“La cárcel hace un daño terrible y deja una huella imborrable en los muchachos y adultos detenidos que nunca en su vida olvidarán, por eso es que el daño causado a las personas es irreparable y por lo tanto es importante hablarlo, discutirlo y tratarlo”.
Así se refirió Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), a las detenciones en el contexto de las manifestaciones postelectorales, durante el taller “Lo legal de lo ilegal de la justicia venezolana”, realizado en la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), el lunes 30 de septiembre.
Prado criticó que dos meses después de las detenciones, todavía hay privados de libertad que no han podido ver a sus familiares o comunicarse con ellos. “El Código Orgánico Penitenciario (COP) establece que lo relacionado con las visitas estará contenido en el reglamento del presente Código. Sin embargo, el COP, aprobado en 2015 y reformado en 2021, todavía no tiene reglamento y queda a criterio de los que tienen a estas personas bajo su custodia”.
Igualmente, destacó que a los detenidos les niegan el derecho a tener su abogado de confianza y los instan a que asuman los hechos de terrorismo, con la asistencia de un defensor público que sigue instrucciones del régimen, aún siendo inocentes. Según considera Prado, es importante insistir en la defensa de los detenidos arbitrariamente, quienes deben ser liberados de inmediato y sin restricciones, aunado a que estos antecedentes deben ser borrados porque los condena de por vida a nivel nacional e internacional.
El taller contó con la presencia de Juan Carlos Aptiz, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la UCV, la abogada Daniela Suárez y el abogado Joel García.
García agregó que los detenidos en el contexto electoral no enfrentan un problema jurídico sino político, ya que el gobierno de Nicolás Maduro le atribuye un delito a cualquier persona y no le permite “lo mínimo” que es su derecho a la defensa.
“Actualmente nadie tiene derecho a acceder a un abogado de su confianza. Tenemos una gran cantidad de adolescentes detenidos, que si bien es cierto pueden cometer delitos, los procesos de los adolescentes son distintos a los procesos de los adultos. La Lopnna establece que esos procesos no son de tipo punitivo sino más bien restaurativos y hasta educativos, porque el adolescente tiene que estar acompañado de sus padres y representantes en esos procesos y en este caso a los padres o representantes no le han permitido estar en ese proceso educativos y restaurativos”, explicó.
El profesor universitario sostuvo que Venezuela se encuentra en su momento más oscuro, porque no hay justicia “por ningún lado”. Detalló que a pesar de que en el país siempre se han registrado casos de persecución, detenciones arbitrarias, represión y violaciones al debido proceso es grave que en la actualidad no se permita a los privados de libertad que puedan tener acceso a su defensor de confianza.
“No hace falta cometer delito para estar preso en Venezuela, no hace falta una orden de aprehensión de un tribunal, basta con decir ‘operación tuntún’. En Venezuela estamos en el momento más oscuro, no hay justicia por ningún lado. Estamos en una situación gravísima, nunca antes el país había atravesado una situación como la de ahora”.
Después de las elecciones presidenciales se generaron protestas en el país, en rechazo a la promulgación de Nicolás Maduro como presidente, y los cuerpos de seguridad del Estado detuvieron a jóvenes y adolescentes, que según Maduro pasaban de 2000 personas aprehendidas una semana después de los comicios.
De acuerdo con las cifras de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela hay 158 adolescentes detenidos, 130 hombres y 28 mujeres. La mayoría de los detenidos fueron imputados por los delitos de terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir, y además se registran casos de privados de libertad que no han podido recibir la visita de sus familiares.
Caracas / El Impulso
