En los primeros 5 meses de 2021, la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) contabilizó 111 mujeres víctimas de Violencia Basada en Género (VBG), y ocho femicidios en el estado Bolívar.
Solo entre abril y mayo 40 mujeres fueron víctimas de violencia de acuerdo con el monitoreo de la organización. Entre ellas, 22 víctimas de violencia física, seis víctimas de violencia sexual, cuatro víctimas de actos lascivos, cuatro víctimas de amenazas a su integridad física, tres feminicidios y un caso de trata de personas.
El sistema continúa permitiendo la perpetración de estos delitos de forma reiterada. En pocos casos las víctimas tienen oportuno acceso a la justicia.
En junio de 2021 se contabilizaron cuatro femicidios, entre estos el de Dorialcey Tocuyo, de 30 años, y Martha Aristizábal, de 37 años, en El Callao, estado Bolívar. Por el asesinato de estas mujeres 20 oenegés hicieron tuitazo para exigir justicia.
Los familiares de Dorialcely Tocuyo pidieron que el alcalde de El Callao, Alberto Hurtado, fuese investigado por su crimen porque días antes de morir, Dorialcely alzó su voz en medio de un disturbio por el caos monetario, y acusó públicamente al alcalde de corrupción y complicidad con las redes de prostitución forzada que operan en el municipio. En su discurso público declaró que si llegaban a matarla, la primera autoridad municipal sería responsable del delito.
El móvil que determinaron las autoridades policiales fue el robo, o el accionar de un grupo armado, por lo tanto no constituye hasta el momento femicidio según la ley venezolana. Sin embargo, Codehciu lo cataloga como femicidio pasivo de acuerdo con estándares internacionales.
Otras mujeres, Claritza Cova, de 45 años, y su hija Alexandra López, de 16, fueron asesinadas por la pareja de Cova el 11 de junio en Chaguaramas, municipio Padre Pedro Chien.
A finales de mes se registró el femicidio de una niña de cuatro años, Leilly Gil, en Gran Sabana, a manos de un indígena pemón del sector apodado “el monstruo de Ikabarú”. El caso fue llevado a tribunales, aunque en un principio los indígenas evaluaron aplicar la ley de la comunidad.
El municipio Caroní, donde ocurrieron 21 casos de violencia de género contabilizados por Codehciu, continúa siendo la entidad en la que más se reportan estos delitos, especialmente porque es el municipio más poblado de Bolívar y tiene más incidencia de la prensa local para reseñar los casos.
Solo en el primer trimestre de 2021, en Bolívar se reportó 63% del total de los casos de violencia, es decir, hubo 71 víctimas de VBG en este período, cinco de estas, víctimas de femicidio.
Uno de los casos que más conmovió a la opinión pública en este primer período fue el asesinato de tres mujeres en menos de 48 horas, entre el 14 y 15 de marzo: Alyamil Torres, de 26 años, quien fue asesinada por su primo y dos compañeros más en Ciudad Piar, municipio Angostura, Milanyela Carvajal, joven de 22 años y madre de un niño de cinco años, asesinada por su expareja en un sector minero de El Dorado, municipio Sifontes, y una niña de 13 años que fue encontrada en un baño del parque Cachamay, en Caroní. Este último caso no ha sido esclarecido por completo, y no está claro si se trata de un femicidio.
De acuerdo con la Ley Orgánica sobre el derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, el femicidio es “la forma extrema de violencia de género, causada por odio o desprecio a su condición de mujer, que degenera en su muerte, producidas tanto en el ámbito público como privado”.
Codehciu exhorta al Estado a ejecutar acciones destinadas a eliminar la violencia basada en género en el país. Pues los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres deben ser garantizados.
La violencia contra la mujer aparte de ser delito, es un problema de salud pública que puede prevenirse y debe abordarse con enfoque en las víctimas y sobrevivientes.
El movimiento feminista #YoTeCreoVnzla plantea pensar la justicia más allá de lo penal, es decir, abrir espacios para el debate interno y externo en la sociedad, que permita analizar la violencia contra la mujer desde las estructuras de poder que acepten que ocurra de forma reiterada. Expone que solo así se puede prevenir la violencia en todos los espacios sociales.
Puerto Ordaz / Laura Clisánchez / Correo del Caroní
