La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (CLIPPVE) exigió este lunes a Colombia que asuma "un papel activo" en la "búsqueda y protección" de sus connacionales Emilio Gutiérrez -empleado de la familia de la líder opositora María Corina Machado- y de su hijo Reinaldo Gutiérrez, desaparecidos el pasado 26 de octubre en el estado Miranda (norte, cercano a Caracas).
El CLIPPVE aseguró que Emilio Gutiérrez cuidaba desde hace 20 años una casa de campo de Corina Parisca, la madre de Machado, por lo que la ONG afirmó que existe el "temor" de que la desaparición de ambos esté "vinculada a motivos políticos o de retaliación".
"Emilio trabajaba desde hace más de 20 años cuidando una casa de campo de la familia Machado Parisca, mientras su hijo lo visitaba desde Colombia. Ninguno tenía actividad política", subrayó la organización no gubernamental en sus redes sociales.
Según la ONG, ambos desaparecieron en Miranda cuando se dirigían hacia la localidad de El Junquito (cercana a Caracas) "a bordo de un Jeep amarillo placas DBI-69P, del cual tampoco se tiene rastro", mientras que "sus teléfonos están apagados".
"La familia ha acudido sin éxito a distintas instituciones en Venezuela y Colombia: han denunciado ante el CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) en Caracas, la Cancillería colombiana, la Defensoría del Pueblo de Colombia, y han buscado en hospitales y morgues (de Venezuela) sin recibir respuesta alguna", advirtió la ONG.
A su juicio, este caso "reúne todos los elementos de una desaparición forzada, violando la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal".
Por tanto, exigió que se garantice la vida, libertad e integridad física y psicológica de Emilio Gutiérrez y de su hijo, así como su "aparición con vida, inmediata y verificable".
El pasado lunes, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) advirtió sobre el aumento de las detenciones en Venezuela "sin información pública suficiente" de los casos, lo que consideró como un "escenario de inseguridad jurídica y angustia prolongada".
La organización Foro Penal contabiliza en Venezuela 884 presos políticos, de los cuales 85 tienen otra ciudadanía o doble nacionalidad, según un boletín difundido este sábado, que tiene como fecha de corte el 3 de noviembre.
Tanto el presidente Nicolás Maduro como el fiscal general, Tarek William Saab, niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que -aseguran- cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores.
Caracas / EFE
