Aunque la Asamblea Nacional (AN) tenía previsto aprobar en segunda y última discusión la Ley de Amnistía General para los presos políticos este jueves 12, el debate fue suspendido para la próxima sesión a fin de evaluar, en principio, el alcance del artículo 7 de proyecto.
La normativa que frenó el debate legislativo iniciado a las 2:47 pm, plantea que la “amnistía objeto de la ley abarca a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por su presunta o comprobada participación en delitos o faltas cometidos en el marco de los hechos objeto de Amnistía siempre que esté a derecho o se ponga a derecho luego de la entrada en vigencia de esta ley”.
El texto que consta de 13 artículos fue aprobado hasta la disposición número 6.
En los últimos días se realizaron consultas a los poderes públicos, representantes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), jueces de paz, concejales y legisladores regionales, familiares de detenidos -en una reunión de seis horas donde se escucharon cerca de 100 testimonios- y víctimas de la violencia política según explicó el diputado Jorge Arreaza quien también es presidente de la comisión que encabezó las reuniones con los distintos sectores sobre la Ley de Amnistía.
Agregó que hasta la fecha se han recibido 2 mil 700 aportes por escrito “y siguen llegando propuestas” para mejorar el texto.
La dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Iris Varela, intervino para señalar que en los distintos acontecimientos ocurridos en las últimas dos décadas las personas vinculadas a la oposición “no han reconocido los delitos que han cometido”.
“El que lanzó la bomba (el 3 de enero) contra el país fue Estados Unidos. Está bien ¿Pero, quiénes han pedido eso? ¿quiénes han avalado eso? ¿quiénes son los responsables de los muertes que han ocurrido en el país?” apuntó Varela en su intervención.
Por su parte, el dirigente opositor Stalin González indicó la necesidad de “buscar un acuerdo” sobre el texto que fue debatido.
“Han sido demasiados años de dimes y diretes, pero vamos a intentar que este sea un primer paso para resolver muchos pasos en este camino”, dijo González.
Según la redacción del artículo dirigentes que se encuentran en la clandestinidad, en el exilio o fuera del país como María Corina Machado, Leopoldo López o Antonio Ledezma, entre otros podrían se beneficiados o no por la Ley de Amnistía si se ponen a derecho ante las instancias judiciales.
Una de las propuestas fue reformar el artículo 7 agregando que el mismo debía estar en concordancia con los artículos 21 y 49 de la Constitución Bolivariana para dirimir las dudas e interpretación. El primero está referido a la no discriminación e igualdad ante la ley y el segundo consagra el debido proceso a la actuaciones judiciales, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia.
Desde el oficialismo se apuntó que la presencia del imputado es un requisito esencial para que los tribunales puedan conocer y decidir sobre sus peticiones de amnistía.
El diputado Jorge Arreaza indicó que “en aras de mantener el clima necesario de conciliación y consenso” se respaldaba el diferimiento del resto de los artículos del proyecto para evitar caer en “debates innecesarios” y que se pueda aprobar la ley en la próxima sesión de la AN.
La moción fue aprobada por unanimidad de los parlamentarios.
Propuestas de ONG
Otro de los puntos polémicos del texto es el alcance del beneficio que algunas ONG han calificado de “excluyente”.
Según la norma, los sujetos que serán objeto de la amnistía son todas aquellas personas que hayan sido procesadas o condenadas, por la presunta o comprobada comisión de delitos políticos o conexos, desde el 1 de enero de 1999 al 30 de enero de 2026” en el contexto de los siguientes hechos:
La representante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), Andreina Baduel, señaló que en el proyecto de ley hay lapsos que no se han establecido en caso de ser aprobada, entre otros, los casos de 2018, 2020, 2022 y 2023. “De aprobarse esta ley sin escuchar a las víctimas habría más de la mitad de los presos políticos que quedarían en cautiverio”, dijo Baduel.
Este jueves el Clippve emitió un comunicado donde expone los aspectos que considera deben ser modificados para evitar “revictimizar” a los presos y familiares afectados.
“La reciente convocatoria del Programa de Convivencia y Paz para ‘conocer y estudiar’ los casos evidencia una grave irresponsabilidad del Estado, al intentar trasladar a las familias y a las propias víctimas la carga de explicar detenciones arbitrarias que fueron ejecutadas por un sistema de justicia que conoce, o debería conocer, las razones políticas que motivaron dichos encarcelamientos. Estas prácticas no hacen sino incrementar expectativas y prolongar la incertidumbre, en un contexto marcado desde el inicio por irregularidades y denuncias reiteradas”, señala el comunicado.
Tanto el Clippve como Provea consignaron el martes 10 de febrero ante la Comisión Especial para el Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática de la Asamblea Nacional, un documento en la reunión realizada con las víctimas.
“Una amnistía no puede presentarse como un perdón soberano. Quienes deben rendir cuentas y pedir perdón son los responsables de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y persecución política. Las víctimas no pueden ser tratadas como un elemento accesorio: su participación debe ser real, protagónica y vinculante”, puntualizó la ONG.
El Clippve y Provea enumeraron un conjunto de consideraciones para lograr que la amnistía “contribuya verdaderamente a la justicia y la reconciliación”.
Entre estos puntos se señala lo siguiente:
Caracas / Rodolfo Baptista
