Luego de que se cumpliera el plazo máximo de la presidencia encargada en Venezuela, el pasado 3 de julio, el abogado y docente de Derecho Constitucional, Francisco Abad, calificó la situación actual como un estado de "ilegitimidad jurídica real" con severas repercusiones para el futuro de la nación.
A juicio del profesional, la figura de "ausencia forzosa" -dictaminada por la Sala Constitucional tras la captura y posterior extracción del expresidente Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos- carece de sustento en la Constitución.
"La ausencia forzosa es un fraude procesal ideado para congelar los lapsos de la Carta Magna vigente. El texto constitucional sólo prevé lapsos estrictos para las faltas temporales y absolutas, los cuales fenecieron de forma improrrogable el pasado viernes", advirtió.
Abad considera que el derecho en Venezuela ha sido deformado hasta convertirse en una "ideología al servicio de la continuidad fáctica del poder".
"Al cumplirse el lapso de seis meses que la Constitución estipula para la ausencia del presidente, el espíritu de la norma obligaba a declarar la falta absoluta y convocar de inmediato a la soberanía popular a través del voto. Al congelar los plazos bajo un supuesto falso, el régimen interno ha incurrido en un fraude a la nación. Debemos recordar que Venezuela se erige aún como un Estado Constitucional y la violación flagrante de la Carta Magna es un delito de orden público que no prescribe", apuntó.
Ante esta situación de "quiebre institucional", el abogado alertó que esto podría traer consecuencias jurídicas, porque todos los actos emanados del "Ejecutivo espurio" y las sentencias que pretendan convalidarlos adolecen de nulidad absoluta, así como políticas puesto que "se disuelve la ficción de continuidad legal y el país entra en una fase de pretorianismo y capitulación fáctica, donde las decisiones se toman al margen del debate político y ciudadano".
"También tendría consecuencias económicas. La falta de seguridad jurídica real y la ausencia de un gobierno legítimo cierran la puerta a la inversión internacional legítima, aislando aún más al aparato productivo y agudizando la postración de la población. Ante la realidad de control de daños, la vía más expedita jurídicamente para reconducir el país es la conformación de una junta de gobierno de transición que permita restituir el hilo constitucional: un llamado histórico a la ciudadanía y a la comunidad internacional", opinó Abad.
Para finalizar, el profesional del derecho hizo un llamado a las instituciones de los Estados Unidos para que actúen como garantes reales de las libertades democráticas.
"Washington no puede, por pragmatismo geopolítico o conveniencia de facto, convertirse en un patrocinador indirecto de regímenes hegemónicos que subyugan a sus pueblos, ni el reanimador artificial de un Estado fallido como el que hoy padece Venezuela. El destino de nuestra república debe alinearse con la justicia de la ley y no con la convivencia de la fuerza".
Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez
