Ni el lavado de cara que el chavismo ha intentado de vender bajo la fachada de la «recuperación económica» evita que las promesas se las lleve el viento, pues millones de trabajadores de la administración pública siguen a la espera de un aumento salarial que el Gobierno asomó hace un mes.
Este martes 14 de febrero se cumple un mes, exactamente 31 días, desde que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asegurase que en «pocas horas» el gobierno de Nicolás Maduro anunciaría una decisión sobre el salario mínimo.
«Yo puedo asegurarles que en pocas horas van a saber de nuestro Presidente, se los puedo asegurar. Con mucha paciencia, con mucha sabiduría para no romper equilibrios, sino recuperar los equilibrios con los que la derecha extremista sometió a nuestro pueblo en los últimos meses del año», afirmó delante de militantes del chavismo que participaron en una marcha de educadores, una de las profesiones más afectadas por la política salarial del Gobierno.
Parece que para el Gobierno, las 744 horas acumuladas desde esas declaraciones son «pocas», incluso a pesar de la presión ejercida por los profesores universitarios y docentes, que se intensificó este mes con múltiples protestas y movilizaciones de calle en todo el país.
El Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesein) registró 178 protestas durante enero de 2023, de las cuales un 88% se relacionó con reclamos por bajos salarios.
Específicamente desde el sector universitario, el Monitor del Observatorio de Universidades (OBU) contabilizó 39 manifestaciones solo durante enero, lo que representa la mitad del total de protestas reportadas en todo 2022.
El descontento social es evidente en las constantes acciones de calle que han presionado al Gobierno a dar respuestas, no solo con las declaraciones de Rodríguez, sino con argumentos empleados por el propio Nicolás Maduro para justificar su inacción, al insistir que las sanciones impiden financiar un aumento y que Venezuela se encontraba en un «parto sostenido».
«Defenderemos el ingreso de mil maneras ¿Pariendo recursos? Pariremos ¿Produciendo? Produciremos. Más temprano que tarde pasaremos de esta fase de parto y de resistencia a una fase de mejoría sostenida, sostenible, de los ingresos integrales de la clase obrera y los trabajadores», afirmaba durante el acto de clausura del IV congreso de la clase obrera, tres días después de que Rodríguez mencionara las «pocas horas» para el anuncio salarial.
El Gobierno que se autodenomina «obrero» representa la principal traba para decretar un ajuste de salario, pues se mostró inflexible a llegar a un acuerdo al respecto incluso ante la presencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el tercer Foro de Diálogo Social llevado a cabo en la última semana de enero.
Pese a que el objetivo de esta instancia no era fijar un salario, sino instalar mesas técnicas que permitieran crear una fórmula para definir el salario, las organizaciones sindicales presentes insistieron en la necesidad de ajustar cuanto antes, a lo que la representación del chavismo encabezada por Francisco Torrealba, se negó.
«El Gobierno no nos ha propuesto en el Foro de Diálogo Social montos y fecha de un aumento salarial, a pesar de nuestra insistencia. Lamentamos que se haya perdido una ocasión de mejorar el paupérrimo salario mínimo que recibe la mayoría de los trabajadores», reza un comunicado publicado por organizaciones sindicales tras la culminación del foro.
Incluso los empleadores privados, representados por Fedecámaras, coincidieron en la necesidad de incrementar los salarios, puesto que el poder adquisitivo de los ciudadanos es necesario para incrementar el consumo y activar la economía.
«Para Fedecámaras, el principal problema económico es la insuficiencia del ingreso de los trabajadores y de las familias venezolanas. Es impostergable la adopción de una decisión sobre el tema salarial, no de manera aislada, sino como una política salarial que de sostenibilidad al salario y mantenga su poder adquisitivo», destacó Fedecámaras en un comunicado previo al Foro de Diálogo Social, instancia en la que esperaba que se discutiera el tema.
La dilación en la decisión sobre el salario impone un peso para los trabajadores, ya que con el pasar de los días, este monto pierde su valor.
Al momento en el que Rodríguez intentó calmar las aguas afirmando que la decisión se tomaría en «pocas horas», el salario de Bs 130 equivalía a $6,7. Un mes más tarde, corresponde a $5,2.
En el transcurso del último mes, el dólar oficial establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV) se deslizó un 28,6% al pasar de Bs 19,27 a Bs 24,25 por divisa estadounidense.
Conforme pase el tiempo, el bolívar seguirá perdiendo su valor frente al dólar, por lo que las expectativas para los trabajadores consisten en seguir perdiendo poder adquisitivo mientras el Gobierno sigue contemplando qué hacer.
Caracas / TalCual
