Las grandes empresas tecnológicas deberán pagar multas cuantiosas en la Unión Europea (UE) y Gran Bretaña (GB) si practican una competencia desleal o si se abstienen de proteger a los usuarios en sus plataformas, según iniciativas de regulaciones develadas el martes por las autoridades en Bruselas y Londres.
La UE presentó su largamente esperada reforma amplia a la normativa digital mientras el gobierno británico publicaba su propio plan para evitar la propagación de contenidos nocivos en línea, indicio que ha comenzado una nueva de la regulación de negocios tecnológicos en Europa.
Ambas normativas incluyen medidas específicas orientadas a las más grandes compañías. La UE desea fijar protocolos para evitar que los gigantes digitales actúen injustamente. La idea es evitar futuras transgresiones y no tanto castigar malas conductas una que ya ocurrieron, como lo ha hecho hasta ahora.
Por ejemplo, de ahora en adelante las empresas no le podrán impedir a un usuario quitar un software o una aplicación a su dispositivo digital y no podrán usar datos de usuarios para competir en su contra.
Las nuevas normas contemplan multas de hasta 10% de los ingresos anuales de una empresa. Además, fijan tres criterios para definir una potencia digital: aquellas compañías que en los últimos tres años hayan obtenido por lo menos 6.500 millones de euros en Europa; o que tengan un valor de mercado de al menos 65.000 millones de euros y por lo menos 45 millones de usuarios mensuales; o las que tengan por lo menos 10.000 usuarios corporativos al año.
Reglamenta
Otro capítulo del nuevo reglamento de la UE actualiza las normas para el comercio electrónico a fin de obligar a las plataformas a asumir más responsabilidad por los bienes y servicios que venden. Ello implica identificar a los vendedores para poder detectar actos ilícitos, más transparencia hacia el usuario en cuanto cómo los algoritmos están creando recomendaciones, o borrar rápidamente contenido ilegal como la retórica racista. Las transgresiones serán multadas con hasta el 6% de los ingresos anuales.
Las propuestas buscan “garantizar que nosotros -como usuarios, clientes, negocios- tengamos acceso a una gran cantidad de productos y servicios en línea, al igual que ocurre en el mundo real”, declaró la vicepresidenta de la UE a cargo de asuntos digitales, Margrethe Vestager.
Ello permitirá que los negocios europeos “pueden competir en condiciones de equidad y justicia en internet”, agregó Vestager en conferencia de prensa en Bruselas.
En Gran Bretaña, las redes sociales y otras compañías en línea enfrentan multas enormes si no retiran contenido dañino, como abuso sexual de menores o propaganda terrorista, y protegen a los usuarios en sus plataformas.
Bajo las propuestas parlamentarias que GB anticipa lanzar el año entrante, las compañías tecnológicas que permitan que las personas publiquen su propio material o hablen con otras personas en línea podrían recibir multas de hasta 18 millones de libras (24 millones de dólares) o 10% de sus ingresos anuales, la que sea más alta, si no cumplen con las normas.
Las propuestas tendrán cláusulas particulares para las compañías tecnológicas con “características de mayor riesgo”, una probable referencia a Facebook, TikTok, Instagram y Twitter.
Instituciones
Estas compañías deberán atenerse a ciertos requisitos para evaluar si hay “un riesgo previsible” de que sus contenidos causarán “daño físico o psicológico significativo a adultos”, como por ejemplo información falsa sobre la vacuna del coronavirus. Tendrán que aclarar qué está permitido y cómo será publicado.
Todas las empresas tendrán que tomar medidas adicionales para proteger a los menores de edad que usen sus plataformas. Las nuevas normas abarcarán a toda empresa cuyos servicios en internet sean accesibles en GB y las que incumplan las reglas serán bloqueadas.
El gobierno británico también se reserva el derecho de imponer sanciones penales a los ejecutivos de las empresas, con poderes que podría usar mediante nuevas leyes si las compañías no se atañen a las nuevas condiciones, por ejemplo, si no responden a la brevedad a solicitudes de información por parte de agencias reguladoras.
Londres / Kelvin Chan / AP
