El presidente del Colegio de Profesionales de la Enfermería de Nueva Esparta, Joel Graterol, alzó su voz desde Porlamar, municipio Mariño, para denunciar la precariedad que atraviesa el sector salud en la región. Enfatizó que, aunque la prioridad actual es la defensa de un salario digno, es urgente detener la "judicialización" de la atención sanitaria, una práctica que asegura está afectando sistemáticamente a los enfermeros en el ejercicio de sus funciones.
Graterol hizo un llamado directo a las autoridades de salud, tanto regionales como nacionales, para que revisen de inmediato los casos de profesionales que han sido despedidos o que se encuentran en un "limbo administrativo". El dirigente gremial solicitó que estos trabajadores sean reincorporados a sus puestos de trabajo sin demora, especialmente en el marco del proceso de diálogo social y transformación que vive actualmente el país.
En su diagnóstico del sistema público, el representante gremial subrayó la necesidad de una revisión profunda que garantice los pilares fundamentales de la salud como la promoción, prevención, curación y rehabilitación. Según Graterol, alcanzar estos objetivos es imposible sin asegurar condiciones de trabajo óptimas para el personal, quienes hoy enfrentan múltiples carencias para poder asistir adecuadamente a los usuarios.
Graterol expresó su firme rechazo a la denominada "constituyente laboral" impulsada por sectores patronales, argumentando que este mecanismo excluye a las representaciones legalmente constituidas.
El gremialista defendió la necesidad de mantener una postura neutral, alejada de ideologías políticas, para enfocarse estrictamente en la defensa de los derechos laborales establecidos en la Constitución y las leyes del trabajo.
El vocero insistió en que cualquier reforma o vía de solución debe canalizarse a través de asambleas por sectores, donde cada trabajador pueda presentar sus exigencias de acuerdo con su competencia. Advirtió que la crisis económica y la escasez salarial no solo castigan al personal de enfermería, sino que trasladan el costo de la salud directamente a las familias venezolanas, agravando la situación social.
Nueva Esparta / Mario Guillén Montero
