Ciudadanos de Venezuela, Colombia y Perú concentraron el 78% de las solicitudes de asilo registradas en España durante el pasado año por la Oficina de Asilo y Refugio, cuyo total ascendió a 163.218, un 37 % más que el año anterior y la mayor cifra registrada desde que se creó el órgano, en 1992.
Según datos provisionales cerrados a 31 de diciembre y publicados este jueves por el Ministerio del Interior español, la Oficina de Asilo y Refugio de dicho Ministerio recibió 163.218 solicitudes de protección internacional en 2023, una cifra que sitúa a España como el tercer país receptor de protección internacional en la Unión Europea.
Tres países latinoamericanos concentraron el 78,6 % de los expedientes registrados: Venezuela, con 60.534 peticiones, supone el 37 % del total, y le siguen Colombia, con 53.564 solicitudes, y Perú, con 14.306.
Por lugar de recepción, la Comunidad de Madrid encabeza la lista con más solicitudes, con 52.684, seguida por Andalucía (25.948) y Cataluña (14.775).
Interior resolvió en este año pasado un total de 92.963 expedientes de protección internacional, lo que supone un incremento del 1,8 % respecto al año anterior.
Concedidos 7.521 estatutos de refugiado, máximo histórico
En ese periodo se concedieron 7.521 estatutos de refugiado, cifra también récord hasta la fecha y que supone un 26,5 % de todos los otorgados por la Oficina de Asilo y Refugio desde 2012.
Las nacionalidades a las que más se les concedió fueron las de Afganistán, Siria, Nicaragua, Colombia y Honduras.
En 2023 se tramitó la protección subsidiaria para 3.850 personas, principalmente procedentes de Mali, y a 41.478 ciudadanos, en su mayor parte venezolanos, se les concedió el permiso de residencia y trabajo por razones humanitarias.
Según estas cifras, la tasa de reconocimiento del estatuto de refugiado y de protección subsidiaria se sitúa en un 12,23 % y la de protección internacional, en un 56,85 %.
Según el Ministerio del Interior, su Oficina de Asilo y Refugio concedió en 2023 el régimen de protección temporal a 33.928 personas, lo que eleva a casi 195.000 el número de ciudadanos desplazados por la invasión de Rusia a Ucrania que están amparados por esta figura en España.
El Gobierno español puso en marcha este procedimiento de urgencia en marzo de 2022, días después del estallido de la guerra.
A lo largo de este año que acaba de terminar también se presentaron 953 solicitudes para el reconocimiento del estatuto de apátrida y se resolvieron 1.022 expedientes relativos a este procedimiento, dirigido a identificar a las personas que no son consideradas como nacionales por ningún Estado y manifiestan carecer de nacionalidad.
Madrid / EFE
