, Iliana Castillo y Denilda Luna, quienes laboran en el servicio de Neonatología del hospital universitario Luis Razetti de Barcelona, hizo que sus compañeros y representantes de la sociedad civil manifestaran su descontento este domingo frente al Palacio de Justicia en Barcelona.
Las tres profesionales, señaladas presuntamente de desviar insumos, fueron presentadas ante un tribunal de Control del estado Anzoátegui.
Peraza, Castillo y Luna fueron arrestadas la noche del pasado viernes tras declarar en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Acudieron a la cita de esa institución luego de que el diputado del Consejo Legislativo del estado Anzoátegui (Cleanz), Francisco Ortiz, realizara una inspección en el Razetti.
La presidenta del Colegio de Enfermeras en la entidad, Zuleida Cuiba, estimó que se atropellan los derechos laborales y humanos, pues no es posible que priven de libertad a sus compañeras por intentar ayudar a los pacientes.
“El Gobierno produjo su crisis en la salud y no puede sentar la responsabilidad en las enfermeras que brindan atención con altruismo y vocación. El Estado quiere derivar su irresponsabilidad a los trabajadores de la salud y no lo vamos a permitir”, dijo.
El abogado José Santoyo, dirigente de Vente Venezuela en la entidad, opinó que con el arresto de las tres enfermeras se transgrede el debido proceso y es una clara violación de los derechos humanos de las profesionales.
Refirió que desde hace más de 100 días, los trabajadores de la salud han estado en permanente protesta por la falta de insumos, medicinas y las deplorables condiciones laborales en que se encuentra el principal hospital de Anzoátegui.
Debido proceso
El diputado Francisco Ortiz, presidente de la comisión de política interior, derechos humanos y ordenamiento territorial del Cleanz, recordó que se designó un grupo especial a los fines de tratar los problemas de seguridad en el hospital Luis Razetti.
“Al momento de realizar una inspección en el centro asistencial, y en ejercicio de la acción de contraloria, se detectó la tenencia de materiales e insumos médico quirúrgicos, que debían estar en los depósitos, en los lockers de algunas personas
Ortiz estimó que este hecho es irregular y corresponde a las autoridades determinar las responsabilidades a que hubiere lugar. El debido proceso implica la detención y presentación ante la Jurisdicción Penal con el Ministerio Público, quienes son los entes competentes en esa materia, expresó.
El funcionario aclaró que los diputados y diputadas no tienen potestad alguna para ordenar detenciones.
Barcelona / Yraida Núñez / Redacción
