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Abogado José Amalio Graterol denuncia que el Potro Álvarez tiene una “mafia judicial”

marzo 13, 2026
Para Joel García, penalista y defensor de presos políticos, queda claro que la responsabilidad de detenciones arbitrarias no es solo responsabilidad de un funcionario. También de jueces y fiscales / Foto: El Pitazo

El abogado penalista José Amalio Graterol denunció que el presidente del Instituto Nacional de Hipódromos, Antonio “El Potro” Álvarez, construyó una estructura que influye al sistema de justicia venezolano para perseguir a quienes afectan sus negocios en el mundo de las apuestas.

Como ejemplo señala el caso del abogado Carlos Chacín, quien, según Graterol, descubrió quién estaría realmente detrás de la casa de apuestas online Máster Bets 365. Meses después de esa investigación fue detenido, condenado por corrupción y hoy permanece en prisión en el Cicpc de El Rosal, mientras enfrenta un cáncer que ya habría hecho metástasis.

La investigación sobre una casa de apuestas

José Amalio Graterol, abogado penalista venezolano que se encuentra en el exilio y que fue defensor de la jueza María Lourdes Afiuni, afirma que su colega Carlos Chacín investigó la estructura empresarial detrás de Máster Best 365, una plataforma que ofrece apuestas online.

Según el jurista, al revisar la directiva de la empresa, Chacín detectó que el representante legal registrado era un conductor de transporte público, una persona de escasos recursos que figuraba como propietario de la casa de apuestas virtual.

Chacín estaba convencido de que el chofer sería un presunto prestanombre utilizado para registrar la compañía, explicó Graterol.

Detención cuando ya padecía cáncer

De acuerdo con el relato de Graterol, Carlos Chacín fue detenido en septiembre de 2024, cuando ya tenía diagnosticado un cáncer en la laringe.

Chacín fue acusado del delito de corrupción. Según la acusación, habría utilizado los nombres de Nicolás Maduro Guerra y Delcy Rodríguez para servir como puente en un supuesto negocio entre empresarios de Corea del Sur y miembros del Gobierno venezolano.

Como parte de las pruebas presentadas por las autoridades, se incluyeron fotografías encontradas en el teléfono de Chacín en las que aparece una empresaria coreana junto a Maduro Guerra y Rodríguez, cuando la segunda era ministra de Finanzas. Hoy es la encargada del régimen venezolano.

Chacín admitió los cargos y fue condenado a más de seis años de prisión. Su entorno esperaba que pudiera recibir posteriormente una medida humanitaria debido a su estado de salud.

Sin embargo, según la denuncia de Graterol, el proceso judicial dio un giro inesperado. El abogado afirma que la supuesta estructura vinculada a Álvarez logró que el caso fuera reabierto y que Chacín volviera a ser juzgado en el Tribunal Noveno de Control de Caracas, lo que impidió su excarcelación.

Graterol sostiene que el abogado permanece detenido mientras el cáncer habría hecho metástasis.

Denuncia de control judicial

Según Graterol, la permanencia de Chacín en prisión responde a una orden directa de Antonio “El Potro” Álvarez.

El penalista asegura que el presidente del Instituto Nacional de Hipódromos tendría influencia sobre al menos cuatro fiscalías nacionales, una fiscalía del Área Metropolitana de Caracas, tres tribunales de control, dos tribunales de juicio y una sala de apelaciones.

“La responsabilidad también es de jueces y fiscales”

El abogado penalista Joel García, defensor de dirigentes opositores como Juan Pablo Guanipa, también cuestionó el papel de funcionarios del sistema de justicia en este tipo de procesos.

“Cuando digo que la responsabilidad recae no solo en ese funcionario —refiriéndose al Potro Álvarez—, sino también en los fiscales y jueces que permitieron estas arbitrariedades”, afirmó.

García subrayó que ninguna decisión de este tipo sería posible sin la participación directa de fiscales y jueces.

“Debo recalcar que esto no hubiera sido posible sin la participación de un fiscal del Ministerio Público y de un juez. El Ministerio Público por hacer la acusación, y el juez que admite la acusación y los deja privados de libertad”, explicó.

El abogado agregó que, aunque los funcionarios judiciales suelen argumentar que actúan dentro de sus funciones, eventualmente podrían enfrentar responsabilidades.

“Los jueces y fiscales van a decir que están cumpliendo su función. Pero cuando haya democracia en Venezuela, las familias podrán buscar resarcir este daño”, sostuvo.

García también enfatizó que las decisiones judiciales no pueden desligarse de quienes las ejecutan.
“El Potro pudo hacer lo que le dio la gana, pero lo hizo con un juez y un fiscal que avalaron tal arbitrariedad. Vale la pena decirlo”, concluyó.

Hasta el momento, ni el Instituto Nacional de Hipódromos ni Antonio “El Potro” Álvarez han respondido públicamente a estas acusaciones.

Caracas / TalCual

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