Un silencioso, pero dañino impacto han dejado los maltratos verbales y psicológicos que reciben, recurrentemente, las mujeres que son familiares de reclusos relacionados con casos de presuntas detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales por parte de funcionarios de seguridad.
Así lo aseguró la coordinadora general de la Fundación de Derechos Humanos del estado Anzoátegui, Milagros Carmona.
La abogada expresó que las llamadas “víctimas indirectas" suelen acudir a las oficinas de la institución, no sólo para colocar las denuncias sobre hechos arbitrarios, sino también para dejar en evidencia los malos tratos que reciben durante las visitas a sus parientes y en el proceso de averiguación de los casos. Acotó que aunque este tipo de situaciones son las menos mencionadas como violencia a la mujer, son las más recurrentes en el país y más allá de sus fronteras.
Carmona manifestó que en numerosas oportunidades han tenido que solicitar a otras organizaciones que presten apoyo psicológico a las afectadas que, en la mayoría de los casos, han perdido familiares a manos de la policía. También para que elevan informes a la Organización de las Naciones Unidas.
“Como consecuencia del maltrato verbal que reciben las mujeres, madres, hermanas, hijas y esposas de las víctimas directas de detenciones arbitrarias y de ejecuciones extrajudiciales, terminan abandonando los casos, desisten de ejercer el derecho a la justicia ante el psicoterror que les siembran los funcionarios de seguridad, en lugar de prestarles el apoyo en sus procesos”, afirmó la especialista en Derecho, quien tiene 20 años en la Fundación.
Agregó que el retardo procesal en el país es otra de las razones por las cuales los familiares terminan tirando la toalla.
Señaló que en los centros policiales también se vive este tipo de hechos como medida de presión para que declaren o como castigo. Enfatizó que esa práctica es repetitiva en esos lugares cuando es una violación a la integridad de los procesados, tanto hombres como mujeres.
Detalló que las agresiones a los recluidos trascienden de las palabras denigrantes a los golpes, vulnerando los derechos humanos de cada persona.
Barcelona / Milena Pérez
